Panamá y el informe Derechos Humanos 2000
Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Buró para la Democracia, los Derechos Humanos y Laborales, publicó su informe anual sobre la observancia de los derechos humanos en distintos países del orbe. Dicho informe le dispensa un número considerable de páginas a la República de Panamá, y en las mismas se aborda un amplio abanico de áreas temáticas. Al cabo de una detenida lectura del conjunto, y, en razón de que el contenido de una de las secciones del documento recoge, al calco, algunos señalamientos que hemos venido haciendo un número plural de ciudadanos(as) y organizaciones en torno al tema de la discriminación en Panamá, me he permitido reseñar en los párrafos que siguen la Sección 5 del informe precitado.
Bajo el subtítulo "Discriminación basada en raza, sexo religión, discapacitados, lenguaje o status social", el Informe Derechos Humanos 2000 del Departamento de Estado de los Estados Unidos expone sus consideraciones sobre la situación de las mujeres; los menores; los inmigrantes asiáticos, del medio oriente y la India; los discapacitados y los grupos étnicos en Panamá. Al tiempo que se indica que nuestra Constitución prohíbe los fueros y privilegios, Así como la discriminación sobre la base de raza, nacimiento, status, clase social, sexo, religión o ideas políticas, se señala que en Panamá persisten los prejuicios sociales. Los casos de discriminación, se consigna en el informe, son difíciles de probar y los recursos legales para las víctimas son complicados, consumen mucho tiempo y son costosos.
Uno de los sectores sociales objeto de especial atención en cuanto a la observancia de sus derechos lo es la mujer panameña. Los problemas de violencia doméstica, acoso sexual y discriminación en la esfera laboral merecieron varios comentarios. Se ha dado relevancia a la descalificación de muchas mujeres por razón de la edad (mayores de 35 años) y la "apariencia" al momento de la contratación de recursos humanos.
El documento apunta que la discriminación contra los indígenas es manifiesta y extendida; los asiáticos residentes en el país son abiertamente estigmatizados y los inmigrantes del medio oriente e hindúes son objeto de tratos discriminatorios por motivos raciales. El racismo contra los negros existe, aunque se expresa, generalmente, en términos más sutiles. Se subraya que éstos están ausentes de las posiciones de poder político y económico. Los afroantillanos, se indica en el texto, constituyen un blanco particular para los epítetos de connotación racial y tratos displicentes de parte de los ciudadanos y "también" de negros de aculturación hispánica. El aislamiento social de los afroantillanos es notorio en vista del hacinamiento en que viven en la económicamente deprimida provincia de Colón y otras
comunidades pobres de la ciudad de Panamá. Existe indiferencia de la clase política hacia los problemas de la población negra. Colón, la segunda ciudad de importancia del país, padece de notables carencias, se anota en el informe.
En el mismo hilo de ideas se recoge un tema más reciente, pero no menos preocupante: la denominada "reserva del derecho de admisión" que es esgrimido contra indígenas y negros, en algunos sitios públicos. En torno a este particular, se hace una referencia a un Anteproyecto de ley, cuya aprobación no prosperó en la Asamblea Legislativa el año pasado, que proponía penalizar los casos de discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, género e ideología. También se menciona que existe otro Anteproyecto, cuya discusión está pendiente, para regular el Derecho de Admisión en los establecimientos públicos y privados.
Por último, el documento del Departamento de Estado considera que la discriminación racial contra todos los grupos étnicos en Panamá es evidente en la esfera del empleo. Personas de "piel clara", consigna, aparecen de forma desproporcionada en posiciones de dirección y en puestos que requieren de trato con el público. Se ofrecen como ejemplos los(as) cajeros(as) en los bancos y las recepcionistas en las empresas. ¿Qué opinión le merece, amable lector, todo este asunto?
Bajo el subtítulo "Discriminación basada en raza, sexo religión, discapacitados, lenguaje o status social", el Informe Derechos Humanos 2000 del Departamento de Estado de los Estados Unidos expone sus consideraciones sobre la situación de las mujeres; los menores; los inmigrantes asiáticos, del medio oriente y la India; los discapacitados y los grupos étnicos en Panamá. Al tiempo que se indica que nuestra Constitución prohíbe los fueros y privilegios, Así como la discriminación sobre la base de raza, nacimiento, status, clase social, sexo, religión o ideas políticas, se señala que en Panamá persisten los prejuicios sociales. Los casos de discriminación, se consigna en el informe, son difíciles de probar y los recursos legales para las víctimas son complicados, consumen mucho tiempo y son costosos.
Uno de los sectores sociales objeto de especial atención en cuanto a la observancia de sus derechos lo es la mujer panameña. Los problemas de violencia doméstica, acoso sexual y discriminación en la esfera laboral merecieron varios comentarios. Se ha dado relevancia a la descalificación de muchas mujeres por razón de la edad (mayores de 35 años) y la "apariencia" al momento de la contratación de recursos humanos.
El documento apunta que la discriminación contra los indígenas es manifiesta y extendida; los asiáticos residentes en el país son abiertamente estigmatizados y los inmigrantes del medio oriente e hindúes son objeto de tratos discriminatorios por motivos raciales. El racismo contra los negros existe, aunque se expresa, generalmente, en términos más sutiles. Se subraya que éstos están ausentes de las posiciones de poder político y económico. Los afroantillanos, se indica en el texto, constituyen un blanco particular para los epítetos de connotación racial y tratos displicentes de parte de los ciudadanos y "también" de negros de aculturación hispánica. El aislamiento social de los afroantillanos es notorio en vista del hacinamiento en que viven en la económicamente deprimida provincia de Colón y otras
comunidades pobres de la ciudad de Panamá. Existe indiferencia de la clase política hacia los problemas de la población negra. Colón, la segunda ciudad de importancia del país, padece de notables carencias, se anota en el informe.
En el mismo hilo de ideas se recoge un tema más reciente, pero no menos preocupante: la denominada "reserva del derecho de admisión" que es esgrimido contra indígenas y negros, en algunos sitios públicos. En torno a este particular, se hace una referencia a un Anteproyecto de ley, cuya aprobación no prosperó en la Asamblea Legislativa el año pasado, que proponía penalizar los casos de discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, género e ideología. También se menciona que existe otro Anteproyecto, cuya discusión está pendiente, para regular el Derecho de Admisión en los establecimientos públicos y privados.
Por último, el documento del Departamento de Estado considera que la discriminación racial contra todos los grupos étnicos en Panamá es evidente en la esfera del empleo. Personas de "piel clara", consigna, aparecen de forma desproporcionada en posiciones de dirección y en puestos que requieren de trato con el público. Se ofrecen como ejemplos los(as) cajeros(as) en los bancos y las recepcionistas en las empresas. ¿Qué opinión le merece, amable lector, todo este asunto?
