Para el contralor, "ya es tiempo de ponerle el cascabel al gato" y se debe ordenar que cada vez que se haga una donación, el donante explique para qué se ofrece, a fin de tener todo claro.
En materia de las donaciones el contralor consideró que éstas deben ser notificadas por las juntas comunales al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría para su respectivo registro.
El alto funcionario detalló que desde el 2003 se le efectúan auditorías a nueve juntas comunales en Panamá, tres en Los Santos, dos en Colón; una en Herrera, Veraguas, Chiriquí y Coclé.
Entre las juntas comunales que se auditan figuran las de San Felipe, Río Abajo, Pueblo Nuevo y San Francisco, entre otras.
Kuzniecky explicó que entre los problemas más normales en las juntas destacan el cobro irregular de permisos para instalar kioscos, información financiera incompleta, faltante de equipo adquirido, desembolsos sin documentos sustentadores, y la compra de materiales de construcción sin la debida justificación de su uso, entre otros.
En tanto, el representante de la Junta Comunal de Ancón, Joaquín Vásquez, quien fue querellado penalmente por supuestamente exigir donaciones a cambio de un visto bueno para el expendio de bebidas alcohólicas en un local de Albrook, dijo que se trata de una campaña de desprestigio y acusó al alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro de promoverla.
El edil mencionó que "una facción política está divulgando (noticias) maliciosamente entre sus contactos empresariales en los medios de comunicación", refiriéndose a una información aparecida ayer en este medio, donde una empresaria lo acusa por "abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos".
Vásquez remitió a la Procuraduría General de la Nación una nota donde aparentemente aclara todo lo relacionado a la supuesta "desinformación" que generó la noticia en mención.
No obstante, negó que la junta comunal haya solicitado ni recibido donación alguna, que comprometiera a la entidad a emitir una resolución favorable a la empresa Habanos Panamá, S.A.
Vásquez argumentó que realizaron "unas inspecciones" al local de la empresa Habanos Panamá, S.A. y comprobaron que estaban violando la Ley 55 en cuanto al expendio de bebidas alcohólicas.
La Alcaldía de Panamá aclaró que "no tiene ninguna relación con la denuncia interpuesta por la empresa".
El alto funcionario detalló que desde el 2003 se le efectúan auditorías a nueve juntas comunales en Panamá, tres en Los Santos, dos en Colón; una en Herrera, Veraguas, Chiriquí y Coclé.
Entre las juntas comunales que se auditan figuran las de San Felipe, Río Abajo, Pueblo Nuevo y San Francisco, entre otras.
Kuzniecky explicó que entre los problemas más normales en las juntas destacan el cobro irregular de permisos para instalar kioscos, información financiera incompleta, faltante de equipo adquirido, desembolsos sin documentos sustentadores, y la compra de materiales de construcción sin la debida justificación de su uso, entre otros.
En tanto, el representante de la Junta Comunal de Ancón, Joaquín Vásquez, quien fue querellado penalmente por supuestamente exigir donaciones a cambio de un visto bueno para el expendio de bebidas alcohólicas en un local de Albrook, dijo que se trata de una campaña de desprestigio y acusó al alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro de promoverla.
El edil mencionó que "una facción política está divulgando (noticias) maliciosamente entre sus contactos empresariales en los medios de comunicación", refiriéndose a una información aparecida ayer en este medio, donde una empresaria lo acusa por "abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos".
Vásquez remitió a la Procuraduría General de la Nación una nota donde aparentemente aclara todo lo relacionado a la supuesta "desinformación" que generó la noticia en mención.
No obstante, negó que la junta comunal haya solicitado ni recibido donación alguna, que comprometiera a la entidad a emitir una resolución favorable a la empresa Habanos Panamá, S.A.
Vásquez argumentó que realizaron "unas inspecciones" al local de la empresa Habanos Panamá, S.A. y comprobaron que estaban violando la Ley 55 en cuanto al expendio de bebidas alcohólicas.
La Alcaldía de Panamá aclaró que "no tiene ninguna relación con la denuncia interpuesta por la empresa".
