Panamá: crisis moral e institucional
"... Ninguna piedad, ni ninguna virtud, ni ninguna libertad puede florecer en una comunidad en donde la educación de la juventud es descuidada. En nuestras repúblicas nos interesamos vivamente por la pureza del sufragio universal... pero más que sufragio universal lo que necesitamos en nuestras democracias es educación universal... Una verdadera educación es el despertar del amor por la verdad, el adquirir el justo sentido del deber, el abrir los ojos del alma al gran propósito y al fin de la vida..." ["De los derechos del ciudadano y de sus grandes virtudes en nuestras democracias" Belisario Porras-1932].
Identificar los principales signos que acusan una crisis de valores en Panamá, con miras a precisar los grandes desafíos que se deben asumir en los procesos de instauración de una ética ciudadana, es una tarea que urge.
La sociedad panameña actual atraviesa -no hay duda- una angustiosa crisis estructural. La multiple y compleja realidad social, observa Alfredo Castillero Calvo: "se nos oculta sobre todo porque no sabemos reconocer lo obvio, identificar lo que muchas veces salta a la vista y que por estar demasiado cerca de los ojos no podemos ver. Son esas cosas que por demasiado sabidas ignoramos y que por ignorarse acabamos olvidando".
En efecto, vivimos una angustiosa contradicción que se traduce en una inseguridad permanente y creciente como espectadores de un pasado que no es nuestro, de un presente que se nos escapa y de un futuro que creemos perdido. Los miedos, las esperanzas y las ilusiones producen una extraña mezcla: no sabemos que hemos sido, no queremos saber que somos, no podemos decidir que seremos. Tal vez nuestra principal crisis de valores radica en el hecho de que en el marco de la identificación de nuestra sociedad, los conceptos de libertad, política y democracia, aun cuando definen nuestro horizonte mental, cada día estamos menos seguros de conocer su sentido y efectividad real. Nuestra adhesión a esos valores heredados es cada vez menos producto de una reflexión colectiva.
Los valores juegan un papel fundamental, no sólo en los cambios y definición de la identidad. También juegan un papel decisivo en las particularidades de la crisis moral e institucional de cualquier sociedad. En nuestro Panamá -históricamente- los factores reales de poder a través de y desde las cúpulas de los partidos políticos, han usurpado -de una u otra forma- los intereses y aspiraciones del pueblo panameño. De ahí que nuestra crisis moral e institucional, que es también una crisis de identidad, esté íntimamente unida a nuestro ordenamiento político y nuestro sistema gubernamental. Un sistema que se ha caracterizado por no querer basarse en el sentido del deber ser, la responsabilidad, los principios, los valores que guíen a las autoridades ya los ciudadanos. Y ello -de manera más enfática, a partir de la dictadura iniciada en 1968, en que los gobernantes iniciaron la práctica de no dar fundamentos de sus actos y no pudieron dar muestras de por qué los mismos eran deseables.
La sociedad panameña, súbitamente asistió al desastroso espectáculo que secuestró todos los valores cuyo desarrollo institucional emergente nos permitirían hacer posible la convivencia en una sociedad, pero no de cualquier manera, no substituyendo la voluntad general por al voluntad del general, sino sobre la base de la equidad, la libertad, la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo. Ello nos arrojó dentro de una vorágine de desinstitucionalización de la cual aun no nos reponemos. Prueba de ello lo es el hecho de que el concepto de ciudadanía, así como el de institucionalismo, continúan siendo objeto en nuestro medio de las más extremas manipulaciones y los peores abusos. La ciudadanía no es vista como el modo de pertenencia de los individuos a la comunidad política, mientras que lo institucional está cada vez más ausente de nuestro recorrido como sociedad.
Basta citar, como ejemplo inmediato de lo anterior, lo acontecido recientemente en el hemiciclo legislativo, convertido en tribuna del fundamentalismo local en un abierto abuso y en un profundo irrespeto a las instituciones republicanas.
La crisis moral e institucional en la sociedad panameña es, ante todo, una verdadera crisis de ciudadanía, una crisis de la política y de lo político que nos muestra cuanto hemos olvidado educar, educar para la ética y educar para la política. La ética para lograr mejores personas y la política para lograr mejores instituciones.
Hoy siguen existiendo muchas oficinas gubernamentales que se pueden privatizar. Nuestro sector público sigue siendo esclerótico por su excesiva burocracia.
No se logra la competencia ni el esfuerzo individual en ausencia de la información transmitida por los precios o si el salario que recibe no tiene relación con sus logros.
Al mercado se le permite ejercer los deberes que llamamos comerciales y los impuestos que pagan dan de comer al sector público.
Debemos seguir avanzando.
El principio común de toda innovación debe ser que los clientes deben tener el derecho a escoger lo que más les conviene entre diferentes oferentes, no ante un solo monopolio público.
Se han cometido errores. La privatización de los ferrocarriles británicos se hizo como lo estipuló la Comisión Europea, con un mínimo de competencia.
