Para una agenda social
Todo gobierno bien intencionado, debe manejarse con una agenda social cuyo contenido al desarrollarse, debe ser esperanzador para todos los sectores sociales de la población; es decir, para el mejoramiento fundamentalmente de la vida de nuestros campesinos, indígenas, profesionales, obreros, sindicalistas y empresarios. Los gobiernos necesitan programar paquetes de proyectos y leyes sociales que persigan metas y objetivos concretos que, en su preparación y planeamiento, tomen en cuenta en primer lugar, los deseos y aspiraciones de la sociedad hacia la búsqueda de soluciones a las múltiples dificultades y problemas que aquejan a la mayoría de la población panameña, especialmente a los habitantes de nuestras zonas rurales, marginados de los elementos servicios sociales.
Después de un diagnóstico serio y responsable que apunte a solucionar las necesidades más apremiantes y postergadas por factores políticos encontrados que han dado al traste con su solución, surge la Agenda Social como guía y norte para implementar un modelo de gobernabilidad para el país, con un cambio en la dirección correcta de cara a la solución verdadera de los problemas del pueblo o nación.
De esta forma cualquier gobierno, desde su inicio al asumir el poder, se siente comprometido a atacar un frontalmente a la pobreza y a la extrema pobreza que cada vez más vienen acondicionado desfavorablemente el acceso a la educación y a la cultura de gran parte de nuestra población, perjudicando los mejores niveles de vida y dificultando el mayor grado de participación organizada de la gente en la vida nacional.
Cualquier gobierno como compromiso con el pueblo requiere, necesariamente, utilizar todos los medios de comunicación social a su alcance, para divulgar el contenido y el alcance de la Agenda, en la cual está fincada en gran medida, la fe y la esperanza de todo un pueblo. La imagen de un país y su desarrollo siempre estará en función de los buenos servicios públicos que preste a sus conciudadanos en cuanto al mejoramiento de los niveles de alimentación, salud, vivienda, educación, medios de transporte y vías de comunicación, así como la seguridad social.
Por otra parte, la posición de aislamiento asumida por Estados Unidos está fundamentada jurídicamente. El Derecho Internacional Consuetudinario no requiere que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario sean sometidas a la Corte Penal Internacional. Ello no nos ayuda a entender dicho aislamiento y la concertación de acuerdos que limitan la competencia del Tribunal. Quizá sea oportuno recordar, en esta coyuntura histórica, a los rectores de la política exterior estadounidense, las palabras de apertura del Fiscal Jackson, en el Primer Juicio por crímenes contra la paz, "Que cuatro grandes naciones, exaltadas por la victoria e indignadas por la ofensa, paralicen la mano de la venganza y sometan voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley, es uno de los más significativos tributos que el poder jamás le haya otorgado a la razón."
Después de un diagnóstico serio y responsable que apunte a solucionar las necesidades más apremiantes y postergadas por factores políticos encontrados que han dado al traste con su solución, surge la Agenda Social como guía y norte para implementar un modelo de gobernabilidad para el país, con un cambio en la dirección correcta de cara a la solución verdadera de los problemas del pueblo o nación.
De esta forma cualquier gobierno, desde su inicio al asumir el poder, se siente comprometido a atacar un frontalmente a la pobreza y a la extrema pobreza que cada vez más vienen acondicionado desfavorablemente el acceso a la educación y a la cultura de gran parte de nuestra población, perjudicando los mejores niveles de vida y dificultando el mayor grado de participación organizada de la gente en la vida nacional.
Cualquier gobierno como compromiso con el pueblo requiere, necesariamente, utilizar todos los medios de comunicación social a su alcance, para divulgar el contenido y el alcance de la Agenda, en la cual está fincada en gran medida, la fe y la esperanza de todo un pueblo. La imagen de un país y su desarrollo siempre estará en función de los buenos servicios públicos que preste a sus conciudadanos en cuanto al mejoramiento de los niveles de alimentación, salud, vivienda, educación, medios de transporte y vías de comunicación, así como la seguridad social.
Por otra parte, la posición de aislamiento asumida por Estados Unidos está fundamentada jurídicamente. El Derecho Internacional Consuetudinario no requiere que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario sean sometidas a la Corte Penal Internacional. Ello no nos ayuda a entender dicho aislamiento y la concertación de acuerdos que limitan la competencia del Tribunal. Quizá sea oportuno recordar, en esta coyuntura histórica, a los rectores de la política exterior estadounidense, las palabras de apertura del Fiscal Jackson, en el Primer Juicio por crímenes contra la paz, "Que cuatro grandes naciones, exaltadas por la victoria e indignadas por la ofensa, paralicen la mano de la venganza y sometan voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley, es uno de los más significativos tributos que el poder jamás le haya otorgado a la razón."
