Panamá y la Corte Penal Internacional
La impunidad ha estado al orden del día durante mucho tiempo a nivel mundial. La obligación de los Estados de enjuiciar a las personas sospechosas de la comisión de graves crímenes contra la normativa internacional, no ha sido siempre cumplida por todos a cabalidad. Las atrocidades y desmanes que demasiado a menudo han quedado o quedan impunes, han dejado millones de niños, mujeres y hombres víctimas de las más horribles atrocidades "que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad".
Luego de muchos años de ardua labor, la soñada posibilidad de establecer un Tribunal Penal Internacional realmente eficaz y con suficiente competencia para tomar las medidas adecuadas que le permitan cumplir su cometido, está próxima a ser realidad. Ello debe llenar de júbilo a los amantes de la paz y a los enemigos de la violencia, aun cuando provoca todo tipo de reacciones en quienes han hecho del autoritarismo y la violencia el norte de su actuar.
Reunidos en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998, más de cien Estados respaldaron con su firma el establecimiento de la Corte Penal Internacional. El hoy, ya conocido, Estatuto de Roma, contiene 128 artículos cuyo contenido busca "garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera" y más de 119 países han firmado el mismo. Panamá estaba entre los países firmantes. Países como Barbados, Botswana, España, Fiji, Francia, Guinea, Italia, Jamaica, Kuwait, República Dominicana, Lesotho, Luxemburgo, Marruecos, México, Moldavia, Noruega, Nueva Zelandia, San Marino, Senegal, Sudán, Trinidad y Tobago, Venezuela, han procedido a cumplir con el proceso de ratificación. Sin embargo, a la fecha de hoy, Panamá no ha ratificado tan importante Estatuto -podrá usted creer- porque a los rectores del Ministerio Público y del "rgano Judicial simple y llanamente "no les conviene".
La Corte Penal Internacional (CPI) será una Corte Penal permanente con jurisdicción mundial encargada de procesar a individuos acusados de la comisión de los más graves crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. La CPI hará posible que por primera vez la comunidad internacional pueda imponer directamente a los individuos la obligación de respetar los derechos fundamentales de las personas.
Como es sabido, en la actualidad no existe ninguna organización permanente que pueda hacer responsable al individuo por violaciones del Derecho Internacional, lo cual ha afectado de sobremanera un desarrollo más armónico del Derecho Internacional Humanitario. Si, por cualquier razón, los sistemas judiciales de los países afectados están incapacitados de juzgar a un individuo o no tienen la intención de hacerlo, existen muy pocas opciones abiertas a la comunidad internacional para hacer justicia. Al centrarse en los transgresores individuales el Derecho Internacional se hará más justo y eficaz. Una Corte PenaI Internacional efectiva complementaría la labor de tribunales de justicia paralizados o atados de manos, su existencia daría a futuros dictadores del tipo de Pol Pot, Pinochet o Suharto el mensaje de que no habrá impunidad para ellos y les disuadiría de ejecutar matanzas.
El mantenimiento de la paz internacional también se beneficiará con la existencia de una Corte Penal Internacional, puesto que -al hacer justicia- cerrará las heridas y resentimientos generados por los conflictos del pasado. La persistente violencia en Somalia, Bosnia, Ruanda, Haití, Colombia y otros lugares muestran que, en la medida en que las poblaciones piensen que no se ha hecho justicia, la violencia continuará.
Urge, entonces, que nuestro país no dilate más la ratificación del Estatuto de Roma y participemos de tan significativo progreso de la humanidad que busca ponerle coto a los constantes ciclos de impunidad que disfrutan los enemigos de la libertad y la paz.
Como lo expresara el Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, durante el debate en la plenaria del Parlamento de su país: "La decisión de establecer una Corte Penal Internacional permanente es, desde el punto de vista del gobierno, un gran avance en el Derecho Internacional...La Corte hará posible que la comunidad internacional reduzca el tiempo de inacción cuando se enfrente a los más serios crímenes a escala internacional...". Los rectores de los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo en Panamá, tienen la palabra. Su silencio los convierte en cómplices, por omisión, de que Panamá ingrese en la lista negra de los apadrinadores de la impunidad.