Las privatizaciones en Rusia y gran parte de América Latina han sido un reparto entre los compinches de los poderosos. Pero hoy en día ya nadie en su sano juicio cree en los monopolios gubernamentales.
(*) Director general de Institute of Economic Affairs, Londres.www.aipenet.com
Identificar los principales signos que acusan una crisis de valores en Panamá, con miras a precisar los grandes desafíos que se deben asumir en los procesos de instauración de una ética ciudadana, es una tarea que urge.
La sociedad panameña actual atraviesa -no hay duda- una angustiosa crisis estructural. La multiple y compleja realidad social, observa Alfredo Castillero Calvo: "se nos oculta sobre todo porque no sabemos reconocer lo obvio, identificar lo que muchas veces salta a la vista y que por estar demasiado cerca de los ojos no podemos ver. Son esas cosas que por demasiado sabidas ignoramos y que por ignorarse acabamos olvidando".
En efecto, vivimos una angustiosa contradicción que se traduce en una inseguridad permanente y creciente como espectadores de un pasado que no es nuestro, de un presente que se nos escapa y de un futuro que creemos perdido. Los miedos, las esperanzas y las ilusiones producen una extraña mezcla: no sabemos que hemos sido, no queremos saber que somos, no podemos decidir que seremos. Tal vez nuestra principal crisis de valores radica en el hecho de que en el marco de la identificación de nuestra sociedad, los conceptos de libertad, política y democracia, aun cuando definen nuestro horizonte mental, cada día estamos menos seguros de conocer su sentido y efectividad real. Nuestra adhesión a esos valores heredados es cada vez menos producto de una reflexión colectiva.
Los valores juegan un papel fundamental, no sólo en los cambios y definición de la identidad. También juegan un papel decisivo en las particularidades de la crisis moral e institucional de cualquier sociedad. En nuestro Panamá -históricamente- los factores reales de poder a través de y desde las cúpulas de los partidos políticos, han usurpado -de una u otra forma- los intereses y aspiraciones del pueblo panameño. De ahí que nuestra crisis moral e institucional, que es también una crisis de identidad, esté íntimamente unida a nuestro ordenamiento político y nuestro sistema gubernamental. Un sistema que se ha caracterizado por no querer basarse en el sentido del deber ser, la responsabilidad, los principios, los valores que guíen a las autoridades ya los ciudadanos. Y ello -de manera más enfática, a partir de la dictadura iniciada en 1968, en que los gobernantes iniciaron la práctica de no dar fundamentos de sus actos y no pudieron dar muestras de por qué los mismos eran deseables.
La sociedad panameña, súbitamente asistió al desastroso espectáculo que secuestró todos los valores cuyo desarrollo institucional emergente nos permitirían hacer posible la convivencia en una sociedad, pero no de cualquier manera, no substituyendo la voluntad general por al voluntad del general, sino sobre la base de la equidad, la libertad, la solidaridad, la justicia, la dignidad del trabajo. Ello nos arrojó dentro de una vorágine de desinstitucionalización de la cual aun no nos reponemos. Prueba de ello lo es el hecho de que el concepto de ciudadanía, así como el de institucionalismo, continúan siendo objeto en nuestro medio de las más extremas manipulaciones y los peores abusos. La ciudadanía no es vista como el modo de pertenencia de los individuos a la comunidad política, mientras que lo institucional está cada vez más ausente de nuestro recorrido como sociedad.
Basta citar, como ejemplo inmediato de lo anterior, lo acontecido recientemente en el hemiciclo legislativo, convertido en tribuna del fundamentalismo local en un abierto abuso y en un profundo irrespeto a las instituciones republicanas.
La crisis moral e institucional en la sociedad panameña es, ante todo, una verdadera crisis de ciudadanía, una crisis de la política y de lo político que nos muestra cuanto hemos olvidado educar, educar para la ética y educar para la política. La ética para lograr mejores personas y la política para lograr mejores instituciones.
Hoy siguen existiendo muchas oficinas gubernamentales que se pueden privatizar. Nuestro sector público sigue siendo esclerótico por su excesiva burocracia.
No se logra la competencia ni el esfuerzo individual en ausencia de la información transmitida por los precios o si el salario que recibe no tiene relación con sus logros.
Al mercado se le permite ejercer los deberes que llamamos comerciales y los impuestos que pagan dan de comer al sector público.
Debemos seguir avanzando.
El principio común de toda innovación debe ser que los clientes deben tener el derecho a escoger lo que más les conviene entre diferentes oferentes, no ante un solo monopolio público.
Se han cometido errores. La privatización de los ferrocarriles británicos se hizo como lo estipuló la Comisión Europea, con un mínimo de competencia.
Las privatizaciones en Rusia y gran parte de América Latina han sido un reparto entre los compinches de los poderosos. Pero hoy en día ya nadie en su sano juicio cree en los monopolios gubernamentales.
(*) Director general de Institute of Economic Affairs, Londres.www.aipenet.com
