¿Panamá, un Estado jugador?
NO BASTA reconocer que la pobreza, la enfermedad, la desventura, el sufrimiento y la desorganización social han existido a través de la historia de la humanidad. Conviene saber también que, en atención a tales hechos, hace más de una centuria surgió la idea -generalmente aceptada después- de que los Organos de Gobierno y los grupos de ciudadanos particulares, organizados en instituciones religiosas de caridad, o de filantropía humanitaria, son indispensables para aliviar los males sociales, y para contrarrestar el desperdicio de la capacidad humana.
Pero los conceptos y los servicios de la beneficencia o asistencia social, a través de la tradición, de la experiencia y de los cambios, jamás se apoyaron en la institucionalización oficial de los juegos de suerte y azar por parte del Estado. En Panamá, dos son las figuras resueltas todavía a patentizar el poder ilusorio de la suerte y el azar, a suplantar la vieja voluntad de los que significa el esfuerzo propio, la creatividad y la iniciativa del ciudadano en función del trabajo honrado: los "boliteros" (vendedores de lotería clandestina) y el Estado. Cada uno a su manera, ambos pugnan por limitar la condición humana al nivel de la suerte, el azar y la ventura.
El "bolitero" o vendedor de lotería clandestino realiza su negocio sin pretender justificación, se sabe punible y no cumple su designio en nombre de nadie más. Vende su lotería a escondidas y, si es detenido por las autoridades de Policía, procurará negar su fechoría; cuando es forzado a reconocerla, la exculpará como un acto casi obligatorio producto de la necesidad de sobrevivir frente a la situación del desempleo creciente en el país. Sólo el Estado mantenedor de la Lotería oficial y facilitador de establecimientos particulares (casinos, bingos y demás juegos de suerte y azar), se permite fomentar el hábito del juego en la población con derecho, de acuerdo con procedimientos legales y, por ello mismo, en total impugnidad. Al aplicar las reglas del juego de la lotería y otros tipos de juegos de azar (tómbolas, rifas, sorteos, etc.) en representación de sus ciudadanos, arroja sobre todos el peso del vicio de sus víctimas. Es verdad que su propósito le obliga, desde hace años -y cada vez con mayor propiedad e intensidad-- a justificar públicamente su actividad, apoyado en proyectos de beneficencia o de asistencia social y en la generación de empleos y de fomento del turismo.
Cuando el monopolio legítimo de la explotación del juego, cualesquiera sea la índole del mismo, que lo define, es llevado hasta el paroxismo de la pasión que causa éste, se trata de un poder no ya sobre los gobernados, sino sobre una especie de esclavos del vicio. Porque si en último término, y aunque sea por vías legales y no arbitrarias, el destino y el bienestar de los panameños dependen del Estado como promotor o facilitador de toda clase de juegos de lotería, entonces vivimos o viviremos condicionados al azar por gracias del Estado tutor de beneficencia y asistencia social (¿?).
Pero, lo que es más grave, quienes promueven y prodigan el juego a nivel institucional o de índole particular, desdeñan su mejor filo. Y es que este "hábito solemne y fascinador" contiene sin duda una ejemplaridad contraria a lo que sus sostenedores invocan como supuesta política de beneficencia o de asistencia social. Pues mientras un ente oficial esté autorizado para explotar el vicio del juego, entonces se puede jugar. ¿Y qué ocurre como respuesta a todo esto? Sencillamente, basta que exista una clase de juegos oficialmente consentidos, para que "los sin ley" se sientan más tentados a jugar en la clandestinidad.
Sabíamos que el Estado democrático era, a través de sus órganos de gobierno, el responsable de regular la vida de los asociados en cuanto a política económica, cultural y social; pero, al parecer, en el caso nuestro, hay que convenir en que también es el máximo tutor que determina los vicios que pueden practicar los ciudadanos. Así que ya puede autocalificarse como Estado "democrático"; mientras mantenga las disposiciones legales que autorizan los juegos de suerte y azar, será ante todo un Estado jugador.
Con lo expuesto no achacamos a los gobernantes del Estado panameño el no haber sabido organizar una convivencia social libre de juegos de lotería y tantos otros de suerte y azar, objetivo tal sólo alcanzable en la comunión de los santos ciudadanos. Le reprochamos, eso sí, querer organizarla en última instancia gracias a la proliferación oficial y particular del juego como su mejor instrumento. Proclamando así, a las claras, que es mediante la explotación del vicio del juego, su pilar más firme para planificar, organizar, ejecutar y administrar la política de beneficencia y asistencia social en el país, y la generar empleos y fomentar el turismo nacional.
