Panorama 99: Un nuevo pacto ético electoral
Con la conspicua ausencia del PRD y en atención a la convocatoria de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica panameña, el pasado 9 de febrero se reunieron los representantes de todos los partidos políticos que participarán en las elecciones de 1999 con los dirigentes de esa comisión, que preside el rector de la Universidad Santa María, con el propósito de revisar y firmar el Segundo Pacto Etico Electoral.
Este compromiso, eminentemente moral, apareció en la vida política panameña en la etapa previa a las elecciones de 1994 y en esa ocasión fue firmado, como seguramente ocurrirá esta vez, por todos los partidos políticos.
Entonces fue una contribución positiva, para establecer un marco ético para el comportamiento de las fuerzas que contendieron en el pasado torneo electoral.
Sin embargo, es importante destacar que las condiciones que rodearon al torneo anterior no son muy distintas a las que iremos durante el próximo proceso electoral.
El gobierno anterior, que presidió Guillermo Endara honró hasta las últimas consecuencias, su compromiso de darle al país unas elecciones como nunca se habían visto en Panamá.
Propios y extraños reconocen que las elecciones de 1994 han sido las más transparentes de nuestra historia republicana que es, salvo un par de contadas excepciones, un registro de iniquidades, trampas, fraudes y arbitrariedades que tuvo como colofón ignominioso al proceso electoral de 1989, cuando el gobierno de turno, que compartían el PRD y los curteles, ante la imposibilidad de repetir el fraude de 1984, anuló las elecciones.
Lo que ocurrió después de ese aciago y vergonzoso episodio es historia muy reciente y todos la recordamos.
El gobierno anterior fue neutral; no se aprovechó de los recursos del Estado para aupar candidaturas; respetó la independencia del Tribunal y le dio todo el respaldo económico que necesitó para cumplir su función.
Adicionalmente, los partidos que hoy conforman el campo de la oposición dieron ejemplos de hidalguía política, en mi opinión, hasta rebasar los límites de la candidez, al abstenerse durante la campaña de recordarle al PRD, con la contundencia que merecía, sus ejecutorias pasadas y, especialmente, sus fechorías durante el proceso electoral de 1989 y su participación y aprobación de la anulación de las elecciones de ese año.
Dudo que alguien, en su sano juicio, pueda atreverse a comparar la conducta del gobierno de Guillermo Endara con la que viene observándose hasta el presente, de parte de los sectores que actualmente detentan el poder.
Pruebas hay, e innumerables, de que quienes hoy gobiernan están dispuestos a hacer lo que sea con tal de retener el poder. Ya han incurrido en más de una violación no solamente ética, sino también legal y reiteradamente nos ponen de manifiesto sus verdaderas intenciones.
En esas condiciones, es válida la preocupación expresada por muchos sectores de la oposición y de la ciudanía en general que dudan de la conveniencia de concurrir, junto con el PRD y sus aliados, a la suscripción de este nuevo Pacto Etico Electoral.
Hay, en la mayoría del país, la convicción de que el PRD no tiene intención de cumplir con las normas de ese compromiso.
Yo comparto esa opinión. Para mí el partido gobernante se arropará de hiprocresía y estará él primero en la fila con la pluma lista para firmar, pero también para no cumplir.
El cumplimiento de los compromisos políticos morales depende del grado de moralidad política de quienes los suscriben y está más que comprobado que ese no es un artículo de consumo en las toldas del PRD.
Así las cosas, cabe preguntar: ¿Vista la conducta que despliega el sector oficialista, servirá de algo sucribir un nuevo Pacto Etico Electoral? ¿Podemos esperar que quienes no han honrado los compromisos suscritos en los encuentros de Coronado cumplan con este nuevo acuerdo?
Dos posiciones pueden tomarse: Una, no firmarlo; la otra, firmarlo y exigir su cumplimiento.
A pesar de mis profundas reservas y justificada desconfianza en el PRD, creo que los partidos de la oposición deben atender el llamado de la Iglesia Católica, pero también deben exigir que, desde ahora, desde este mismo instante, el gobierno y su brazo político den pruebas de que respetarán lo firmado.
