Para aquellos funcionarios que creen que lo serán siempre
EL 9 DE ABRIL de 1991, minutos después que fuera comunicado que la Presidencia de la República había aceptado mi renuncia como Alcalde del Distrito Capital, tras recoger mis asuntos personales, visité cada piso de la Alcaldía; me despedía de cada uno de los que tan diligentemente habían colaborado durante mi efímera gestión. Detrás de mí no venía ninguno de mis tres hermanos ni ningún primo, porque no nombré allí a ningún familiar.
En ese cargo, olvidándome del partido político al que pertenecía, procuré servir a todos por igual. Ex colegas legisladores del PRD, quizás con razón sintiéndose perseguidos, encontraron mi mano amiga; Camilo Gozaine, Raúl Montenegro, Luis Navas, Alfredo Oranges y otros más podrán dar fe de eso. Si alguien me pidió que presentara alguna denuncia en contra de Lucho Gómez, simplemente rehusé a hacerlo. Mi trabajo era reconstruir el pedazo de país que me habían confiado, no seguir ayudando a dividirlo más.
Algunos se molestaron porque mandé a la Procuraduría los expedientes que encontré engavetados en mi escritorio del último alcalde nombrado por los militares, de investigaciones realizadas por ellos, y que culminaron con el arresto por 17 meses del ex Tesorero Municipal de Panamá y entonces legislador, Elías Castillo.
Hoy, al igual que ayer me cuestionan, esta vez, no por lo que hago en un cargo público, sino por lo que llevo a cabo en el ejercicio legítimo de mi profesión de abogado litigante.
Me preguntan, ¿cómo es que tú, por defender a Figali, te tengas que ir en contra del administrador de la AMP, Rubén Arosemena, amigo y copartidario tuyo de tantos años?
Hasta me hablan de la reputación de mi cliente, como si lo que estuviese en el tapete fuese la discusión de la reputación de alguien; algo tan poco subjetivo que no nos corresponde hacer a los abogados que ante todo luchamos porque la legalidad se respete, sobre todo, como bien dice el Señor, "quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra".
Como funcionario que he sido por 33 años como profesor en la Universidad de Panamá, como Alcalde y como Legislador, siempre he evitado que pudiesen acusarme de abuso de autoridad, de incumplimiento de mis funciones públicas, menos de ignorancia de la Ley.
Por eso, cuando me adentro al conocimiento de un caso en donde a todas luces se evidencia el interés de "alguien" de hacerse de las concesiones de mi representado, escudriño con el mayor detalle las actuaciones administrativas que contienen las drásticas medidas impuestas a la Marina y otras concesiones de Figali, en el caso de la AMP, revocando dos concesiones legalmente otorgadas.
Con el concurso de otros expertos, que parecieran escasear en algunas oficinas públicas, nos damos cuenta de los disparates jurídicos y los horribles entuertos generados en la decisión que ponen a firmar a Rubén Arosemena Valdés, no sé si habiéndola él revisado antes.
Estas actuaciones, por los daños y perjuicios que originan, y por las implicaciones que podrían tener en el futuro para otros concesionarios estatales, son susceptibles de comprometer a nivel personal por la vía ordinaria a los funcionarios que las toman, tal como lo menciona el Código Judicial en su artículo 2627.
Cuando esa herramienta de resarcimiento que nuestro procedimiento procesal establece sea comenzada a utilizar por las tantas personas que son violadas en sus derechos por funcionarios abusivos, esos que creen que lo serán eternamente, comenzarán a poner los pies sobre la tierra y, de paso, se empezarán a respetar más los derechos de los gobernados.
Como conozco tan bien a Rubén, sé que desde 1984, creo que casi desde que se gradúo de abogado, ha estado en alguna oficina pública, ya como suplente de Representante y de Legislador, como Secretario General de la Asamblea Legislativa -cargo al que lo recomendé-, como Legislador y por la posición que tiene hoy.
A este gobierno le faltan escasos dos años y dos meses, ¿por qué, entonces, faltando tan poco para que finalice una gestión gubernamental, hay importantes funcionarios que se dejan utilizar por quienes, con agendas ocultas, mala fe e intereses muy definidos, pretenden pisotear los derechos de los demás? Cosa que difícilmente podrán hacer, porque para eso habemos los que sabemos pelear en esos escenarios adversos, pero que, por lo desapegado que tales acciones están de la Ley, al final la justicia se impondrá.
Los puestos públicos son efímeros. El que el poder se suba a la cabeza es una enfermedad milenaria, que sólo se cura cuando empezamos a darnos cuenta que ya no nos dicen "Señor Vicepresidente", ni señor "Administrador", sino simplemente como nos llamamos.
