Panamá y el Canal
Históricamente los pronósticos acertados sobre ciertos comportamientos económicos y sociales en el largo plazo han sido difíciles. No obstante, el hombre/mujer en su afán de alcanzar alternativas que le permitan una vida mejor, ha encontrado soluciones cada vez más relevantes. La Revolución Industrial, los distintos medios de transporte, el acero y el microchip, entre muchos otros, así lo confirman.
La aparición de aquel último hace unos 30 años, dio inicio a la era del conocimiento. Tecnología y conocimiento (T y C) vienen introduciendo innovaciones en la producción, calidad y costos de productos. Proyectados en el tiempo sus vigencias parecerían infinitas, pero se anticipa conservadoramente un período de al menos el presente milenio. Están dirigidos, entre otros, a generar riquezas en la solución de los innumerables problemas que confronta la humanidad.
En una comunidad global de naciones cada vez más compacta e interdependiente, por efecto de las eficientes redes de comunicación y transporte, el comercio internacional resulta vital para hacer viables los esfuerzos nacionales que se dirigen a mejorar la calidad de vida de las poblaciones. El grado en que cada país asimile estas realidades, se ajuste permanentemente a los cambios que los tiempos exigen e invierta en la formación de capital humano y capital social, dependerá del éxito que tenga en atraer mayores inversiones de capital foráneo y en penetrar los mercados internacionales de manera sostenible. No visualizo otra opción para Panamá como país de economía emergente.
Dicho lo anterior, no resulta difícil concluir en la necesidad de revisar la estructura de Gobierno para adecuarla a una que: planifique, apoyada en la investigación; programe por prioridades racionales en el interés nacional, sin prejuicios; ubique las propuestas geográficamente, por estrategia; ejecute los insumos oficiales de complemento, de manera coordinada; oriente al sector privado y al capital foráneo en la aplicación segura de sus recursos, parar modernizar y hacer más eficiente nuestra capacidad productiva; y abra el compás a la participación civil y de los gremios obreros, para asegurar un amplio programa de consenso en el desarrollo de Panamá país. Los pronunciados desequilibrios en la distribución de la población, revelados por el X Censo de Población y Vivienda, se deben a la ausencia de esas acciones. Las migraciones de población, sin control u orientación, representan serios obstáculos al desarrollo nacional.
En 1959, la ley que creó la Dirección General de Planificación y Administración (DGPA) y luego su modificación para crear el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE) en 1973, contenían disposiciones para procurar el desarrollo nacional equilibrado y una mejor distribución de las riquezas. Nunca fueron cumplidas, contraviniendo así el contenido de la Constitución Nacional. Hoy día esos incumplimientos demandan soluciones que requieren de inversiones cuantiosas, prohibitivas, para Panamá país que tiene una elevada deuda total estimada en unos B/.8 mil millones y una de las deudas per cápita más alta del Continente. Esas disposiciones son contemporáneas en las civilizaciones democráticas modernas y se cumplen mediante las acciones del ordenamiento territorial. No obstante, en el año 1999 fueron eliminadas de la ley que creó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en reemplazo del MIPPE.
Como consecuencia de aquellas desacertadas acciones, los enfoques programáticos de administraciones pasadas y los del presente Gobierno se limitaron a buscar el crecimiento económico. Pero ya no es secreto que el crecimiento por sí sólo no soluciona el problema de la mala distribución de las riquezas, ni necesariamente genera desarrollo. Más bien puede intensificar los desequilibrios económicos y sociales, haciendo más rico a los que más tienen, al tiempo de aumentar la pobreza. Esta verdad la confirman múltiples experiencias, inclusive las de Panamá.
De seguir postergando las acciones para procurar el desarrollo equilibrado de Panamá país, nuevas inversiones significativas en el área canalera intensificarán las migraciones donde ya se asienta casi la mitad de la población total.
El mantenimiento y la operación del Canal demandan costos elevados y, como es natural, aumentarán durante los años sucesivos. La modernización de las infraestructuras portuarias en las ciudades terminales para atender mejor los servicios marítimos de carga y de pasajeros, y la construcción de los canales secos -el ferrocarril y la autopista- aún en manos de empresas privadas, juntos a la Zona Libre de Colón, contribuirán a la economía del país y a la competitividad con otras rutas potenciales, la mayoría canales secos. Los barcos futuros de hasta 150.000 DWT tendrán como rutas posibles a estas últimas mediante operaciones de descarga y carga, o la del extremo sur del Continente. Por razones de costo, las ventajas relativas de nuestra posición geográfica seguirían jugando un papel importante.