A partir de la firma de este instrumento, quienes hemos dado muestra de moralidad política, tenemos la autoridad y el derecho de exigirla a quienes gobiernan. Y no debemos tolerar sin denunciarla ninguna transgresión, por mínima que esta sea.
Este compromiso, eminentemente moral, apareció en la vida política panameña en la etapa previa a las elecciones de 1994 y en esa ocasión fue firmado, como seguramente ocurrirá esta vez, por todos los partidos políticos.
Entonces fue una contribución positiva, para establecer un marco ético para el comportamiento de las fuerzas que contendieron en el pasado torneo electoral.
Sin embargo, es importante destacar que las condiciones que rodearon al torneo anterior no son muy distintas a las que iremos durante el próximo proceso electoral.
El gobierno anterior, que presidió Guillermo Endara honró hasta las últimas consecuencias, su compromiso de darle al país unas elecciones como nunca se habían visto en Panamá.
Propios y extraños reconocen que las elecciones de 1994 han sido las más transparentes de nuestra historia republicana que es, salvo un par de contadas excepciones, un registro de iniquidades, trampas, fraudes y arbitrariedades que tuvo como colofón ignominioso al proceso electoral de 1989, cuando el gobierno de turno, que compartían el PRD y los curteles, ante la imposibilidad de repetir el fraude de 1984, anuló las elecciones.
Lo que ocurrió después de ese aciago y vergonzoso episodio es historia muy reciente y todos la recordamos.
El gobierno anterior fue neutral; no se aprovechó de los recursos del Estado para aupar candidaturas; respetó la independencia del Tribunal y le dio todo el respaldo económico que necesitó para cumplir su función.
Adicionalmente, los partidos que hoy conforman el campo de la oposición dieron ejemplos de hidalguía política, en mi opinión, hasta rebasar los límites de la candidez, al abstenerse durante la campaña de recordarle al PRD, con la contundencia que merecía, sus ejecutorias pasadas y, especialmente, sus fechorías durante el proceso electoral de 1989 y su participación y aprobación de la anulación de las elecciones de ese año.
Dudo que alguien, en su sano juicio, pueda atreverse a comparar la conducta del gobierno de Guillermo Endara con la que viene observándose hasta el presente, de parte de los sectores que actualmente detentan el poder.
Pruebas hay, e innumerables, de que quienes hoy gobiernan están dispuestos a hacer lo que sea con tal de retener el poder. Ya han incurrido en más de una violación no solamente ética, sino también legal y reiteradamente nos ponen de manifiesto sus verdaderas intenciones.
En esas condiciones, es válida la preocupación expresada por muchos sectores de la oposición y de la ciudanía en general que dudan de la conveniencia de concurrir, junto con el PRD y sus aliados, a la suscripción de este nuevo Pacto Etico Electoral.
Hay, en la mayoría del país, la convicción de que el PRD no tiene intención de cumplir con las normas de ese compromiso.
Yo comparto esa opinión. Para mí el partido gobernante se arropará de hiprocresía y estará él primero en la fila con la pluma lista para firmar, pero también para no cumplir.
El cumplimiento de los compromisos políticos morales depende del grado de moralidad política de quienes los suscriben y está más que comprobado que ese no es un artículo de consumo en las toldas del PRD.
Así las cosas, cabe preguntar: ¿Vista la conducta que despliega el sector oficialista, servirá de algo sucribir un nuevo Pacto Etico Electoral? ¿Podemos esperar que quienes no han honrado los compromisos suscritos en los encuentros de Coronado cumplan con este nuevo acuerdo?
Dos posiciones pueden tomarse: Una, no firmarlo; la otra, firmarlo y exigir su cumplimiento.
A pesar de mis profundas reservas y justificada desconfianza en el PRD, creo que los partidos de la oposición deben atender el llamado de la Iglesia Católica, pero también deben exigir que, desde ahora, desde este mismo instante, el gobierno y su brazo político den pruebas de que respetarán lo firmado.
A partir de la firma de este instrumento, quienes hemos dado muestra de moralidad política, tenemos la autoridad y el derecho de exigirla a quienes gobiernan. Y no debemos tolerar sin denunciarla ninguna transgresión, por mínima que esta sea.
