¿Panamá, cuándo?
Uno de los diputados costarricenses exclamó: "Ahora este país deja atrás una historia de 100 años de centralismo estatal." El 25 de octubre recién pasado, el Congreso de Costa Rica aprobó por unanimidad una reforma al artículo 170 de la Constitución Política, que permitirá la transferencia del 10% de los ingresos ordinarios del gobierno a los municipios. Claro, que una reforma constitucional en ese país requiere un trámite que, de ser positivo, se concretizaría en el año 2003.
"Hasta Stalin hubiese deseado gobernar en Costa Rica. Somos uno de los países más centralizados del planeta, en otros países -especialmente en Europa- los gobiernos cuentan con el 30% del presupuesto" , declaró el precandidato presidencial Rolando Araya, quien agregó que los ayuntamientos en ese país deberían tener al menos la mitad del presupuesto nacional, como ocurre en los países desarrollados, pero que el 10% aprobado constituía un primer paso y una de las decisiones políticas más importantes de los últimos tiempos. La aprobación del 10%, se implementará paulatinamente a razón de un aumento del 1,5 anual por siete años hasta completar el monto total anual. La distribución de los fondos -según el diario tico La Nación- será reglamentado por una ley, la cual especificará los servicios que el gobierno central cederá a los municipios.
Hablando de centralismos, si por allá llueve por acá no escampa. Definitivamente en Panamá vivimos también los estragos del centralismo: Deformaciones en el funcionamiento económico, y "disfunciones específicas como burocratismo, sectorialización, pérdida de coherencia y de agilidad de los procesos decisorios, disminución del control social, aumento de gastos de funcionamiento interno de los aparatos, lo cual conduce a plantearse la eficacia del control local."(Borja.). Se vive una sobrecarga de las demandas de la población hacia las instituciones estatales, lo que se correlaciona con el debilitamiento de la capacidad gubernamental de respuesta, lo cual genera un conjunto de desequilibrios.
Más de la mitad de los 67 municipios del país se encuentra en condiciones económicas deficitarias. Se tienen muy escasos recursos para gastos de inversiones. No existe una política coherente de crédito municipal, ni de capacitación, ni asistencia técnica a los funcionarios municipales. Es evidente la existencia de una baja capacidad administrativa que genera, al mismo tiempo, una baja capacidad financiera, mientras que la mayor parte de los servicios básicos de la población están en manos del poder central. Por otra parte en comarcas y regiones indígenas y muchos municipios rurales aparecen como la expresión de los más altos índices de analfabetismo, desnutrición, morbilidad y pobreza.
El gobierno central asume proyectos que le corresponden a los gobiernos locales y los que a su vez asumen proyectos, que muchas veces no logran convocar ni lograr niveles de participación de sus comunidades. A los grupos comunitarios los planes se les dan preelaborados, sin diagnósticos en los que ellos participen y ayuden a decidir sus prioridades. Hay una ausencia de diagnósticos reales y participativos, y de planes consultados.
El gobierno local se convierte en brazo administrativo de políticas que son decididas en otros espacios de poder, y es visto como oficina locales del gobierno central, relegando al gobierno local el papel de administrador y además, en la mayoría de los casos, un pobre administrador. La falta de eficacia, la desvalorización de la imagen, la politización ha provocado una deslegitimización por parte del resto de la ciudadanía hacia el gobierno local, pues no ven como importante acercase a él, ya que no lo sienten representativo de sus aspiraciones e intereses, y no les interesa apoyarlo con recursos e incluso, pagar los impuestos.
En la actualidad, el gobierno sólo transfiere el 0.07% de los ingresos a los municipios, pero está en debate un anteproyecto de Ley de Descentralización, que aumentaría al 5% de la recaudación efectiva de las rentas nacionales, donaciones, aportaciones y otras transferencias que asigne el Estado, lo que equivaldría a unos 142 millones de balboas. "Así, insistimos, el 5% bien planteado, bien dirigido, sin lugar a dudas, llevaría respuestas concretas, participativas y con un menor costo para la población"(Lic. Caleb Reyes, Boletín CONADEL).
Es importante el cumplimiento del Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local suscrito por las fuerzas políticas en las elecciones de 1999, para avanzar por este camino. La crisis del municipio colonense invita a profundizar en la descentralización, en lugar de evitarla. Costa Rica nos invita a pensar que sí es posible, para un país territorial y demográficamente parecido al nuestro, avanzar en la necesaria descentralización del Estado y el fortalecimiento del gobierno local como figura política y administrativa, instrumento y expresión del poder democrático de la ciudadanía asentada en un territorio, cuya misión es participar aportando los planes locales de desarrollo y el fortalecimiento de la dimensión democrática.
