“Para verdades, el tiempo”
Durante 30 años y en los más variados medios, incluyendo la prensa respetable de Norteamérica y Europa, se habló del “asesinato de Allende”. Pero, al fin, ha quedado en evidencia que se trató de un suicidio. La única sorpresa para quienes conocíamos la verdad desde un principio derivó de saber que Allende, al disparar contra sí mismo, estaba rodeado de toda su ilegal Guardia Armada Personal (GAP). Durante 30 años sus miembros silenciaron la verdad.
La semana pasada se informó desde EE.UU. acerca del inicio de un juicio contra el ex oficial Armando Fernández Larios, miembro de la comitiva del general Arellano, por su supuesta autoría en 13 ejecuciones llevadas a cabo en Copiapó, en octubre de 1973. Los querellantes presentaron ante el jurado de Miami un video con numerosos testimonios de personas que dicen haberlo visto disparar contra los ejecutados, pero eso es comprobadamente falso. No obstante, en Chile, el ministro instructor Juan Guzmán ha procesado por esas muertes a Fernández Larios, y por esa vía a los generales Arellano y Pinochet. Claro, acá es conocida la completa indiferencia de dicho juez hacia los hechos, sobre todo si se trata de apuntar hacia el ex Presidente.
Ni Fernández Larios ni ningún miembro de la referida comitiva tuvo parte en esas muertes. Desde luego, el grupo ni siquiera había despegado de Santiago, desde donde viajó a La Serena, no a Copiapó, cuando tuvieron lugar. Las mismas se produjeron durante el traslado de 13 presos de la segunda ciudad a la primera, y tras una tentativa de fuga, en la madrugada del 16 de octubre de 1973. Pruebas: primera, el diario “El Día” de La Serena lo informó así, junto con reproducir un bando militar del mismo 16, del jefe de zona, comunicando el hecho; segunda, dicho jefe de zona ofició con igual fecha al administrador del cementerio, solicitándole 13 sepulturas para igual número de “fallecidos en tentativa de fuga”; tercera, en el juicio seguido ante el ministro Juan Guzmán, por esos y otros hechos, rola la declaración del referido administrador, donde éste confirma que el 16 se le avisó que, en la noche, le llevarían 13 cadáveres para su entierro; cuarta, el abogado-auditor de Copiapó, Daniel Rojas, también confirmó los hechos y la fecha ante efectivos de Investigaciones; y, quinta, el capitán a cargo del traslado de los presos ofició a su superior, dando cuenta de las ejecuciones en tentativa de fuga, ocurridas bajo su mando y sin intervención de nadie fuera de sus subordinados (un conductor y tres guardias).
El único detalle discordante en ese conjunto de hechos acreditados es que este último oficio aparece con fecha 17, es decir, un día posterior a las ejecuciones, pero no está firmado. Su original, sintomáticamente, “se perdió”. Lo que se añadió al proceso que lleva Guzmán fue una fotocopia del oficio, pero sacada de una reproducción del mismo en la página 151 del libro “Los Zarpazos del Puma”. Confirmando el sabio refrán de que “para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado”, a el o los autores del “cambio de fecha” del oficio se les olvidó que en la página anterior del mismo libro venía otro oficio, de un día antes, es decir, del 16, pidiendo 13 sepulturas para los ya “fallecidos en tentativa de fuga”; y que en su página 139 venía el bando militar del jefe de zona, dando también cuenta de que los hechos tuvieron lugar el 16. Luego, el primer oficio no podía ser del 17.
¿Será la justicia norteamericana tan impávida frente a la verdad como la chilena y la mayor parte de los medios de comunicación nacionales, que insisten en atribuir a la comitiva los fusilamientos de Copiapó? Puede ser. Pero la verdad terminará por imponerse.
*Analista político chileno.
(c)www.aipenet.com
La semana pasada se informó desde EE.UU. acerca del inicio de un juicio contra el ex oficial Armando Fernández Larios, miembro de la comitiva del general Arellano, por su supuesta autoría en 13 ejecuciones llevadas a cabo en Copiapó, en octubre de 1973. Los querellantes presentaron ante el jurado de Miami un video con numerosos testimonios de personas que dicen haberlo visto disparar contra los ejecutados, pero eso es comprobadamente falso. No obstante, en Chile, el ministro instructor Juan Guzmán ha procesado por esas muertes a Fernández Larios, y por esa vía a los generales Arellano y Pinochet. Claro, acá es conocida la completa indiferencia de dicho juez hacia los hechos, sobre todo si se trata de apuntar hacia el ex Presidente.
Ni Fernández Larios ni ningún miembro de la referida comitiva tuvo parte en esas muertes. Desde luego, el grupo ni siquiera había despegado de Santiago, desde donde viajó a La Serena, no a Copiapó, cuando tuvieron lugar. Las mismas se produjeron durante el traslado de 13 presos de la segunda ciudad a la primera, y tras una tentativa de fuga, en la madrugada del 16 de octubre de 1973. Pruebas: primera, el diario “El Día” de La Serena lo informó así, junto con reproducir un bando militar del mismo 16, del jefe de zona, comunicando el hecho; segunda, dicho jefe de zona ofició con igual fecha al administrador del cementerio, solicitándole 13 sepulturas para igual número de “fallecidos en tentativa de fuga”; tercera, en el juicio seguido ante el ministro Juan Guzmán, por esos y otros hechos, rola la declaración del referido administrador, donde éste confirma que el 16 se le avisó que, en la noche, le llevarían 13 cadáveres para su entierro; cuarta, el abogado-auditor de Copiapó, Daniel Rojas, también confirmó los hechos y la fecha ante efectivos de Investigaciones; y, quinta, el capitán a cargo del traslado de los presos ofició a su superior, dando cuenta de las ejecuciones en tentativa de fuga, ocurridas bajo su mando y sin intervención de nadie fuera de sus subordinados (un conductor y tres guardias).
El único detalle discordante en ese conjunto de hechos acreditados es que este último oficio aparece con fecha 17, es decir, un día posterior a las ejecuciones, pero no está firmado. Su original, sintomáticamente, “se perdió”. Lo que se añadió al proceso que lleva Guzmán fue una fotocopia del oficio, pero sacada de una reproducción del mismo en la página 151 del libro “Los Zarpazos del Puma”. Confirmando el sabio refrán de que “para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado”, a el o los autores del “cambio de fecha” del oficio se les olvidó que en la página anterior del mismo libro venía otro oficio, de un día antes, es decir, del 16, pidiendo 13 sepulturas para los ya “fallecidos en tentativa de fuga”; y que en su página 139 venía el bando militar del jefe de zona, dando también cuenta de que los hechos tuvieron lugar el 16. Luego, el primer oficio no podía ser del 17.
¿Será la justicia norteamericana tan impávida frente a la verdad como la chilena y la mayor parte de los medios de comunicación nacionales, que insisten en atribuir a la comitiva los fusilamientos de Copiapó? Puede ser. Pero la verdad terminará por imponerse.
*Analista político chileno.
(c)www.aipenet.com
