Panamá y los convenios de intercambio de información
La presión que ejercen ciertos países sobre Panamá para obligarnos a celebrar convenios de intercambio de información fiscal es cada vez más intensa, y hace imprescindible que el Gobierno entrante la enfrente de manera firme, atendiendo a los intereses nacionales. El éxito que Panamá ha alcanzado como centro internacional de servicios financieros, bancarios y de marina mercante, se ha traducido por décadas en indudables beneficios al país, como se aprecia en su contribución al producto interno bruto y en la generación y mantenimiento de empleos para miles de panameños.
Ese éxito se debe en gran medida a dos elementos: un sistema tributario basado en la fuente territorial (sólo se gravan los ingresos que se generan dentro del territorio de la República de Panamá) y la profesionalidad, dinamismo, eficiencia y seriedad de los prestadores de estos servicios.
Otros países compiten con Panamá en la prestación de servicios internacionales y tratan de incrementar su cuota de negocio a expensas de la nuestra. Esta competencia es intensa, y no resulta solamente de plazas como Islas Cayman, las Islas Vírgenes Británicas, Vanuatu, sino también de países desarrollados como Suiza y Luxemburgo.
Pero en adición a esta competencia global, Panamá ha enfrentado y continúa enfrentando amenazas surgidas de diversas iniciativas adoptadas por organizaciones multilaterales, tales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Foro de Estabilización Financiera y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y por medidas discriminatorias y sanciones impuestas por otros países, tendientes a regular las transacciones financieras transfronterizas. Curiosamente, Suiza y Luxemburgo son miembros de la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), formada por 30 países de un alto nivel de desarrollo económico, tiene entre sus fines defender los intereses económicos de los Estados miembros a través de una lucha contra la evasión fiscal de sus ciudadanos.
En julio de 2000, la OCDE emitió una lista de "paraísos fiscales" que incluye a Panamá, y señaló un fecha límite para que los países señalados se comprometieran a eliminar lo que esa organización denomina "prácticas nocivas".
Salta a la vista que lo que la OCDE persigue es que los países listados como paraísos fiscales actúen como policías tributarios de sus miembros recabando la información de las transacciones que sus ciudadanos realicen en el extranjero e intercambien dicha información con los miembros de esa organización.
La República de Panamá ha manifestado su disposición a definir reglas y mecanismos que permitan combatir el crimen transfronterizo y un intercambio de información, siempre y cuando se dé un trato igualitario y no discriminatorio ("level playing field") entre los países y territorios que prestan servicios internacionales.
Así, en abril de 2002, nuestro país envió a la OCDE una carta en la que se comprometió a aplicar los principios de transparencia e intercambio de información tributaria, entre otras, bajo la condición de que se respetara el derecho soberano de Panamá de aplicar el sistema tributario más apropiado a sus intereses, y se respetara el citado principio del "level playing field".
Como la OCDE ha sido incapaz de aplicar un trato igualitario y no discriminatorio por su incapacidad o falta de voluntad para aplicarle a Suiza y Luxemburgo y otros las medidas que solicita a Panamá, ciertos países como México, Brasil, Argentina, Venezuela, Perú, Chile, España e Italia han adoptado medidas unilaterales elaborando sus propias listas de "paraísos fiscales", en los cuales han incluido a Panamá.
Panamá ha respondido a este ataque, con la adopción de la Ley No. 58 de 2002, mejor conocida como la Ley de Retorsión, que restringe la participación de empresas, instituciones o ciudadanos de estos países que discriminan contra Panamá, para participar en actos de selección de contratistas o concesionarios de carácter nacional o internacional convocados por una entidad pública panameña.
Si Panamá desea preservar su competitividad frente a los demás centros de servicios internacionales, no puede cambiar su sistema territorial tributario ni ceder ante las presiones y amenazas de la OCDE y de los países que nos han incluido en listas negras para imponernos convenios de intercambio de información fiscal, hasta tanto se acuerden las reglas y mecanismos que aseguren un tratamiento igualitario y no discriminatorio entre los centros financieros internacionales.
