Panamá: Un diagnóstico y alternativa
El tema del crecimiento económico con equidad sigue siendo un objetivo lejano para la República de Panamá. Las políticas diseñadas en las últimas décadas no logran impulsar procesos de transformación estructural que conduzcan al crecimiento de la economía real y al mismo tiempo al mejoramiento en la distribución del ingreso en términos de provisión de empleo mejor remunerado y de prestación de servicios públicos básicos a niveles dignos para la mayoría de la población.
Los procesos de formación de las políticas en Panamá se realizan en ambientes de la alta complejidad donde los partidos políticos, medios tradicionales para la canalización del debate sobre los asuntos de interés nacional, viven una honda crisis caracterizada por el descrédito de su dirigencia, la falta de orientación ideológica y una alta dosis de pragmatismo; este es un momento histórico muy exigente en decisiones orientadas en calidad y secuencia, a atender los desbalances macroeconómicos, impulsar el crecimiento en un marco de globalización de la economía mundial, y alterar al mismo tiempo, los factores que llevan al alarmante incremento de los niveles de desigualdad y exclusión social.
Como un agravante de la pérdida de representatividad de los partidos políticos, el distanciamiento de importantes sectores de población de la Nación panameña de los beneficios del desarrollo, ha traído como consecuencia la fragmentación social y la limitación cada vez más acentuada de las expectativas positivas con relación al futuro. La desigualdad social y una desilusión creciente se han transformado en fuentes de tensión política que pudieran dar al traste con los avances logrados por Panamá en materia de democratización de su sistema político y de derechos civiles en general.
Esta situación intrínseca al sistema político social panameño, debe ser resuelta con apremio. Es un imperativo ético, dice la Iglesia, escapar de estas tendencias fuertes y consistentes en dirección del egoísmo y de la falta de solidaridad, de renuncia de los derechos humanos esenciales, de apelación al individualismo exacerbado.
Para nuestra sociedad con el sistema democrático y de libertades que posee la nación panameña, hay una posibilidad cierta de alcanzar estos objetivos nacionales de desarrollo a través de un intenso debate entre los diversos sectores (políticos, académicos, trabajadores, empresariales, internacionales, etc.), para llegar a acuerdos básicos en el protocolo de actuación de ellos y hacer viables estos propósitos en el mediano plazo. Para ello, además deben ser asumidas posiciones compartidas respecto de aquellos nudos críticos que inhabilitan el sistema democrático y el crecimiento cualitativo del país.
Tales acuerdos básicos deben expresarse en decisiones de política capaces de dar respuesta a interrogantes tales como: ¿Cuáles son los factores y mecanismos a ser utilizados para alterar el actual sistema de desigual distribución del ingreso y de acceso a las oportunidades de educación y trabajo? ¿En qué medida debe intervenir el Estado y cuál es el rol y las responsabilidades del sector privado, de los partidos políticos y de la sociedad civil en general en el proceso de desarrollo? ¿Cuáles son los niveles de inversión requeridos para atender los déficit de los servicios sociales básicos y cuáles las fuentes para financiamiento? ¿Cuáles son las transacciones políticas y económicas necesarias para mantener niveles de gobernabilidad que soporten el tránsito de las reformas del Estado, así como de las estructuras políticas que sustentan la democracia? ¿Cuál debe ser el comportamiento y las acciones del Estado y del resto de los actores que conforman la vida política, que propendan a desacelerar las tendencias del individualismo y desintegración social y concurran hacia la formación de sociedades basadas en principios de solidaridad y cooperación?
Esta reflexión recoge el sentimiento de contribuir a la impostergable labor que debe hacerse sobre estas interrogantes.
Los procesos de formación de las políticas en Panamá se realizan en ambientes de la alta complejidad donde los partidos políticos, medios tradicionales para la canalización del debate sobre los asuntos de interés nacional, viven una honda crisis caracterizada por el descrédito de su dirigencia, la falta de orientación ideológica y una alta dosis de pragmatismo; este es un momento histórico muy exigente en decisiones orientadas en calidad y secuencia, a atender los desbalances macroeconómicos, impulsar el crecimiento en un marco de globalización de la economía mundial, y alterar al mismo tiempo, los factores que llevan al alarmante incremento de los niveles de desigualdad y exclusión social.
Como un agravante de la pérdida de representatividad de los partidos políticos, el distanciamiento de importantes sectores de población de la Nación panameña de los beneficios del desarrollo, ha traído como consecuencia la fragmentación social y la limitación cada vez más acentuada de las expectativas positivas con relación al futuro. La desigualdad social y una desilusión creciente se han transformado en fuentes de tensión política que pudieran dar al traste con los avances logrados por Panamá en materia de democratización de su sistema político y de derechos civiles en general.
Esta situación intrínseca al sistema político social panameño, debe ser resuelta con apremio. Es un imperativo ético, dice la Iglesia, escapar de estas tendencias fuertes y consistentes en dirección del egoísmo y de la falta de solidaridad, de renuncia de los derechos humanos esenciales, de apelación al individualismo exacerbado.
Para nuestra sociedad con el sistema democrático y de libertades que posee la nación panameña, hay una posibilidad cierta de alcanzar estos objetivos nacionales de desarrollo a través de un intenso debate entre los diversos sectores (políticos, académicos, trabajadores, empresariales, internacionales, etc.), para llegar a acuerdos básicos en el protocolo de actuación de ellos y hacer viables estos propósitos en el mediano plazo. Para ello, además deben ser asumidas posiciones compartidas respecto de aquellos nudos críticos que inhabilitan el sistema democrático y el crecimiento cualitativo del país.
Tales acuerdos básicos deben expresarse en decisiones de política capaces de dar respuesta a interrogantes tales como: ¿Cuáles son los factores y mecanismos a ser utilizados para alterar el actual sistema de desigual distribución del ingreso y de acceso a las oportunidades de educación y trabajo? ¿En qué medida debe intervenir el Estado y cuál es el rol y las responsabilidades del sector privado, de los partidos políticos y de la sociedad civil en general en el proceso de desarrollo? ¿Cuáles son los niveles de inversión requeridos para atender los déficit de los servicios sociales básicos y cuáles las fuentes para financiamiento? ¿Cuáles son las transacciones políticas y económicas necesarias para mantener niveles de gobernabilidad que soporten el tránsito de las reformas del Estado, así como de las estructuras políticas que sustentan la democracia? ¿Cuál debe ser el comportamiento y las acciones del Estado y del resto de los actores que conforman la vida política, que propendan a desacelerar las tendencias del individualismo y desintegración social y concurran hacia la formación de sociedades basadas en principios de solidaridad y cooperación?
Esta reflexión recoge el sentimiento de contribuir a la impostergable labor que debe hacerse sobre estas interrogantes.
