Panamá en el mapa de la pobreza
El llamado del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva para crear una alianza global a fin de luchar contra la pobreza y el hambre encontró eco en la cumbre especial realizada antes de los debates de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pese a abierta oposición de Estados Unidos, Japón, Rusia y otras naciones ricas, Lula obtuvo por lo menos la adhesión retórica de 113 países para de establecer un fondo de $50,000 millones anuales a fin de globalizar los valores de la democracia, la justicia social y el desarrollo.
No hay arma de destrucción masiva más potente que el hambre porque mata 25,000 personas al día y seis millones de niños por año, dijo Lula. Al plantear que el hambre es económica irracional, políticamente inaceptable y moralmente vergonzosa, propuso establecer una nueva relación política, económica y social entre los países para evitar que el odio y la insensatez se propaguen por el mundo.
Lula reiteró su llamado a crear un impuesto a las transacciones financieras internacionales y a la venta de armas para respaldar el desarrollo y combatir el hambre.
La pobreza y la marginalidad están ampliando la geografía de la inestabilidad y del desempleo. Aumentan los problemas para el desarrollo y el medio ambiente y se expande la frontera de la pobreza con más desigualdad social y menos cobertura de salud.
Panamá está dentro de ese mapa del hambre y la pobreza. Son muy sombrías las posibilidades de reducir en forma relevante las cifras de marginalidad y pobreza que registra la nación, sobre todo en las áreas indígenas y las zonas rurales.
El país no puede mirar para otro lado cuando hay niños que viven en la calle, adultos mayores que mendigan, gente que come lo que encuentra en la basura y profesionales desempleados. Ese no es el paisaje al cual están destinados los panameños.
La tarea más urgente es mantener la confianza en la población sobre las posibilidades de la democracia para generar mejores condiciones de vida.
Existe una estrecha vinculación entre la desigualdad social y las instituciones frágiles. Por eso el clamor por una mejor distribución de la riqueza nacional. Cuando el ingreso está muy concentrado, el poder económico instrumenta políticas para favorecer a los ricos, en desmedro de las clases medias y los sectores más pobres de la población.
El sector privado debe dar pasos concretos para reactivar el aparato productivo agrario, industrial y de servicios. Y el Estado, realizar profundas reformas económicas y sociales capaces de impulsar una distribución más equitativa de la riqueza.
En ese punto juega un papel determinante el combate a la corrupción, principalmente los arreglos poco claros entre el gobierno y el sector privado. A mayor corrupción, más desigualdad. Es un mal contra el cual hay que luchar en forma colectiva.
Al mismo tiempo, la creación de empleos tiene una importancia estratégica frente a los desafíos del delito y el crimen organizado. La generación de empleos pasa por la inversión en infraestructuras, el incremento del turismo y el auge de la industria de la construcción. También tiene que ver con el apoyo a la pequeña y mediana empresa y la innovación tecnológica. Detrás de todo está la educación, la formación de capital humano y el ingreso a la economía del conocimiento. Entrar en la era digital y al diálogo globalizado con la modernidad, requiere planificación y esfuerzo.
Panamá debe incorporarse a la vanguardia de la productividad global y abrir las puertas a la alta tecnología, a la sociedad del conocimiento.
La inversión en los niños de uno a tres años, es otro de los desafíos para enfrentar la pobreza y el hambre. Los niños que reciben mayor atención a una edad temprana tienen más posibilidades de crecer en forma saludable, de desarrollar plenamente sus capacidades de pensar y hablar, lo mismo que sus aptitudes emocionales y sociales.
Para combatir el hambre y la pobreza, el gobierno debe generar confianza entre todos los sectores sociales, los actores políticos y construir capital social. El éxito de las políticas públicas no está en efímeros resultados comunicacionales sino en resolver los problemas de la población, en estimular los valores de la gente, el sentido de comunidad, de ciudadanía.
El país demanda un gobierno que mantenga una sintonía fina con la gente y que cumpla su compromiso de dotar a la población de trabajo, comida, agua, salud, educación, casa, jubilación asegurada, un mejor futuro y dignidad.
No hay arma de destrucción masiva más potente que el hambre porque mata 25,000 personas al día y seis millones de niños por año, dijo Lula. Al plantear que el hambre es económica irracional, políticamente inaceptable y moralmente vergonzosa, propuso establecer una nueva relación política, económica y social entre los países para evitar que el odio y la insensatez se propaguen por el mundo.
Lula reiteró su llamado a crear un impuesto a las transacciones financieras internacionales y a la venta de armas para respaldar el desarrollo y combatir el hambre.
La pobreza y la marginalidad están ampliando la geografía de la inestabilidad y del desempleo. Aumentan los problemas para el desarrollo y el medio ambiente y se expande la frontera de la pobreza con más desigualdad social y menos cobertura de salud.
Panamá está dentro de ese mapa del hambre y la pobreza. Son muy sombrías las posibilidades de reducir en forma relevante las cifras de marginalidad y pobreza que registra la nación, sobre todo en las áreas indígenas y las zonas rurales.
El país no puede mirar para otro lado cuando hay niños que viven en la calle, adultos mayores que mendigan, gente que come lo que encuentra en la basura y profesionales desempleados. Ese no es el paisaje al cual están destinados los panameños.
La tarea más urgente es mantener la confianza en la población sobre las posibilidades de la democracia para generar mejores condiciones de vida.
Existe una estrecha vinculación entre la desigualdad social y las instituciones frágiles. Por eso el clamor por una mejor distribución de la riqueza nacional. Cuando el ingreso está muy concentrado, el poder económico instrumenta políticas para favorecer a los ricos, en desmedro de las clases medias y los sectores más pobres de la población.
El sector privado debe dar pasos concretos para reactivar el aparato productivo agrario, industrial y de servicios. Y el Estado, realizar profundas reformas económicas y sociales capaces de impulsar una distribución más equitativa de la riqueza.
En ese punto juega un papel determinante el combate a la corrupción, principalmente los arreglos poco claros entre el gobierno y el sector privado. A mayor corrupción, más desigualdad. Es un mal contra el cual hay que luchar en forma colectiva.
Al mismo tiempo, la creación de empleos tiene una importancia estratégica frente a los desafíos del delito y el crimen organizado. La generación de empleos pasa por la inversión en infraestructuras, el incremento del turismo y el auge de la industria de la construcción. También tiene que ver con el apoyo a la pequeña y mediana empresa y la innovación tecnológica. Detrás de todo está la educación, la formación de capital humano y el ingreso a la economía del conocimiento. Entrar en la era digital y al diálogo globalizado con la modernidad, requiere planificación y esfuerzo.
Panamá debe incorporarse a la vanguardia de la productividad global y abrir las puertas a la alta tecnología, a la sociedad del conocimiento.
La inversión en los niños de uno a tres años, es otro de los desafíos para enfrentar la pobreza y el hambre. Los niños que reciben mayor atención a una edad temprana tienen más posibilidades de crecer en forma saludable, de desarrollar plenamente sus capacidades de pensar y hablar, lo mismo que sus aptitudes emocionales y sociales.
Para combatir el hambre y la pobreza, el gobierno debe generar confianza entre todos los sectores sociales, los actores políticos y construir capital social. El éxito de las políticas públicas no está en efímeros resultados comunicacionales sino en resolver los problemas de la población, en estimular los valores de la gente, el sentido de comunidad, de ciudadanía.
El país demanda un gobierno que mantenga una sintonía fina con la gente y que cumpla su compromiso de dotar a la población de trabajo, comida, agua, salud, educación, casa, jubilación asegurada, un mejor futuro y dignidad.