Paro del transporte público
Una vez más los transportistas han anunciado, desafíantemente, que suspenderán el servicio al público si se impide aumentar los precios a los usuarios. En nuestro editorial del 15 de marzo del presente año, bajo el título "Al toro por los cachos", mencionábamos que deben entender que su imperio ya terminó y que es hora de afrontarlos con las más severas medidas.
El Gobierno contará con el apoyo de todo el país, porque más quejas de la comunidad no puede haber por su mal servicio; por las patanerías de sus conductores y ayudantes para con los usuarios; por el abrumador ruido que producen con sus ensordecedoras troneras; por su alcahuetería de menores de edad en abierta bacanal con licores dentro de sus unidades; por la impudicia de transportar estudiantes de ambos sexos, y uniformados, a sitios de pecaminoso escondrijo; y por la inmensa cantidad de muertes por atropello que han sumido en el pesar y el luto a innumerables familias y huérfanos que, por su criminal conducta, han quedado en el desamparo.
El anunciado paro no puede quedar sin sanción si se produce. Eso no es una amenaza contra las autoridades gubernamentales únicamente, ni es tan solo un daño a los usuarios; es un acto de desestabilización del orden público y hasta un crimen de lesa patria por el caos que provocaría. El Estado debe actuar con firmeza y sin titubeos en la cancelación de cupos y en el encierro de los promotores aplicándoles las disposiciones del Código Penal concernientes a los delitos contra el transporte que en él están establecidas con precisión y que, desventuradamente, parecen ser letra muerta para las autoridades que, desde hace tiempo, han debido hacer cumplir la Ley.
El Gobierno contará con el apoyo de todo el país, porque más quejas de la comunidad no puede haber por su mal servicio; por las patanerías de sus conductores y ayudantes para con los usuarios; por el abrumador ruido que producen con sus ensordecedoras troneras; por su alcahuetería de menores de edad en abierta bacanal con licores dentro de sus unidades; por la impudicia de transportar estudiantes de ambos sexos, y uniformados, a sitios de pecaminoso escondrijo; y por la inmensa cantidad de muertes por atropello que han sumido en el pesar y el luto a innumerables familias y huérfanos que, por su criminal conducta, han quedado en el desamparo.
El anunciado paro no puede quedar sin sanción si se produce. Eso no es una amenaza contra las autoridades gubernamentales únicamente, ni es tan solo un daño a los usuarios; es un acto de desestabilización del orden público y hasta un crimen de lesa patria por el caos que provocaría. El Estado debe actuar con firmeza y sin titubeos en la cancelación de cupos y en el encierro de los promotores aplicándoles las disposiciones del Código Penal concernientes a los delitos contra el transporte que en él están establecidas con precisión y que, desventuradamente, parecen ser letra muerta para las autoridades que, desde hace tiempo, han debido hacer cumplir la Ley.
