Paraguay, de vuelta al pasado
Miami/AIPE.- El proceso de democratización del Paraguay, a raíz del golpe en 1989 que terminó con la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner, fue pacífico y bastante exitoso. Una nueva Constitución se sancionó en 1992 y en 1998 el país eligió al presidente Raúl Cubas con 54% de los votos, en las elecciones más limpias y transparentes de su historia.
El Paraguay parecía encaminado a la modernización y la prosperidad. Pero una nueva crisis política dividió e inflamó los ánimos. La oposición se aglutinó alrededor del vicepresidente Luis María Argaña, en contra del presidente Cubas y del general Lino Oviedo, considerado el hombre poderoso.
Cubas se negaba a acatar la decisión de la Corte Suprema de enviar a Oviedo a prisión para cumplir una condena de 10 años, dictada por un tribunal militar de dudosa legitimidad, por una intentona golpista en 1996.
El Congreso, en manos de la mayoría opositora, inició un juicio político para destituir al presidente Cubas, aunque no era seguro que contaría con los votos requeridos. Entonces sucedió el atroz asesinato del vicepresidente Argaña, acribillado a balazos en una emboscada. Los asesinos huyeron sin dejar rastros, pero la oposición responsabilizó del crimen a Cubas y a Oviedo.
Miles de jóvenes salieron a las calles a apoyar la destitución de Cubas.
Las pantallas de CNN mostraron al mundo verdaderas batallas campales frente al Congreso entre policías armados y jóvenes manifestantes. Pero además de la brutal represión policial, durante la noche del 26 de marzo, francotiradores ocultos en los edificios frente al Congreso asesinaron a siete jóvenes e hirieron a cientos de manifestantes indefensos, ante la mirada indiferente de la policía.
Abrumado por esa masacre, el presidente Cubas renunció al día siguiente y se fue al Brasil, donde pidió asilo político. Oviedo huyó a la Argentina, donde consiguió asilo. Entonces asume la presidencia Luís González Macchi, presidente del Senado y compañero de Argaña. El nuevo presidente invita a la oposición a formar un gobierno de coalición y, seguidamente, la Corte Suprema decide que González Macchi terminará el periodo presidencial, hasta el año 2003, por lo que sólo habrá elecciones para vicepresidente.
Parecía el momento apropiado para iniciar la pacificación y la reconstrucción de la devastada economía paraguaya, la cual no ha crecido en los últimos 18 años. Pero lamentablemente no sucedió así. El nuevo gobierno, en lugar de buscar y sancionar a los culpables de la matanza, desató una cacería de brujas en contra de los partidarios de Oviedo. La propaganda estatal los acusa de asesinos, sin presentar pruebas. Numerosos políticos han sido arrestados o procesados sin causa justificada. Están detenidos desde el ex vicepresidente Seifart por sus opiniones en "contra del Estado" hasta senadores y diputados, por participar en mítines políticos. Otros están prófugos. Nada parecido se había visto desde la caída de Stroessner.
El gobierno asegura que hay una decena de autores materiales y más de 60 involucrados en los asesinatos. Pero a dos meses del crimen, nada se ha aclarado sobre los supuestos culpables ni sus cómplices. La Fiscalía ha presentado un delincuente común como su principal testigo.
El gobierno del presidente González Macchi simplemente ha resuelto explotar la siniestra masacre de los jóvenes para perseguir, amedrentar y destruir a sus adversarios políticos. Todos los opositores del nuevo régimen resultan sospechosos. La presunción de inocencia y el debido proceso brillan por su ausencia hoy en Paraguay.
El gobierno paraguayo regresa así aceleradamente hacia el totalitarismo, de la mano de los antiguos discípulos de Stroessner. Y una vez más, el diario ABC Color que fuera clausurado durante años por Stroessner, se enfrenta en una lucha desigual contra un régimen recalcitrante que, lejos de garantizar los derechos ciudadanos, busca aplastar a este último bastión de la libertad de expresión en Paraguay.
Igual que en tiempos de Stroessner, mis colegas periodistas temen que en cualquier momento se ordene el cierre de ABC Color y se tomen medidas contra su director, Aldo Zuccolillo, quien por muchos años ha adelantado una valiente y admirable labor como vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Los políticos paraguayos deben saber que sin un sistema judicial independiente que garantice la seguridad jurídica y sin una prensa con entera libertad de informar y de criticar al gobierno, Paraguay regresará al oscurantismo totalitario, sin libertad ciudadana ni inversiones ni oportunidad alguna de progreso.