Luego de muchos años de ardua labor, la soñada posibilidad de establecer un Tribunal Penal Internacional realmente eficaz y con suficiente competencia para tomar las medidas adecuadas que le permitan cumplir su cometido, está próxima a ser realidad. Ello debe llenar de júbilo a los amantes de la paz y a los enemigos de la violencia, aun cuando provoca todo tipo de reacciones en quienes han hecho del autoritarismo y la violencia el norte de su actuar.
Reunidos en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1998, más de cien Estados respaldaron con su firma el establecimiento de la Corte Penal Internacional. El hoy, ya conocido, Estatuto de Roma, contiene 128 artículos cuyo contenido busca "garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera" y más de 119 países han firmado el mismo. Panamá estaba entre los países firmantes. Países como Barbados, Botswana, España, Fiji, Francia, Guinea, Italia, Jamaica, Kuwait, República Dominicana, Lesotho, Luxemburgo, Marruecos, México, Moldavia, Noruega, Nueva Zelandia, San Marino, Senegal, Sudán, Trinidad y Tobago, Venezuela, han procedido a cumplir con el proceso de ratificación. Sin embargo, a la fecha de hoy, Panamá no ha ratificado tan importante Estatuto -podrá usted creer- porque a los rectores del Ministerio Público y del "rgano Judicial simple y llanamente "no les conviene".
La Corte Penal Internacional (CPI) será una Corte Penal permanente con jurisdicción mundial encargada de procesar a individuos acusados de la comisión de los más graves crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario: el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. La CPI hará posible que por primera vez la comunidad internacional pueda imponer directamente a los individuos la obligación de respetar los derechos fundamentales de las personas.
Como es sabido, en la actualidad no existe ninguna organización permanente que pueda hacer responsable al individuo por violaciones del Derecho Internacional, lo cual ha afectado de sobremanera un desarrollo más armónico del Derecho Internacional Humanitario. Si, por cualquier razón, los sistemas judiciales de los países afectados están incapacitados de juzgar a un individuo o no tienen la intención de hacerlo, existen muy pocas opciones abiertas a la comunidad internacional para hacer justicia. Al centrarse en los transgresores individuales el Derecho Internacional se hará más justo y eficaz. Una Corte PenaI Internacional efectiva complementaría la labor de tribunales de justicia paralizados o atados de manos, su existencia daría a futuros dictadores del tipo de Pol Pot, Pinochet o Suharto el mensaje de que no habrá impunidad para ellos y les disuadiría de ejecutar matanzas.
El mantenimiento de la paz internacional también se beneficiará con la existencia de una Corte Penal Internacional, puesto que -al hacer justicia- cerrará las heridas y resentimientos generados por los conflictos del pasado. La persistente violencia en Somalia, Bosnia, Ruanda, Haití, Colombia y otros lugares muestran que, en la medida en que las poblaciones piensen que no se ha hecho justicia, la violencia continuará.
Urge, entonces, que nuestro país no dilate más la ratificación del Estatuto de Roma y participemos de tan significativo progreso de la humanidad que busca ponerle coto a los constantes ciclos de impunidad que disfrutan los enemigos de la libertad y la paz.
Como lo expresara el Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, durante el debate en la plenaria del Parlamento de su país: "La decisión de establecer una Corte Penal Internacional permanente es, desde el punto de vista del gobierno, un gran avance en el Derecho Internacional...La Corte hará posible que la comunidad internacional reduzca el tiempo de inacción cuando se enfrente a los más serios crímenes a escala internacional...". Los rectores de los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo en Panamá, tienen la palabra. Su silencio los convierte en cómplices, por omisión, de que Panamá ingrese en la lista negra de los apadrinadores de la impunidad.