No descartaría, sin embargo, el interés de los mayores usuarios en apoyar las alternativas primeras en otras sedes, para contar con otras opciones, por razones políticas y de costos. Al igual que Panamá, los países hermanos están ungidos de hacerse competitivos para mejorar la calidad de vida de su población. Ante esta potencial posibilidad, importante sería estimar: 1-La magnitud del comercio internacional proyectado en el largo plazo, y 2-la proporción de ese total que se seguirá sirviendo de los servicios en Panamá.
A mi modo de ver, por elevado del costo estimado de cerca de B/.5 mil millones para expandir el Canal, la preocupación de Panamá deberá estar centrada en lo que el país seguirá percibiendo como beneficios sin su ampliación, y no especular con lo que recibirá si se llegara a ejecutar esa obra. Un margen significativo de competitividad que reduzca los beneficios mucho más de los B/.166 millones reportados para el año 2000, y operar con pérdidas, afectaría también al sector servicios y repercutirían negativamente sobre la economía nacional. A ello habría que sumar los enormes perjuicios socioeconómicos que Panamá país experimenta por la falta de atención al ordenamiento de su territorio para orientar el desarrollo nacional. ¡Sería una catástrofe!
En asunto de tan trascendental importancia, deberíamos evitar las decisiones rápidas o improvisadas y estudiar las alternativas a corto plazo con extremo detenimiento, pero dentro de un contexto de largo alcance. Independientemente de los problemas ecológicos a considerar y los costos iniciales -que estoy seguro serían superados una vez ponderados VIS a VIS la salud nacional -mi visión de futuro no descartaría la opción de un Canal a Nivel. Facilitará el tránsito de barcos de todas las capacidades y en número inimaginable; los que se llegasen a desviar a otras rutas por las limitaciones actuales, regresarían por motivos de eficiencia, reducción en el tiempo de los trayectos y los costos. Aseguraría nuestra capacidad competitiva por un período superior al presente milenio, para garantizar una mejor vida a los hijos de nuestros hijos, los hijos de éstos y los otros por venir.
La aparición de aquel último hace unos 30 años, dio inicio a la era del conocimiento. Tecnología y conocimiento (T y C) vienen introduciendo innovaciones en la producción, calidad y costos de productos. Proyectados en el tiempo sus vigencias parecerían infinitas, pero se anticipa conservadoramente un período de al menos el presente milenio. Están dirigidos, entre otros, a generar riquezas en la solución de los innumerables problemas que confronta la humanidad.
En una comunidad global de naciones cada vez más compacta e interdependiente, por efecto de las eficientes redes de comunicación y transporte, el comercio internacional resulta vital para hacer viables los esfuerzos nacionales que se dirigen a mejorar la calidad de vida de las poblaciones. El grado en que cada país asimile estas realidades, se ajuste permanentemente a los cambios que los tiempos exigen e invierta en la formación de capital humano y capital social, dependerá del éxito que tenga en atraer mayores inversiones de capital foráneo y en penetrar los mercados internacionales de manera sostenible. No visualizo otra opción para Panamá como país de economía emergente.
Dicho lo anterior, no resulta difícil concluir en la necesidad de revisar la estructura de Gobierno para adecuarla a una que: planifique, apoyada en la investigación; programe por prioridades racionales en el interés nacional, sin prejuicios; ubique las propuestas geográficamente, por estrategia; ejecute los insumos oficiales de complemento, de manera coordinada; oriente al sector privado y al capital foráneo en la aplicación segura de sus recursos, parar modernizar y hacer más eficiente nuestra capacidad productiva; y abra el compás a la participación civil y de los gremios obreros, para asegurar un amplio programa de consenso en el desarrollo de Panamá país. Los pronunciados desequilibrios en la distribución de la población, revelados por el X Censo de Población y Vivienda, se deben a la ausencia de esas acciones. Las migraciones de población, sin control u orientación, representan serios obstáculos al desarrollo nacional.