Pero los conceptos y los servicios de la beneficencia o asistencia social, a través de la tradición, de la experiencia y de los cambios, jamás se apoyaron en la institucionalización oficial de los juegos de suerte y azar por parte del Estado. En Panamá, dos son las figuras resueltas todavía a patentizar el poder ilusorio de la suerte y el azar, a suplantar la vieja voluntad de los que significa el esfuerzo propio, la creatividad y la iniciativa del ciudadano en función del trabajo honrado: los "boliteros" (vendedores de lotería clandestina) y el Estado. Cada uno a su manera, ambos pugnan por limitar la condición humana al nivel de la suerte, el azar y la ventura.
El "bolitero" o vendedor de lotería clandestino realiza su negocio sin pretender justificación, se sabe punible y no cumple su designio en nombre de nadie más. Vende su lotería a escondidas y, si es detenido por las autoridades de Policía, procurará negar su fechoría; cuando es forzado a reconocerla, la exculpará como un acto casi obligatorio producto de la necesidad de sobrevivir frente a la situación del desempleo creciente en el país. Sólo el Estado mantenedor de la Lotería oficial y facilitador de establecimientos particulares (casinos, bingos y demás juegos de suerte y azar), se permite fomentar el hábito del juego en la población con derecho, de acuerdo con procedimientos legales y, por ello mismo, en total impugnidad. Al aplicar las reglas del juego de la lotería y otros tipos de juegos de azar (tómbolas, rifas, sorteos, etc.) en representación de sus ciudadanos, arroja sobre todos el peso del vicio de sus víctimas. Es verdad que su propósito le obliga, desde hace años -y cada vez con mayor propiedad e intensidad-- a justificar públicamente su actividad, apoyado en proyectos de beneficencia o de asistencia social y en la generación de empleos y de fomento del turismo.
Cuando el monopolio legítimo de la explotación del juego, cualesquiera sea la índole del mismo, que lo define, es llevado hasta el paroxismo de la pasión que causa éste, se trata de un poder no ya sobre los gobernados, sino sobre una especie de esclavos del vicio. Porque si en último término, y aunque sea por vías legales y no arbitrarias, el destino y el bienestar de los panameños dependen del Estado como promotor o facilitador de toda clase de juegos de lotería, entonces vivimos o viviremos condicionados al azar por gracias del Estado tutor de beneficencia y asistencia social (¿?).
Pero, lo que es más grave, quienes promueven y prodigan el juego a nivel institucional o de índole particular, desdeñan su mejor filo. Y es que este "hábito solemne y fascinador" contiene sin duda una ejemplaridad contraria a lo que sus sostenedores invocan como supuesta política de beneficencia o de asistencia social. Pues mientras un ente oficial esté autorizado para explotar el vicio del juego, entonces se puede jugar. ¿Y qué ocurre como respuesta a todo esto? Sencillamente, basta que exista una clase de juegos oficialmente consentidos, para que "los sin ley" se sientan más tentados a jugar en la clandestinidad.
Sabíamos que el Estado democrático era, a través de sus órganos de gobierno, el responsable de regular la vida de los asociados en cuanto a política económica, cultural y social; pero, al parecer, en el caso nuestro, hay que convenir en que también es el máximo tutor que determina los vicios que pueden practicar los ciudadanos. Así que ya puede autocalificarse como Estado "democrático"; mientras mantenga las disposiciones legales que autorizan los juegos de suerte y azar, será ante todo un Estado jugador.
Con lo expuesto no achacamos a los gobernantes del Estado panameño el no haber sabido organizar una convivencia social libre de juegos de lotería y tantos otros de suerte y azar, objetivo tal sólo alcanzable en la comunión de los santos ciudadanos. Le reprochamos, eso sí, querer organizarla en última instancia gracias a la proliferación oficial y particular del juego como su mejor instrumento. Proclamando así, a las claras, que es mediante la explotación del vicio del juego, su pilar más firme para planificar, organizar, ejecutar y administrar la política de beneficencia y asistencia social en el país, y la generar empleos y fomentar el turismo nacional.
