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Paraíso socialista por decreto


Decreto: fin al problema educacional. En adelante, todos tendremos 12 años de educación obligatoria. No ocho, seis o cuatro, sino 12. ¿Cómo no se nos había ocurrido? Pero ya aprendimos. Ahora vamos a subir de 12 a 18. Y todos serán ingenieros, médicos o abogados. Y, por qué no, postgrados obligatorios; adiós subdesarrollo y pobreza.
Pero hay más. Podríamos hacer caso a esos esforzados “trabajadores” de la central sindical y subir el salario mínimo a unos 500 mil pesos mensuales, que es lo que resultaría de haber seguido sus laboriosas propuestas de los últimos años.
Esto, junto a una jornada de trabajo semanal de unas 20 horas con siesta obligatoria, a llevarse a cabo en dos días, para así tener cinco libres para “fortalecer la familia”.
¿No ve que, por definición, el tiempo no trabajado se pasa en familia, según nos predica el vicario laboral, o sólo se dedica al estudio y la escuela, en el caso de los jóvenes?
Alternativamente, se usa para consagrarlo a Dios o a la perfección personal, como se decía antes de la moda oficial antipareja, de sexo “por la libre” y a jornada completa, antitrabajo, antiahorro y antiemprendimiento, que parece ser lo que quedó del noble socialismo proletario del pasado.
Aunque también podría dedicarse a destruirlo todo, en protestas que, según algunos ministros socialistas, forman parte de la democracia por la que ellos lucharon. ¡Claro!, esa de las expropiaciones, de la violencia antiburguesa y de la revolución proletaria.
A muchos curas y paisas se les olvidó que el estado de bienestar e igualdad se perdió a partir del pecado de Adán y que, desde entonces, se debe ganar el pan con el sudor de la frente, trabajando, emprendiendo, creando, ahorrando y estudiando.
Esto se estaría reemplazando por una visión religiosa diferente, en la que el Estado es el dios que nos guía, protege y dicta leyes pro ocio, pro años de educación con programas y textos oficiales, pro trabajo de algunas horitas, ya que en exceso puede producir cáncer.
El desarrollo y la eliminación de la pobreza se consiguen con el esfuerzo de las personas interactuando con libertad en los llamados mercados, concepto satanizado por la religión estatista, pero que corresponde, simplemente, a los acuerdos voluntarios entre personas para ganarse la vida.
Algunos, en especial los del partido, creen en los regalos oficiales financiados con impuestos quitados por la fuerza a la gente que trabaja, pero -ya lo sabemos- la expropiación nunca ha conducido al desarrollo personal.
El Estado, con sus leyes antiesfuerzo, es subdesarrollo, como se ha probado hasta el cansancio; además, los impuestos y las regulaciones quitan libertad. Por último, es corrupción, como se ha visto.
La gestión estatal nos tiene con una pésima educación y una salud deplorable, y las normas laborales, con un alto desempleo de jóvenes, viejos y mujeres, lo que no llama la atención del vicario antitrabajo. Si el desarrollo y la perfección familiar y personal se consiguieran por ley o con impuestos, se sabría, y ya habríamos retornado al Paraíso.
Es que no es así la cosa y esas propuestas demagógicas, a estas alturas del siglo XXI, dan vergüenza. Son cosas de políticos viejos, entre los que debe incluirse a algunos religiosos con resabios de la teología de la liberación, que apartó por un tiempo las Escrituras de siempre, para reemplazarlas por “El capital” y ciertos manuales guerrilleros.
Las personas se crearon libres y para que no pequen y se salven se las debe convencer de que sean virtuosas, querendonas, esforzadas y austeras, en vez de hurtonas expropiatorias, en la onda de la solidaridad “social”, que no existe, por tratarse de un atributo personal.

*Profesor de economía, Universidad Finis Terrae, fue presidente del Banco Central de Chile.
(c)www.aipenet.com

La madera extraída de esta comunidad se encuentra en la entrada de Peñita en Canclón, pero las obras no se ven, dijo un morador de la comunidad.
Aquí la población vive en la pobreza y la desnutrición afecta seriamente a los niños, aseguró la maestra del pueblo.
Presuntamente el concesionario de la madera en este poblado es el señor Juan Varela, un empresario que vive en Tortí, dijeron residentes de la comunidad.
En otra comunidad indígena, en Bajo Chiquito, a orillas del Chucunaque, se repite el mismo drama de los otros pueblos, la madera ya ha sido extraída y hay quejas de la comunidad de que las obras sociales no se han realizado.
En esta comunidad el señor Juan Varela tiene la concesión para extraer la madera. La comunidad espera el pago de B/.10 mil para construir las obras sociales.
El Panamá América visitó la residencia de Juan Varela en Tortí, pero su esposa dijo que estaba en Panamá. También se dejaron varios mensajes en el celular, pero no respondió.
La ANAM, a través del Ing. Gutiérrez, confirmó que el año pasado la comunidad de Bajo Chiquito fue multada con B/.5 mil por no cumplir con el programa de reforestación.
Explicó que en los permisos comunitarios la responsabilidad de la reforestación recae en la comunidad porque a los intermediarios no se les incluye en esas tareas dentro de los contratos que se firman.
La comunidad de Tortuga tiene permiso comunitario y allí extrae madera la empresa Selloro S.A.; y en el poblado de Puente la empresa del señor Julio León Solís tiene otro contrato, según informo William Barrigon, administrador General del Congreso de la Comarca Emberá.
En Nuevo Vigía el contrato es con la empresa Madera Nuevo Vigía, cuyo representante legal es Rattán Singh, agregó.
Informó que en Villa Caleta se tramitó un permiso comunitario, pero éste no salió a tiempo para extraer madera en el pasado verano.

La ANAM sostiene que los indígenas no han aprovechado el sentido de lo que se buscaba con los permisos comunitarios porque solo han pensado” en el dinero”.
El Ing. Raúl Gutiérrez, lamentó que los aborígenes no hayan aprovechado el objetivo de esas autorizaciones, que era que ellos se inmiscuyerán en el aprovechamiento forestal de sus bosques.
"Pero estos indígenas qué es lo quieren.. quieren recibir dinero de manera cómoda y contratan una empresa para que extraigan la madera", lamentó Gutiérrez.
Otro problema es que los indígenas no son buenos en gestión comunitaria y no saben administrar el dinero, dijo.
Señaló que la ANAM ha planteado a los indígenas que vendan la madera con valor agregado, en bloques, tablas, aserradas para que ganen más, pero que sean ellos los que la trabajen.
"Ellos no quieren trabajar lamentablemente, quieren trabajar arriba del tractor", sostuvo Gutiérrez.

Por otro lado, el Ing. Forestal Dimas Arcia manifestó que es posible acercar los permisos comunitarios a la realidad, siempre y cuando la autoridad defina una política concreta y clara sobre un programa de bosques comunitarios en la región.
Denunció que los permisos comunitarios como están concebidos, tienen sus contradicciones porque aunque las comunidades se pueden adaptar a los bosques, no están preparadas forestalmente para manejarlos.
Manifestó que está situación complica la supervisión y control de la ANAM, permitiendo irregularidades durante el proceso porque no se logra ni la sostenibilidad del bosque ni el desarrollo de las comunidades.

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