Para salir de la ‘lista gris’
Senior managing director FTI CONSULTING
Como es de conocimiento general, Panamá recientemente ha sido incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). La inclusión no significa que Panamá sea un país no cooperador en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se trata de un país que mantiene su compromiso de cooperación, pero en el que existen deficiencias regulatorias y legislativas.
Que Panamá se encuentre en la “lista gris” no es ninguna sorpresa. De hecho, se venía anticipando desde la publicación de un informe emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a principios de año. En ese informe se concluye que Panamá cumple solo una de las 40 recomendaciones que Gafi ha sugerido para combatir internacionalmente el lavado de dinero. Dicha lista incluye a tres países más de Latinoamérica (Argentina, Cuba y Nicaragua) y otros como Etiopía, Irak, Afganistán y Uganda.
Entre las acciones que Panamá debe realizar para apresurar su salida de la “lista gris”, podemos resaltar las siguientes:
1. Actualizar el marco legal del régimen de prevención de lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo.
2. Reforzar la efectividad de la Unidad de Análisis Financiero.
3. Adicional a la banca, reforzar el régimen regulatorio de los sectores financieros (aseguradoras, casas de valores, cooperativas, casas de cambio, etc.) y sectores no financieros susceptibles al lavado de dinero (estudios de abogados, contadores, casinos, establecimientos de compra/venta de metales preciosos, bienes raíces).
4. Implementar de manera más expedita la ley de inmovilización de acciones.
5. Aumentar la accesibilidad a información con el fin de mantener una cooperación internacional efectiva.
Es importante mencionar que la República de Panamá cuenta con toda la intención de regularizar su situación en este aspecto, e incluso ha iniciado ya una serie de tareas con la finalidad de lograr dicho objetivo. Sin embargo, se trata de un proceso sumamente complejo. Otros países, ante una situación similar, han tardado un promedio de 3 años para aprobar la nueva regulación necesaria, asegurar su debida implementación, y realizar tareas de control y evaluación.
Para comprender la urgencia de esta cuestión, y poder dimensionar el problema que le causa a un país pertenecer a la “lista gris” de Gafi, es preciso comprender el impacto negativo del mismo:
El principal daño, que ya se puede percibir, es el efecto reputacional que la medida causa ante la comunidad financiera y comercial internacional. Esto se manifiesta de manera inmediata en un incremento en el riesgo país dentro de las matrices de cualquier entidad que haga negocios con Panamá.
El efecto general del incremento en la percepción de riesgo se traduce a una fórmula muy simple: mayor riesgo equivale a un costo más elevado para hacer negocios con Panamá. Estos costos extras serán la consecuencia de tener que realizar revisiones de debida diligencia adicionales, y tener que examinar con mayor profundidad todas las transacciones financieras entrantes y salientes de Panamá.
En el sector bancario, los bancos locales notarán que sus corresponsales se volverán más activos en el cuestionamiento de transferencias internacionales y probablemente exigirán revisiones externas de sus programas de cumplimiento.
Recomendaciones para el sector privado
Por los motivos mencionados, más allá de los planes de acción que se estén adelantando a nivel gubernamental, las entidades bancarias deben prepararse proactivamente. La principal recomendación es que fortalezcan sus programas de cumplimiento, y realicen revisiones externas a través de compañías independientes que demuestren una amplia experiencia en el tema. Esto ayudará a que, en procesos de negociación con entidades extranjeras, puedan certificar que cumplen con estándares locales e internacionales, más allá de la clasificación del riesgo país.
Los sectores financieros alternos y los no financieros que hayan sido identificados como sensibles al lavado de dinero deben prepararse para cumplir con regulaciones más exigentes. Deberán también revisar sus programas de cumplimiento existentes, así como reforzar sus políticas de “Conozca a su Cliente”. Los programas deben incluir un monitoreo transaccional de productos y servicios, así como capacitaciones periódicas para su personal.
Estas acciones son algunos ejemplos de las medidas que ayudarán al sector privado a mitigar los efectos. Si son implementadas de manera oportuna, se prevendrá la disrupción de cualquier operación por un incumplimiento regulatorio, y a la vez se pueden minimizar y segmentar los costos asociados a las reformas internas necesarias.
Históricamente, cuando una empresa espera hasta el último momento para tomar medidas regulatorias, no solo incurre en altos costos asociados a acciones de remediación inmediata, sino también un enorme costo reputacional, que es enteramente prevenible.
