Panamá y la lista negra
La naturaleza intervencionista e irracional del GAFI quedó al descubierto con los acuerdos de su última reunión en Madrid. No obstante que Panamá cumplió con la exigencia de incorporar nuevas modalidades de lavado de dinero a su legislación penal, procesal y bancaria, los estados miembros del autodenominado Grupo de Acción Financiera Internacional, que carece de reconocimiento internacional, mantuvieron a nuestro país en la lista de países no cooperadores, sin importarles para nada las consecuencias que conlleva para la estabilidad del centro bancario y la imagen internacional.
¿ Qué es, en última instancia, el GAFI?, ¿a qué intereses responde?, ¿quién les ha autorizado que asuman el papel de fiscales del sistema financiero internacional? El GAFI responde a una decisión de Estados Unidos, naciones de la Comunidad Europea, incluyendo México y Argentina, al margen de los foros internacionales, y por tanto sus decisiones lesionan los principios de la economía libre y sobre todo vulneran la soberanía jurídica de los países involucrados. El GAFI pretende regular la normativa financiera en función de los intereses de sus miembros, pasando por encima de la OMC y de las organizaciones bancarias. A lo que el GAFI aspira es a que los bancos panameños investiguen si las transacciones se originan por depósitos de sus ciudadanos y sus empresas procedentes de evasiones fiscales, corrupción, sobornos, tráfico de armas u otras actividades no tipificadas antes como delitos por la legislación panameña. En otras palabras, lo que buscan es que Panamá actúe como agencia suplementaria de sus organismos fiscales, y que sancionemos los ingresos monetarios que ellos no consiguieron detectar como enriquecimiento ilícito. Significativamente, Suiza no figura en la lista negra integrada en un noventa por ciento por países subdesarrollados.
Voceros representativos como el legislador Dick Arney de la cámara de representantes de Estados Unidos critican acremente al GAFI por su intromisión en las decisiones soberanas de países en materia financiera para atraer la instalación de sucursales bancarias, aferrándose al principio de libre competencia empresarial.
Compete a Panamá una respuesta mesurada pero enérgica a cada uno de los países miembros del GAFI, expresando su insatisfacción por no tomar en cuenta la actitud responsable con que se actuó en este caso, modificando la legislación adecuándola al criterio fiscalizador de los estados desarrollados y enviando delegaciones diplomáticas para explicar la posición nacional. Al parecer, todo este esfuerzo fue inútil. Pero no debemos perder la esperanza de que la medida se revoque. Amanecerá y veremos.
¿ Qué es, en última instancia, el GAFI?, ¿a qué intereses responde?, ¿quién les ha autorizado que asuman el papel de fiscales del sistema financiero internacional? El GAFI responde a una decisión de Estados Unidos, naciones de la Comunidad Europea, incluyendo México y Argentina, al margen de los foros internacionales, y por tanto sus decisiones lesionan los principios de la economía libre y sobre todo vulneran la soberanía jurídica de los países involucrados. El GAFI pretende regular la normativa financiera en función de los intereses de sus miembros, pasando por encima de la OMC y de las organizaciones bancarias. A lo que el GAFI aspira es a que los bancos panameños investiguen si las transacciones se originan por depósitos de sus ciudadanos y sus empresas procedentes de evasiones fiscales, corrupción, sobornos, tráfico de armas u otras actividades no tipificadas antes como delitos por la legislación panameña. En otras palabras, lo que buscan es que Panamá actúe como agencia suplementaria de sus organismos fiscales, y que sancionemos los ingresos monetarios que ellos no consiguieron detectar como enriquecimiento ilícito. Significativamente, Suiza no figura en la lista negra integrada en un noventa por ciento por países subdesarrollados.
Voceros representativos como el legislador Dick Arney de la cámara de representantes de Estados Unidos critican acremente al GAFI por su intromisión en las decisiones soberanas de países en materia financiera para atraer la instalación de sucursales bancarias, aferrándose al principio de libre competencia empresarial.
Compete a Panamá una respuesta mesurada pero enérgica a cada uno de los países miembros del GAFI, expresando su insatisfacción por no tomar en cuenta la actitud responsable con que se actuó en este caso, modificando la legislación adecuándola al criterio fiscalizador de los estados desarrollados y enviando delegaciones diplomáticas para explicar la posición nacional. Al parecer, todo este esfuerzo fue inútil. Pero no debemos perder la esperanza de que la medida se revoque. Amanecerá y veremos.
