¿Para dónde vamos?
Como muy bien se explica en wilkipedia, la expresión criminalización de la protesta social o activismo social es utilizada para referirse a la aplicación del código penal y los delitos y penas que el mismo contempla, a modalidades del activismo y de la protesta social, con el fin de debilitarla o desorganizarla. Es una estrategia del Estado, aplicado por gobiernos o la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas sociales, pudiendo manifestarse también en otras medidas que —fuera de la ley y gradualmente— consistirían en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes actúan motivados por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas. Quienes estarían a cargo de inducir a la deslegitimación de los activistas y movimientos sociales serían políticos, jueces y policías.
Desafortunamente parece que en Panamá vamos por el camino erróneo, pues por una parte se niega el diálogo social, y en su lugar se afirma medidas represivas como el presentado en la Asamblea para penalizar con dos años los cierres de calles. No se si lo gobernantes tienen clara su hoja de ruta, pero deben saber que con medidas como la señalada, propiciarán más crisis social pues abrirán en el futuro la existencia de presos políticos, y con ellos el aumento de más protestas en lugar de apaciguarlas. En sus ansias de ver al país solo a través de la imagen del mercado, olvidan la dimensión social y peor aún, la defensa y promoción de los derechos humanos.
¿Será solo admisible en este país el pensamiento único del mercado absoluto? ¿Es un país solo para hacer dinero, o también abierto a producir ideas, propuestas y cambios integrales de la sociedad y la persona humana? ¿La libertad y la justicia socia se subordina al crecimiento del PIB?
Esta visión cerrada de la sociedad es la que cuestionan 16 organizaciones ambientalistas, en un comunicado aparecido la semana pasada, en torno a declaraciones presidenciales sobre la minería. Ellos afirman que las declaraciones generan preocupación e indignación entre las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y en las comunidades que se verán afectadas económica y socialmente. El desarrollo sostenible del país estará en alto riesgo debido a la intensiva y amplia explotación de la minería a cielo abierto que quiere promover el presidente desconociendo las reiteradas peticiones para una moratoria en la concesión de licencias de minería hasta no evaluar de forma adecuada su impacto. Es desafortunado que el jefe de Estado ofrezca en venta al país al mejor postor, en detrimento de nuestro capital natural y humano, ya que los recursos naturales son el activo más valioso con que pueden contar las presentes y futuras generaciones. No se puede olvidar que el agua y la tierra son base de la vida y de una riqueza natural irremplazable la cual el país puede inteligentemente aprovechar para promover un desarrollo sostenible y de largo plazo. Existen suficientes ejemplos en todo el mundo y aquí mismo en la región tropical de Latinoamérica en donde no existe ningún caso de explotación minera a cielo abierto en países tropicales como el nuestro en donde no haya habido graves efectos al ambiente e irreparables pérdidas económicas y sociales, concluye el comunicado. Panamá ¿Por dónde y para dónde vamos?
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