¿Panamá, país de servicios?
Apesar de que los panameños, en términos generales, declaramos saber la importancia del sector servicios en la economía panameña, lo cierto es que en gran medida desconocemos lo que involucra, los sectores que comprende, su razón dentro de la comunidad económica internacional, su marco legal y funcionamiento. Como ejemplo vemos que con frecuencia aparece en los medios de comunicación la insinuación directa o indirecta de que tal o cual abogado agente residente de tal o cual sociedad anónima involucrada en algún problema, participa del mismo por el hecho de ser agente residente.
Ese elemental desconocimiento del servicio que presta a la comunidad internacional la sociedad anónima panameña, indica una ignorancia de los fines y mecanismos operativos de 475,751 sociedades inscritas y 351,815 vigentes al 2001, que significan un potencial ingreso de unos $ 88 millones sólo en pago de tasa única anual. La Sociedad Anónima y, más reciente, las fundaciones de interés privado, son utilizadas por la comunidad mundial para fines lícitos, como planificación de patrimonio familiar y herencial, cobro de regalías, protección personal y familiar en países con inestabilidad política y violencia; para actuar como dueñas de inmuebles, cuentas de inversión, planificación fiscal empresarial, etc.; todo eso en consonancia con nuestra política impositiva de Estado, que grava los ingresos de fuente territorial como muchos otros Estados en la comunidad de naciones.
De manera que Panamá no es técnicamente un paraíso fiscal, como sí lo serían muchos de los países que nos incluyen en listas negras, pero que aplican un doble principio: el de extraterritorialidad para sus ciudadanos y el de protección de identidad e información para los extranjeros que invierten en sus economías; a pesar que el país de su origen requiera que paguen impuestos de sus ingresos globales.
Se requiere una difusión masiva de información a nivel nacional para combatir el juego que por ignorancia o mala intención muchos medios le hacen a los sectores internacionales que atentan contra una industria legítima donde Panamá ha desarrollado ventajas competitivas y que es fuente constante de capital fresco para el desarrollo de otros sectores de la economía.
La industria del servicio la componen, básicamente, la economía canalera, la Zona Libre de Colón, el complejo portuario-transporte, el turismo, el registro marítimo, el registro de sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, fideicomisos, empresas de manejo fiduciario, reaseguros y el sector bancario. Representan, aproximadamente, el 80% de la economía panameña.
En el sector hay industrias maduras como el Canal, los marcos legales e institucionales para operar el registro y operación de sociedades, fundaciones, fideicomisos, registro marítimo, etc. Otras están en fase de desarrollo, como las de turismo, las más promisorias. Pertenecer al sector maduro de esta industria no significa que no se hace urgente mantener un proceso de revisión y adecuación constante del mismo para ofrecer excelencia de servicios institucionales y profesionales, manteniendo la competitividad.
Corresponde al Estado crear las condiciones a través de un ente de alto nivel que represente a la industria en general y coordine con otros sectores estatales y privados las necesidades de revisión, modificación y creación de nuevas leyes, sectores (ofertas de nuevos servicios) y procedimientos para evitar lo que nos sucedió en 1948 que motivó a malas prácticas consulares y servicio en general. Los países desarrollados crearon el registro liberiano, que nos desplazó por muchos años como el registro marítimo de preferencia.
Hoy la competencia y acciones administrativas como la aprobación de una sola entidad para el cumplimiento de normas de seguridad, amenazan al sector de registro marítimo, que hoy ronda por las 10,000 naves registradas, que generan unos 62 millones al fisco anuales en ingreso directo por impuestos, tasa, registro de hipotecas y servicios notariales; además de indirectos difíciles de cuantificar. Por ejemplo, al 2001 generaban en 14 firmas de abogados cerca de 11 millones en salarios, se multiplican porque han irrumpido en el mundo de la oferta de estos servicios (marítimos y de sociedades) gran cantidad de competidores: Liberia, Bahamas, Chipre, Islas Vírgenes, Vanuatu, Belice; Malta, Uruguay, Bolivia, Jersey, Islas Marshall, etc., que no sólo lo hacen desde el punto de vista de precio, sino de flexibilidad y calidad del servicio (algunas de estas opciones, incluso, patrocinadas y apoyadas por los mismos que nos critican) lo que nos está conduciendo a la disyuntiva de mejorar o perder competitividad y mercado. Para ello debemos estar preparados, y así lo estamos en el plan de patria nueva, para plantear una política de Estado que relance muchas de estas actividades mediante la modernazación de su marco legal, simplificación de trámites administrativos y defensa y promoción internacional, a través de una campaña profesional de relaciones públicas y aplicación de las leyes de retorsión a los intereses de los países que sin consideración ni racionalidad nos aplican sanciones y discriminaciones.
Haber resistido la presión internacional de firmar acuerdos de divulgación de información fiscal (sin confundirlos con manejos financieros de lavado por narcotráfico, armas, terrorismo y otros delitos de lesa humanidad), hacen de Panamá una jurisdicción que está recobrando su credibilidad internacional, lo que se refleja en un aumento de registro de sociedades panameñas sobre el de otras jurisdicciones, cosa que no sucedía en muchos años. Si mantenemos una política firme del uso legítimo de la jurisdicción y el combate de los delitos antes mencionados, se abrirán nuevas oportunidades para Panamá.