En 1959, la ley que creó la Dirección General de Planificación y Administración (DGPA) y luego su modificación para crear el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE) en 1973, contenían disposiciones para procurar el desarrollo nacional equilibrado y una mejor distribución de las riquezas. Nunca fueron cumplidas, contraviniendo así el contenido de la Constitución Nacional. Hoy día esos incumplimientos demandan soluciones que requieren de inversiones cuantiosas, prohibitivas, para Panamá país que tiene una elevada deuda total estimada en unos B/.8 mil millones y una de las deudas per cápita más alta del Continente. Esas disposiciones son contemporáneas en las civilizaciones democráticas modernas y se cumplen mediante las acciones del ordenamiento territorial. No obstante, en el año 1999 fueron eliminadas de la ley que creó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en reemplazo del MIPPE.
Como consecuencia de aquellas desacertadas acciones, los enfoques programáticos de administraciones pasadas y los del presente Gobierno se limitaron a buscar el crecimiento económico. Pero ya no es secreto que el crecimiento por sí sólo no soluciona el problema de la mala distribución de las riquezas, ni necesariamente genera desarrollo. Más bien puede intensificar los desequilibrios económicos y sociales, haciendo más rico a los que más tienen, al tiempo de aumentar la pobreza. Esta verdad la confirman múltiples experiencias, inclusive las de Panamá.
De seguir postergando las acciones para procurar el desarrollo equilibrado de Panamá país, nuevas inversiones significativas en el área canalera intensificarán las migraciones donde ya se asienta casi la mitad de la población total.
El mantenimiento y la operación del Canal demandan costos elevados y, como es natural, aumentarán durante los años sucesivos. La modernización de las infraestructuras portuarias en las ciudades terminales para atender mejor los servicios marítimos de carga y de pasajeros, y la construcción de los canales secos -el ferrocarril y la autopista- aún en manos de empresas privadas, juntos a la Zona Libre de Colón, contribuirán a la economía del país y a la competitividad con otras rutas potenciales, la mayoría canales secos. Los barcos futuros de hasta 150.000 DWT tendrán como rutas posibles a estas últimas mediante operaciones de descarga y carga, o la del extremo sur del Continente. Por razones de costo, las ventajas relativas de nuestra posición geográfica seguirían jugando un papel importante.
No descartaría, sin embargo, el interés de los mayores usuarios en apoyar las alternativas primeras en otras sedes, para contar con otras opciones, por razones políticas y de costos. Al igual que Panamá, los países hermanos están ungidos de hacerse competitivos para mejorar la calidad de vida de su población. Ante esta potencial posibilidad, importante sería estimar: 1-La magnitud del comercio internacional proyectado en el largo plazo, y 2-la proporción de ese total que se seguirá sirviendo de los servicios en Panamá.
A mi modo de ver, por elevado del costo estimado de cerca de B/.5 mil millones para expandir el Canal, la preocupación de Panamá deberá estar centrada en lo que el país seguirá percibiendo como beneficios sin su ampliación, y no especular con lo que recibirá si se llegara a ejecutar esa obra. Un margen significativo de competitividad que reduzca los beneficios mucho más de los B/.166 millones reportados para el año 2000, y operar con pérdidas, afectaría también al sector servicios y repercutirían negativamente sobre la economía nacional. A ello habría que sumar los enormes perjuicios socioeconómicos que Panamá país experimenta por la falta de atención al ordenamiento de su territorio para orientar el desarrollo nacional. ¡Sería una catástrofe!
En asunto de tan trascendental importancia, deberíamos evitar las decisiones rápidas o improvisadas y estudiar las alternativas a corto plazo con extremo detenimiento, pero dentro de un contexto de largo alcance. Independientemente de los problemas ecológicos a considerar y los costos iniciales -que estoy seguro serían superados una vez ponderados VIS a VIS la salud nacional -mi visión de futuro no descartaría la opción de un Canal a Nivel. Facilitará el tránsito de barcos de todas las capacidades y en número inimaginable; los que se llegasen a desviar a otras rutas por las limitaciones actuales, regresarían por motivos de eficiencia, reducción en el tiempo de los trayectos y los costos. Aseguraría nuestra capacidad competitiva por un período superior al presente milenio, para garantizar una mejor vida a los hijos de nuestros hijos, los hijos de éstos y los otros por venir.