Por eso, tanto a mi esposa como a mis hijos y a mis amigos les encanta caminar conmigo, sobre todo en los lugares más humildes, y darse cuenta que con cariño todos me recuerdan como simplemente "Willy".
En ese cargo, olvidándome del partido político al que pertenecía, procuré servir a todos por igual. Ex colegas legisladores del PRD, quizás con razón sintiéndose perseguidos, encontraron mi mano amiga; Camilo Gozaine, Raúl Montenegro, Luis Navas, Alfredo Oranges y otros más podrán dar fe de eso. Si alguien me pidió que presentara alguna denuncia en contra de Lucho Gómez, simplemente rehusé a hacerlo. Mi trabajo era reconstruir el pedazo de país que me habían confiado, no seguir ayudando a dividirlo más.
Algunos se molestaron porque mandé a la Procuraduría los expedientes que encontré engavetados en mi escritorio del último alcalde nombrado por los militares, de investigaciones realizadas por ellos, y que culminaron con el arresto por 17 meses del ex Tesorero Municipal de Panamá y entonces legislador, Elías Castillo.
Hoy, al igual que ayer me cuestionan, esta vez, no por lo que hago en un cargo público, sino por lo que llevo a cabo en el ejercicio legítimo de mi profesión de abogado litigante.
Me preguntan, ¿cómo es que tú, por defender a Figali, te tengas que ir en contra del administrador de la AMP, Rubén Arosemena, amigo y copartidario tuyo de tantos años?
Hasta me hablan de la reputación de mi cliente, como si lo que estuviese en el tapete fuese la discusión de la reputación de alguien; algo tan poco subjetivo que no nos corresponde hacer a los abogados que ante todo luchamos porque la legalidad se respete, sobre todo, como bien dice el Señor, "quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra".
Como funcionario que he sido por 33 años como profesor en la Universidad de Panamá, como Alcalde y como Legislador, siempre he evitado que pudiesen acusarme de abuso de autoridad, de incumplimiento de mis funciones públicas, menos de ignorancia de la Ley.
Por eso, cuando me adentro al conocimiento de un caso en donde a todas luces se evidencia el interés de "alguien" de hacerse de las concesiones de mi representado, escudriño con el mayor detalle las actuaciones administrativas que contienen las drásticas medidas impuestas a la Marina y otras concesiones de Figali, en el caso de la AMP, revocando dos concesiones legalmente otorgadas.
Con el concurso de otros expertos, que parecieran escasear en algunas oficinas públicas, nos damos cuenta de los disparates jurídicos y los horribles entuertos generados en la decisión que ponen a firmar a Rubén Arosemena Valdés, no sé si habiéndola él revisado antes.
Estas actuaciones, por los daños y perjuicios que originan, y por las implicaciones que podrían tener en el futuro para otros concesionarios estatales, son susceptibles de comprometer a nivel personal por la vía ordinaria a los funcionarios que las toman, tal como lo menciona el Código Judicial en su artículo 2627.
Cuando esa herramienta de resarcimiento que nuestro procedimiento procesal establece sea comenzada a utilizar por las tantas personas que son violadas en sus derechos por funcionarios abusivos, esos que creen que lo serán eternamente, comenzarán a poner los pies sobre la tierra y, de paso, se empezarán a respetar más los derechos de los gobernados.
Como conozco tan bien a Rubén, sé que desde 1984, creo que casi desde que se gradúo de abogado, ha estado en alguna oficina pública, ya como suplente de Representante y de Legislador, como Secretario General de la Asamblea Legislativa -cargo al que lo recomendé-, como Legislador y por la posición que tiene hoy.
A este gobierno le faltan escasos dos años y dos meses, ¿por qué, entonces, faltando tan poco para que finalice una gestión gubernamental, hay importantes funcionarios que se dejan utilizar por quienes, con agendas ocultas, mala fe e intereses muy definidos, pretenden pisotear los derechos de los demás? Cosa que difícilmente podrán hacer, porque para eso habemos los que sabemos pelear en esos escenarios adversos, pero que, por lo desapegado que tales acciones están de la Ley, al final la justicia se impondrá.
Los puestos públicos son efímeros. El que el poder se suba a la cabeza es una enfermedad milenaria, que sólo se cura cuando empezamos a darnos cuenta que ya no nos dicen "Señor Vicepresidente", ni señor "Administrador", sino simplemente como nos llamamos.
Por eso, tanto a mi esposa como a mis hijos y a mis amigos les encanta caminar conmigo, sobre todo en los lugares más humildes, y darse cuenta que con cariño todos me recuerdan como simplemente "Willy".