El Paraguay parecía encaminado a la modernización y la prosperidad. Pero una nueva crisis política dividió e inflamó los ánimos. La oposición se aglutinó alrededor del vicepresidente Luis María Argaña, en contra del presidente Cubas y del general Lino Oviedo, considerado el hombre poderoso.
Cubas se negaba a acatar la decisión de la Corte Suprema de enviar a Oviedo a prisión para cumplir una condena de 10 años, dictada por un tribunal militar de dudosa legitimidad, por una intentona golpista en 1996.
El Congreso, en manos de la mayoría opositora, inició un juicio político para destituir al presidente Cubas, aunque no era seguro que contaría con los votos requeridos. Entonces sucedió el atroz asesinato del vicepresidente Argaña, acribillado a balazos en una emboscada. Los asesinos huyeron sin dejar rastros, pero la oposición responsabilizó del crimen a Cubas y a Oviedo.
Miles de jóvenes salieron a las calles a apoyar la destitución de Cubas.
Las pantallas de CNN mostraron al mundo verdaderas batallas campales frente al Congreso entre policías armados y jóvenes manifestantes. Pero además de la brutal represión policial, durante la noche del 26 de marzo, francotiradores ocultos en los edificios frente al Congreso asesinaron a siete jóvenes e hirieron a cientos de manifestantes indefensos, ante la mirada indiferente de la policía.
Abrumado por esa masacre, el presidente Cubas renunció al día siguiente y se fue al Brasil, donde pidió asilo político. Oviedo huyó a la Argentina, donde consiguió asilo. Entonces asume la presidencia Luís González Macchi, presidente del Senado y compañero de Argaña. El nuevo presidente invita a la oposición a formar un gobierno de coalición y, seguidamente, la Corte Suprema decide que González Macchi terminará el periodo presidencial, hasta el año 2003, por lo que sólo habrá elecciones para vicepresidente.
Parecía el momento apropiado para iniciar la pacificación y la reconstrucción de la devastada economía paraguaya, la cual no ha crecido en los últimos 18 años. Pero lamentablemente no sucedió así. El nuevo gobierno, en lugar de buscar y sancionar a los culpables de la matanza, desató una cacería de brujas en contra de los partidarios de Oviedo. La propaganda estatal los acusa de asesinos, sin presentar pruebas. Numerosos políticos han sido arrestados o procesados sin causa justificada. Están detenidos desde el ex vicepresidente Seifart por sus opiniones en "contra del Estado" hasta senadores y diputados, por participar en mítines políticos. Otros están prófugos. Nada parecido se había visto desde la caída de Stroessner.
El gobierno asegura que hay una decena de autores materiales y más de 60 involucrados en los asesinatos. Pero a dos meses del crimen, nada se ha aclarado sobre los supuestos culpables ni sus cómplices. La Fiscalía ha presentado un delincuente común como su principal testigo.
El gobierno del presidente González Macchi simplemente ha resuelto explotar la siniestra masacre de los jóvenes para perseguir, amedrentar y destruir a sus adversarios políticos. Todos los opositores del nuevo régimen resultan sospechosos. La presunción de inocencia y el debido proceso brillan por su ausencia hoy en Paraguay.
El gobierno paraguayo regresa así aceleradamente hacia el totalitarismo, de la mano de los antiguos discípulos de Stroessner. Y una vez más, el diario ABC Color que fuera clausurado durante años por Stroessner, se enfrenta en una lucha desigual contra un régimen recalcitrante que, lejos de garantizar los derechos ciudadanos, busca aplastar a este último bastión de la libertad de expresión en Paraguay.
Igual que en tiempos de Stroessner, mis colegas periodistas temen que en cualquier momento se ordene el cierre de ABC Color y se tomen medidas contra su director, Aldo Zuccolillo, quien por muchos años ha adelantado una valiente y admirable labor como vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Los políticos paraguayos deben saber que sin un sistema judicial independiente que garantice la seguridad jurídica y sin una prensa con entera libertad de informar y de criticar al gobierno, Paraguay regresará al oscurantismo totalitario, sin libertad ciudadana ni inversiones ni oportunidad alguna de progreso.
