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Panamá en estado de sitio ambiental


Con gran asombro hemos recibido la nefasta noticia de la aprobación del Decreto No. 107 del 13 de noviembre de 2003, "Por el cual se modifica el artículo quinto del Decreto No. 40 de 24 de junio de 1976, por el cual se establece el Parque Nacional Volcán Barú, en la Provincia de Chiriquí".
En los considerandos que contiene la señalada modificación, se menciona que el artículo No. 5 del Decreto No. 40 de 24 de junio de 1976, establece una serie de restricciones dentro del Parque en mención. Se establece además, que es de interés del Gobierno Nacional la construcción del Camino Ecológico, como parte de los planes de desarrollo económico y social conforme al Plan Maestro de desarrollo turístico del país.
Continúa la parte motiva del Decreto No. 107 del 13 de noviembre de 2003, señalando entre otras cosas que es de interés del Gobierno Nacional procurar un equilibrio razonable entre el ordenamiento jurídico ambiental y la necesidad de satisfacer otras necesidades socioeconómicas del país; y a renglón seguido agrega, que en atención a todo lo expuesto es menester efectuar las modificaciones requeridas al Decreto No. 40 de 24 de junio de 1976, de tal forma que ello permita la construcción de la obra dentro de los parámetros de conservación y desarrollo.
Una vez señaladas dichas "motivaciones", inmediatamente se decreta adicionar un párrafo final del artículo quinto del Decreto No. 40 de 24 de junio de 1976, así:
Artículo 1. Se exceptúan de estas disposiciones todas las obras necesarias para la construcción y mantenimiento del Camino Ecológico contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental que apruebe la Autoridad del Ambiente.
Artículo 2. Facúltese a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), para que disponga todo lo conducente para que la construcción y mantenimiento del Camino Ecológico no afecte los Planes de Conservación y Manejo del Parque Nacional Volcán Barú.
Dicha modificación aparece firmada por la Presidenta de la República, Mireya Moscoso y el Ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado; el 13 de noviembre de 2003 y publicado el 27 de noviembre de 2003, en la Gaceta No. 24,937.
Los ciudadanos y ciudadanas responsables de este país nos sentimos burlados por nuestras autoridades, quienes no solamente hacen valer su opinión con relación a este sensitivo tema, utilizando todo tipo de argucias y artimañas, como lo son, confundir a la ciudadanía manipulando la información en los medios de comunicación e impidiendo que los ambientalistas hagamos uso de nuestro derecho a la libertad de expresión y reunión -como lo que sucedió el día 9 de noviembre de 2003, cuando estábamos haciendo una Cadena Humana totalmente pacífica en la entrada del Sendero de Los Quetzales -, valiéndose de la fuerza y con la complicidad de unos cuantos elementos que en aras de saciar sus intereses mezquinos, personales y finqueros nos impidieron la entrada al Parque afectando también a turistas quienes deseaban hacer el recorrido, lo que dio una pésima imagen de nuestro país.
Ahora no solo conforme con todo eso, modifican el Decreto No. 40 de 1976, que crea el Parque Nacional Volcán Barú para "legitimar" el crimen ecológico que pretenden realizar
Este precedente es nefasto y peligroso, porque pone en evidencia algunas cosas tales como, la complicidad de las autoridades para llevar a cabo su vil propósito; igualmente refleja que el Poder Ejecutivo es un poder decisorio e incuestionable, que se vale de modificaciones a las leyes de manera amañada y antojadiza para imponerse frente a los argumentos que hemos expuesto, en reiteradas ocasiones, para defensa ambiental de nuestro Parque Nacional Volcán Barú y que siempre han sido fundamentados en la ciencia, la ética, la razón y el conocimiento, respaldados igualmente en una serie de normas internacionales -Convenios y Tratados - orientados a la protección de la biodiversidad y la vida, señalando siempre que existe una Ruta Sur que sí responde a los postulados de un verdadero desarrollo sostenible para la región sin comprometer nuestros recursos.
En un Estado de Derecho no es posible que si alguien quiera cometer un homicidio, se modifique el Código Penal, eliminando las normas que castigan dicho ilícito, para que el homicida no reciba su pena. ¿En que tipo de país vivimos? ¿Vivimos como en una especie de Estado de Sitio Ambiental, en donde de un solo plumazo irresponsable se destruye la vida y el futuro de las siguientes generaciones?
¡Reflexionemos sobre la gravedad del problema. Tenemos que impedir que se burlen del ambiente, de la razón, el derecho, la ciencia y la ética! La pelea es peleando: ¡No pasarán!
El legislador y también aspirante a la alcaldía capitalina, Sergio Gálvez, también disminuyó en la intención de voto para ese puesto al caer de un 30% de preferencia que obtuvo en octubre pasado, a un 25%.
Cabe destacar, que la ex alcaldesa Mayín Correa aumenta en las preferencias para ocupar el puesto de alcalde la ciudad capital al lograr un 15% en las preferencias. En octubre pasado Correa obtuvo un 8% de preferencias entre los ciudadanos.
La mayoría de los panameños, un 39%, manifiesta que no pertenece ni tiene preferencia por ningún partido político. Entre los que sí tienen preferencia política, el PRD es el colectivo con mayor cantidad de seguidores con 33 %.
El Partido Solidaridad se ubica ahora como el segundo partido con mayor cantidad de simpatizantes con 12%, seguido del Partido Arnulfista que quedó con un 8%.
A principios del 2001, Solidaridad registraba sólo un 1% en las preferencias y al llegar diciembre de 2003, aumenta a 12% en ese renglón, desplazando al Arnulfista, que aparentemente pierde simpatizantes al disminuir de 10% en octubre pasado a 8% en diciembre de este año.
La mandataria Mireya Moscoso mejora en 11 puntos la evaluación que recibe de su gestión presidencial por parte de los ciudadanos, pero aún se mantiene con índices muy negativos, -30 puntos. Se cree que la celebración del Centenario de la República benefició la imagen de la mandataria.
En octubre pasado Moscoso recibió una evaluación de -41 y ahora, en diciembre logró -30 puntos, para mejorar en 11 puntos. Un 15% de los ciudadanos apoya la gestión de Moscoso frente a un 45% que la considera como mala o muy mala su administración. Al restar las evaluaciones positivas de las negativas, el resultado es -30 puntos. Hay un 40% de los entrevistados que considera la gestión de Moscoso como ni buena ni mala.

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