Hacer lo contrario, sería propiciar, sin recibir ningún beneficio tangible a cambio, la destrucción de una actividad que es parte importante de nuestra economía.
Ese éxito se debe en gran medida a dos elementos: un sistema tributario basado en la fuente territorial (sólo se gravan los ingresos que se generan dentro del territorio de la República de Panamá) y la profesionalidad, dinamismo, eficiencia y seriedad de los prestadores de estos servicios.
Otros países compiten con Panamá en la prestación de servicios internacionales y tratan de incrementar su cuota de negocio a expensas de la nuestra. Esta competencia es intensa, y no resulta solamente de plazas como Islas Cayman, las Islas Vírgenes Británicas, Vanuatu, sino también de países desarrollados como Suiza y Luxemburgo.
Pero en adición a esta competencia global, Panamá ha enfrentado y continúa enfrentando amenazas surgidas de diversas iniciativas adoptadas por organizaciones multilaterales, tales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Foro de Estabilización Financiera y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y por medidas discriminatorias y sanciones impuestas por otros países, tendientes a regular las transacciones financieras transfronterizas. Curiosamente, Suiza y Luxemburgo son miembros de la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), formada por 30 países de un alto nivel de desarrollo económico, tiene entre sus fines defender los intereses económicos de los Estados miembros a través de una lucha contra la evasión fiscal de sus ciudadanos.
En julio de 2000, la OCDE emitió una lista de "paraísos fiscales" que incluye a Panamá, y señaló un fecha límite para que los países señalados se comprometieran a eliminar lo que esa organización denomina "prácticas nocivas".
Salta a la vista que lo que la OCDE persigue es que los países listados como paraísos fiscales actúen como policías tributarios de sus miembros recabando la información de las transacciones que sus ciudadanos realicen en el extranjero e intercambien dicha información con los miembros de esa organización.
La República de Panamá ha manifestado su disposición a definir reglas y mecanismos que permitan combatir el crimen transfronterizo y un intercambio de información, siempre y cuando se dé un trato igualitario y no discriminatorio ("level playing field") entre los países y territorios que prestan servicios internacionales.
Así, en abril de 2002, nuestro país envió a la OCDE una carta en la que se comprometió a aplicar los principios de transparencia e intercambio de información tributaria, entre otras, bajo la condición de que se respetara el derecho soberano de Panamá de aplicar el sistema tributario más apropiado a sus intereses, y se respetara el citado principio del "level playing field".
Como la OCDE ha sido incapaz de aplicar un trato igualitario y no discriminatorio por su incapacidad o falta de voluntad para aplicarle a Suiza y Luxemburgo y otros las medidas que solicita a Panamá, ciertos países como México, Brasil, Argentina, Venezuela, Perú, Chile, España e Italia han adoptado medidas unilaterales elaborando sus propias listas de "paraísos fiscales", en los cuales han incluido a Panamá.
Panamá ha respondido a este ataque, con la adopción de la Ley No. 58 de 2002, mejor conocida como la Ley de Retorsión, que restringe la participación de empresas, instituciones o ciudadanos de estos países que discriminan contra Panamá, para participar en actos de selección de contratistas o concesionarios de carácter nacional o internacional convocados por una entidad pública panameña.
Si Panamá desea preservar su competitividad frente a los demás centros de servicios internacionales, no puede cambiar su sistema territorial tributario ni ceder ante las presiones y amenazas de la OCDE y de los países que nos han incluido en listas negras para imponernos convenios de intercambio de información fiscal, hasta tanto se acuerden las reglas y mecanismos que aseguren un tratamiento igualitario y no discriminatorio entre los centros financieros internacionales.
Hacer lo contrario, sería propiciar, sin recibir ningún beneficio tangible a cambio, la destrucción de una actividad que es parte importante de nuestra economía.
