Panamá: ¿Paraíso fiscal?
La antojadiza inclusión de nuestro país bajo la denominación de ser un "paraíso fiscal", vuelve a tomar fuerza. El G-20 y la OECD se acuerdan del asunto en momentos en que la crisis financiera y económica mundial, que en sus países miembros se originó de manera irresponsable, nos golpea a todos.
En febrero de 1990, Estados Unidos (EE.UU.) presentó al Gobierno de Panamá cinco borradores de tratados para iniciar su urgente negociación. Aún nuestro país estaba semi-ocupado y el ambiente político post-invasión era muy tenso y sin casi ninguna institución sustentada sobre sus propios pies. Pero los presentaron. Cuatro de ellos fueron negociados y uno rechazado de plano en el mismo momento en que se sugirió: el de Intercambio de Información Fiscal.
Todos esos tratados condicionaban, expresa o tácitamente, la ayuda económica de EE.UU. a Panamá para recuperar la economía. El tratado rechazado lo vendían con el anzuelo de que serviría para que, bajo la Iniciativa del Caribe, las convenciones internacionales que se realizaran en Panamá por empresas de EE.UU., serían deducibles de impuesto allá.
De esos tiempos a la fecha, la sofisticación del delito ha aumentado exponencialmente. Lo que antes era sólo delitos relacionados con droga y su lavado de dinero, hoy el concepto "lavado de activos" es tan amplio como suena. Panamá, desde 1990 ha venido haciendo grandes avances en la adecuación de su normativa penal y bancaria interna. La banca de hoy no es la banca de antes de 1990 ni mucho menos la que con mala fe se dice que ejercemos en nuestro sector bancario. Tampoco es cierto que somos un paraíso fiscal y que aquí no se tributa. Es más, el debate político hoy, en una de sus aristas, se centra en discutir si la tasa impositiva es o no muy alta a efectos de dinamizar, con su disminución, la actividad económica y hacer de los tributos algo más equitativo y justo y no un freno al desarrollo.
Entre 1990 y 1992 presidí el equipo negociador de Panamá, junto a un grupo de extraordinarios negociadores, para la negociación y firma del primer Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal con los EE.UU. Todos los sectores pensaban que negociaríamos bajo presión el intercambio fiscal que destruiría, como lo haría hoy, nuestro centro financiero y bancario. Se firmó el tratado en junio del 92 y en la ceremonia de firma, el Embajador Heanton dijo, palabras más, palabras menos que "ese no era el tratado que los Estados Unidos querían, pero que era el que se pudo negociar". De allí en adelante suscribimos varios y los gobiernos posteriores hicieron lo propio. Nadie puede decir que arriesgamos nuestro interés nacional o que lo desconocimos. Igual se hizo luego para que nos eliminaran de ciertas listas negras. Fue un esfuerzo de Estado que resultó positivo.
Preocupa que el Gobierno Nacional en sus días finales acepte compromisos sin la consulta debida. Menos aún que digan, como lo ha hecho la Ministra de Comercio, ajena por completo a estas competencias de la Cancillería, que Panamá debe hacer "ajustes a su legislación". ¡Cuidado con eso!
Panamá tiene mecanismos legales para defenderse de estas unilaterales consideraciones. También una Ley de Retorsión que ha sido letra muerta hasta ahora. Midamos con cuidado el efecto de improvisaciones respecto del interés nacional a proteger.
