¡Para eso somos gobierno y podemos!
SI ALGUNOS tuvieron la esperanza de que habrían verdaderas consultas, pero, sobre todo, receptividad para atender las objeciones prácticamente unánimes al proyecto de reformas fiscales, con la aprobación a tambor batiente por la aplanadora del PRD en la Asamblea del proyecto 64, irónicamente denominado "Programa de equidad", ya estarán de vuelta a la realidad y ahora, concluirán, como el resto del país, que el gobierno nunca pensó alterar el rumbo que desde el inicio se había trazado.
Después de leer buena parte del proyecto aprobado en primer debate por la Comisión de Hacienda de la Asamblea, lo primero que llama la atención es que sólo cuatro de sus siete miembros, los tres diputados del PRD y su aliado del Popular lo apoyaron. los dos legisladores panameñistas, Carlos Afú y Juan Carlos Varela, salvaron su voto, y la diputada de Solidaridad no lo firmó.
Es igualmente significativo el empeño de los redactores del informe, en listar todas las entidades y personas que concurrieron a las audiencias que se montaron, ahora ha quedado claro, con el único propósito de hacer ver que hubo consulta. Y también significativo es el énfasis en destacar que la Comisión acogió algunas modificaciones presentadas por los que intervinieron.
Como lo demuestra el contundente rechazo al proyecto salido de la Comisión de Hacienda, expresado por los representantes de las asociaciones, gremios y las personas que, de buena fe, concurrieron a las audiencias, el proceso no ha sido transparente y dejó en claro que nunca hubo verdadera intención de tomar en cuenta las objeciones de fondo.
Sin embargo, la Asamblea, donde manda e impone el sector oficialista que ha decidido funcionar con "urgencia notoria", con toda seguridad, en el plazo de las sesiones extraordinarias que concluye el viernes 4 de febrero, aprobará el mamotreto que la ciudadanía ha rebautizado como "el carnavalazo", porque nacerá a la vida legal en la víspera del reinado del dios Momo.
El citado informe de los cuatro comisionados oficialistas, por otra parte, vuelve a incurrir en la misma falta de consistencia que quedó manifiesta cuando se publicó el proyecto, dos días ante de convocar a sesiones extraordinarias. Entonces se dijo, y se repite ahora, que el denominado "Programa de Equidad Tributaria" busca: 1) Reducir el gasto público; y 2) Conseguir mayores ingresos a través del sistema tributario para paliar el déficit fiscal, evitar el endeudamiento e invertir en el alivio de la pobreza.
Las medidas de reducción del gasto publico, está más que demostrado, no necesitaban de ninguna ley, bastaba con adoptar decisiones administrativas que las materializaran y que pudieron implementarse desde el día uno de la nueva administración. Pero, de haberlo hecho entonces, no hubieran podido recurrir nuevamente a la misma argumentación para sustentar las nuevas exacciones tributarias y se hubieran debilitado el argumento de que hacían falta más recursos para cubrir el gasto público.
En cuanto al déficit fiscal que, insisto, nunca ha sido sustentado con cifras verificables, cabría preguntar: Si el supuesto déficit, calculado el pasado septiembre, iba a ser, al final del año fiscal, en diciembre, de 700 ó 720 millones de dólares, entonces, ¿en qué se utilizaron los casi 1,000 millones de dólares que el gobierno obtuvo con el bono por 600 millones de dólares colocado en el mercado internacional y los 350 millones de dólares de la línea de crédito contratada con el banco HSBC?
Por supuesto que hablar de reducir o evitar el endeudamiento es fácil cuando antes de enarbolar esa bandera ya se han contraído nuevos endeudamientos. En este caso, al igual que en el anterior, cabría formular la misma pregunta: ¿A dónde fueron a parar o a qué se aplicaron los casi 1,000 millones de deuda contratados por el nuevo gobierno? Que lo expliquen de manera sencilla, para que todos los entendamos.
Sobre la afirmación generalizada e imprecisa de que son necesarios más fondos para dedicarlos a aliviar la pobreza, ya he comentado antes. Nadie duda que eso es cierto, pero ya no estamos para generalidades y, por ello, quedaría mejor el gobierno si le explicará al país, ¿cuáles son los programas y acciones específicos a los que dedicará los fondos adicionales que recaudaría?
Por todas las indicaciones, el gobierno está decidido, no importa quien se oponga, a desoír todas las argumentaciones que no le acomoden y a imponer su voluntad mediante su aplanadora parlamentaria. Como decía recientemente un vocero gobiernista, para eso son gobierno y están dispuestos a asumir el precio político de la aprobación de una reforma tributaria que, por lo que se ve sólo ellos creen. Y, eventualmente, lo asumirán.