"Hasta Stalin hubiese deseado gobernar en Costa Rica. Somos uno de los países más centralizados del planeta, en otros países -especialmente en Europa- los gobiernos cuentan con el 30% del presupuesto" , declaró el precandidato presidencial Rolando Araya, quien agregó que los ayuntamientos en ese país deberían tener al menos la mitad del presupuesto nacional, como ocurre en los países desarrollados, pero que el 10% aprobado constituía un primer paso y una de las decisiones políticas más importantes de los últimos tiempos. La aprobación del 10%, se implementará paulatinamente a razón de un aumento del 1,5 anual por siete años hasta completar el monto total anual. La distribución de los fondos -según el diario tico La Nación- será reglamentado por una ley, la cual especificará los servicios que el gobierno central cederá a los municipios.
Hablando de centralismos, si por allá llueve por acá no escampa. Definitivamente en Panamá vivimos también los estragos del centralismo: Deformaciones en el funcionamiento económico, y "disfunciones específicas como burocratismo, sectorialización, pérdida de coherencia y de agilidad de los procesos decisorios, disminución del control social, aumento de gastos de funcionamiento interno de los aparatos, lo cual conduce a plantearse la eficacia del control local."(Borja.). Se vive una sobrecarga de las demandas de la población hacia las instituciones estatales, lo que se correlaciona con el debilitamiento de la capacidad gubernamental de respuesta, lo cual genera un conjunto de desequilibrios.
Más de la mitad de los 67 municipios del país se encuentra en condiciones económicas deficitarias. Se tienen muy escasos recursos para gastos de inversiones. No existe una política coherente de crédito municipal, ni de capacitación, ni asistencia técnica a los funcionarios municipales. Es evidente la existencia de una baja capacidad administrativa que genera, al mismo tiempo, una baja capacidad financiera, mientras que la mayor parte de los servicios básicos de la población están en manos del poder central. Por otra parte en comarcas y regiones indígenas y muchos municipios rurales aparecen como la expresión de los más altos índices de analfabetismo, desnutrición, morbilidad y pobreza.
El gobierno central asume proyectos que le corresponden a los gobiernos locales y los que a su vez asumen proyectos, que muchas veces no logran convocar ni lograr niveles de participación de sus comunidades. A los grupos comunitarios los planes se les dan preelaborados, sin diagnósticos en los que ellos participen y ayuden a decidir sus prioridades. Hay una ausencia de diagnósticos reales y participativos, y de planes consultados.
El gobierno local se convierte en brazo administrativo de políticas que son decididas en otros espacios de poder, y es visto como oficina locales del gobierno central, relegando al gobierno local el papel de administrador y además, en la mayoría de los casos, un pobre administrador. La falta de eficacia, la desvalorización de la imagen, la politización ha provocado una deslegitimización por parte del resto de la ciudadanía hacia el gobierno local, pues no ven como importante acercase a él, ya que no lo sienten representativo de sus aspiraciones e intereses, y no les interesa apoyarlo con recursos e incluso, pagar los impuestos.
En la actualidad, el gobierno sólo transfiere el 0.07% de los ingresos a los municipios, pero está en debate un anteproyecto de Ley de Descentralización, que aumentaría al 5% de la recaudación efectiva de las rentas nacionales, donaciones, aportaciones y otras transferencias que asigne el Estado, lo que equivaldría a unos 142 millones de balboas. "Así, insistimos, el 5% bien planteado, bien dirigido, sin lugar a dudas, llevaría respuestas concretas, participativas y con un menor costo para la población"(Lic. Caleb Reyes, Boletín CONADEL).
Es importante el cumplimiento del Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local suscrito por las fuerzas políticas en las elecciones de 1999, para avanzar por este camino. La crisis del municipio colonense invita a profundizar en la descentralización, en lugar de evitarla. Costa Rica nos invita a pensar que sí es posible, para un país territorial y demográficamente parecido al nuestro, avanzar en la necesaria descentralización del Estado y el fortalecimiento del gobierno local como figura política y administrativa, instrumento y expresión del poder democrático de la ciudadanía asentada en un territorio, cuya misión es participar aportando los planes locales de desarrollo y el fortalecimiento de la dimensión democrática.