Ese elemental desconocimiento del servicio que presta a la comunidad internacional la sociedad anónima panameña, indica una ignorancia de los fines y mecanismos operativos de 475,751 sociedades inscritas y 351,815 vigentes al 2001, que significan un potencial ingreso de unos $ 88 millones sólo en pago de tasa única anual. La Sociedad Anónima y, más reciente, las fundaciones de interés privado, son utilizadas por la comunidad mundial para fines lícitos, como planificación de patrimonio familiar y herencial, cobro de regalías, protección personal y familiar en países con inestabilidad política y violencia; para actuar como dueñas de inmuebles, cuentas de inversión, planificación fiscal empresarial, etc.; todo eso en consonancia con nuestra política impositiva de Estado, que grava los ingresos de fuente territorial como muchos otros Estados en la comunidad de naciones.
De manera que Panamá no es técnicamente un paraíso fiscal, como sí lo serían muchos de los países que nos incluyen en listas negras, pero que aplican un doble principio: el de extraterritorialidad para sus ciudadanos y el de protección de identidad e información para los extranjeros que invierten en sus economías; a pesar que el país de su origen requiera que paguen impuestos de sus ingresos globales.
Se requiere una difusión masiva de información a nivel nacional para combatir el juego que por ignorancia o mala intención muchos medios le hacen a los sectores internacionales que atentan contra una industria legítima donde Panamá ha desarrollado ventajas competitivas y que es fuente constante de capital fresco para el desarrollo de otros sectores de la economía.
La industria del servicio la componen, básicamente, la economía canalera, la Zona Libre de Colón, el complejo portuario-transporte, el turismo, el registro marítimo, el registro de sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, fideicomisos, empresas de manejo fiduciario, reaseguros y el sector bancario. Representan, aproximadamente, el 80% de la economía panameña.
En el sector hay industrias maduras como el Canal, los marcos legales e institucionales para operar el registro y operación de sociedades, fundaciones, fideicomisos, registro marítimo, etc. Otras están en fase de desarrollo, como las de turismo, las más promisorias. Pertenecer al sector maduro de esta industria no significa que no se hace urgente mantener un proceso de revisión y adecuación constante del mismo para ofrecer excelencia de servicios institucionales y profesionales, manteniendo la competitividad.
Corresponde al Estado crear las condiciones a través de un ente de alto nivel que represente a la industria en general y coordine con otros sectores estatales y privados las necesidades de revisión, modificación y creación de nuevas leyes, sectores (ofertas de nuevos servicios) y procedimientos para evitar lo que nos sucedió en 1948 que motivó a malas prácticas consulares y servicio en general. Los países desarrollados crearon el registro liberiano, que nos desplazó por muchos años como el registro marítimo de preferencia.
Hoy la competencia y acciones administrativas como la aprobación de una sola entidad para el cumplimiento de normas de seguridad, amenazan al sector de registro marítimo, que hoy ronda por las 10,000 naves registradas, que generan unos 62 millones al fisco anuales en ingreso directo por impuestos, tasa, registro de hipotecas y servicios notariales; además de indirectos difíciles de cuantificar. Por ejemplo, al 2001 generaban en 14 firmas de abogados cerca de 11 millones en salarios, se multiplican porque han irrumpido en el mundo de la oferta de estos servicios (marítimos y de sociedades) gran cantidad de competidores: Liberia, Bahamas, Chipre, Islas Vírgenes, Vanuatu, Belice; Malta, Uruguay, Bolivia, Jersey, Islas Marshall, etc., que no sólo lo hacen desde el punto de vista de precio, sino de flexibilidad y calidad del servicio (algunas de estas opciones, incluso, patrocinadas y apoyadas por los mismos que nos critican) lo que nos está conduciendo a la disyuntiva de mejorar o perder competitividad y mercado. Para ello debemos estar preparados, y así lo estamos en el plan de patria nueva, para plantear una política de Estado que relance muchas de estas actividades mediante la modernazación de su marco legal, simplificación de trámites administrativos y defensa y promoción internacional, a través de una campaña profesional de relaciones públicas y aplicación de las leyes de retorsión a los intereses de los países que sin consideración ni racionalidad nos aplican sanciones y discriminaciones.
Haber resistido la presión internacional de firmar acuerdos de divulgación de información fiscal (sin confundirlos con manejos financieros de lavado por narcotráfico, armas, terrorismo y otros delitos de lesa humanidad), hacen de Panamá una jurisdicción que está recobrando su credibilidad internacional, lo que se refleja en un aumento de registro de sociedades panameñas sobre el de otras jurisdicciones, cosa que no sucedía en muchos años. Si mantenemos una política firme del uso legítimo de la jurisdicción y el combate de los delitos antes mencionados, se abrirán nuevas oportunidades para Panamá.