Pero, lo grave de esa decisión está en que, mientras tanto, el precio, no político sino económico, lo pagaremos todos.
Después de leer buena parte del proyecto aprobado en primer debate por la Comisión de Hacienda de la Asamblea, lo primero que llama la atención es que sólo cuatro de sus siete miembros, los tres diputados del PRD y su aliado del Popular lo apoyaron. los dos legisladores panameñistas, Carlos Afú y Juan Carlos Varela, salvaron su voto, y la diputada de Solidaridad no lo firmó.
Es igualmente significativo el empeño de los redactores del informe, en listar todas las entidades y personas que concurrieron a las audiencias que se montaron, ahora ha quedado claro, con el único propósito de hacer ver que hubo consulta. Y también significativo es el énfasis en destacar que la Comisión acogió algunas modificaciones presentadas por los que intervinieron.
Como lo demuestra el contundente rechazo al proyecto salido de la Comisión de Hacienda, expresado por los representantes de las asociaciones, gremios y las personas que, de buena fe, concurrieron a las audiencias, el proceso no ha sido transparente y dejó en claro que nunca hubo verdadera intención de tomar en cuenta las objeciones de fondo.
Sin embargo, la Asamblea, donde manda e impone el sector oficialista que ha decidido funcionar con "urgencia notoria", con toda seguridad, en el plazo de las sesiones extraordinarias que concluye el viernes 4 de febrero, aprobará el mamotreto que la ciudadanía ha rebautizado como "el carnavalazo", porque nacerá a la vida legal en la víspera del reinado del dios Momo.
El citado informe de los cuatro comisionados oficialistas, por otra parte, vuelve a incurrir en la misma falta de consistencia que quedó manifiesta cuando se publicó el proyecto, dos días ante de convocar a sesiones extraordinarias. Entonces se dijo, y se repite ahora, que el denominado "Programa de Equidad Tributaria" busca: 1) Reducir el gasto público; y 2) Conseguir mayores ingresos a través del sistema tributario para paliar el déficit fiscal, evitar el endeudamiento e invertir en el alivio de la pobreza.
Las medidas de reducción del gasto publico, está más que demostrado, no necesitaban de ninguna ley, bastaba con adoptar decisiones administrativas que las materializaran y que pudieron implementarse desde el día uno de la nueva administración. Pero, de haberlo hecho entonces, no hubieran podido recurrir nuevamente a la misma argumentación para sustentar las nuevas exacciones tributarias y se hubieran debilitado el argumento de que hacían falta más recursos para cubrir el gasto público.
En cuanto al déficit fiscal que, insisto, nunca ha sido sustentado con cifras verificables, cabría preguntar: Si el supuesto déficit, calculado el pasado septiembre, iba a ser, al final del año fiscal, en diciembre, de 700 ó 720 millones de dólares, entonces, ¿en qué se utilizaron los casi 1,000 millones de dólares que el gobierno obtuvo con el bono por 600 millones de dólares colocado en el mercado internacional y los 350 millones de dólares de la línea de crédito contratada con el banco HSBC?
Por supuesto que hablar de reducir o evitar el endeudamiento es fácil cuando antes de enarbolar esa bandera ya se han contraído nuevos endeudamientos. En este caso, al igual que en el anterior, cabría formular la misma pregunta: ¿A dónde fueron a parar o a qué se aplicaron los casi 1,000 millones de deuda contratados por el nuevo gobierno? Que lo expliquen de manera sencilla, para que todos los entendamos.
Sobre la afirmación generalizada e imprecisa de que son necesarios más fondos para dedicarlos a aliviar la pobreza, ya he comentado antes. Nadie duda que eso es cierto, pero ya no estamos para generalidades y, por ello, quedaría mejor el gobierno si le explicará al país, ¿cuáles son los programas y acciones específicos a los que dedicará los fondos adicionales que recaudaría?
Por todas las indicaciones, el gobierno está decidido, no importa quien se oponga, a desoír todas las argumentaciones que no le acomoden y a imponer su voluntad mediante su aplanadora parlamentaria. Como decía recientemente un vocero gobiernista, para eso son gobierno y están dispuestos a asumir el precio político de la aprobación de una reforma tributaria que, por lo que se ve sólo ellos creen. Y, eventualmente, lo asumirán.
Pero, lo grave de esa decisión está en que, mientras tanto, el precio, no político sino económico, lo pagaremos todos.
