Participación en los procesos socioambientales
La comunicación y organización de la comunidad constituyen factores centrales en las soluciones de los problemas socioambientales, y por tal merecen constantemente verse fortalecidas. El persistente distanciamiento entre las organizaciones políticas y la realidad inmediata, de la cotidianidad y del conocimiento popular, ha conducido a que el concepto de la sostenibilidad se convierta en retórica, al incidir realmente poco en el ámbito de la acción práctica. En verdad termina refiriéndose a conceptos que conducen a la coexistencia de dos aproximaciones: una más especulativa y otra más pragmática.
La trascendencia de la democratización y manejo del poder en las comunidades de base, el abismo existente entre la población rica y pobre, el acceso a las tecnologías se tornan un gran obstáculo y un elemento de disparidad; los cuales no favorecen el proceso participativo en igualdad de condiciones. Es fundamental que el método empleado permita garantizar, la necesaria competencia técnica de las formas de participación. En este proceso, es vital considerar la eficacia de la participación, la representatividad, el acceso de los ciudadanos al intercambio de información y aprendizaje, el autoconocimiento de la comunidad y su cultura, como de las autoridades envueltas en los procesos de toma de decisiones.
De igual forma, en esta fase hay que asegurar el seguimiento y la descripción de los procesos sociales, así como la retroinformación de los resultados. Las relaciones que deben existir entre regulaciones ambientales, negocios y competitividad nacional, deben estar dadas por un sistema constituido por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para facilitar: la comunicación, el intercambio de información, la reciprocidad, y que establezcan los estándares y las regularizaciones con el propósito de difundir las conductas favorables al desarrollo sostenible. Las reformas neoliberales, han implicado un antagonismo entre la asignación de recursos del Estado, contradicción y confusión en la política ambiental, de tal forma que persiste la necesidad de formular proyectos de acción y seguimiento ambiental, con la consecuente indecisión estatal de dónde invertir recursos en tal sentido.
Las innovaciones en la gobernabilidad, deben dirigirse a la mejor preparación del cuadro profesional, ante la constante dinámica de los procesos de cambios a los que nuestra sociedad se ve sometida. Los tres elementos fundamentales para la creación de una revolución silenciosa de largo alcance son: la capacidad y efectividad en la recaudación de recursos, la mejora de los servicios públicos y el aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
El paradigma de la participación ciudadana, genera dinámicas verdaderamente conflictivas, especialmente en el ámbito de los procesos decisivos gubernamentales y administrativos motivados por la lucha de intereses. Los esfuerzos realizados por las comunidades de base, deben ser retroalimentados con la experiencia técnica de los centros de investigación, siempre y cuando la relación entre éstas se dé con el respeto mutuo, y equidad de trato, permitiendo así disminuir la brecha existente entre los técnicos y las comunidades, dar poder a la comunidad y capacidad de gestión a las instituciones envueltas en los procesos socioambientales.
Los tres elementos éticos esencialmente importantes para los procesos antes mencionados son: el estilo de trabajo, la percepción de la justicia social y la relación de poder. Es por ello, que los temas que ameritan ser más profundizados, son las consecuencias socioambientales, tales como: la pobreza, la destrucción ambiental y el deterioro de la comunidad. Las acciones sostenibles que la comunidad identifica deberán ser orientadas en alguna medida por las instituciones gubernamentales, de acuerdo con los principios establecidos en la Cumbre de Río de 1992, intenta dirigir acciones puntuales hacia el diseño de algunas estrategias sostenibles. Dichas estrategias generan soluciones, que puestas en marcha adquieren gran valor a escala local y sobre todo mejora la calidad de vida, genera la sinergia para conducir a una participación más amplia. De tal forma el Programa de Desarrollo Sostenible de Darién es un ejemplo de prácticas participativas, en la figura de los (C.L.C.): Comités Locales Consultivos, los cuales no son más que la representación a través de voceros de las comunidades, elegidos democráticamente en los 28 corregimientos de la provincia y la comarca indígena de Wargandí, y que conjuntamente con los representantes de corregimiento tienen la función de participar en la elaboración de los Planes Operativos Anuales con las demás autoridades preestablecidas y tradicionales, tales como: gobernadores, alcaldes y caciques comarcales, en una asamblea plena. Esto permite más beligerancia en la toma de decisiones en la ejecución del programa y una participación multicultural, mayor representatividad y reforzamiento de las estructuras legales existentes.
La trascendencia de la democratización y manejo del poder en las comunidades de base, el abismo existente entre la población rica y pobre, el acceso a las tecnologías se tornan un gran obstáculo y un elemento de disparidad; los cuales no favorecen el proceso participativo en igualdad de condiciones. Es fundamental que el método empleado permita garantizar, la necesaria competencia técnica de las formas de participación. En este proceso, es vital considerar la eficacia de la participación, la representatividad, el acceso de los ciudadanos al intercambio de información y aprendizaje, el autoconocimiento de la comunidad y su cultura, como de las autoridades envueltas en los procesos de toma de decisiones.
De igual forma, en esta fase hay que asegurar el seguimiento y la descripción de los procesos sociales, así como la retroinformación de los resultados. Las relaciones que deben existir entre regulaciones ambientales, negocios y competitividad nacional, deben estar dadas por un sistema constituido por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para facilitar: la comunicación, el intercambio de información, la reciprocidad, y que establezcan los estándares y las regularizaciones con el propósito de difundir las conductas favorables al desarrollo sostenible. Las reformas neoliberales, han implicado un antagonismo entre la asignación de recursos del Estado, contradicción y confusión en la política ambiental, de tal forma que persiste la necesidad de formular proyectos de acción y seguimiento ambiental, con la consecuente indecisión estatal de dónde invertir recursos en tal sentido.
Las innovaciones en la gobernabilidad, deben dirigirse a la mejor preparación del cuadro profesional, ante la constante dinámica de los procesos de cambios a los que nuestra sociedad se ve sometida. Los tres elementos fundamentales para la creación de una revolución silenciosa de largo alcance son: la capacidad y efectividad en la recaudación de recursos, la mejora de los servicios públicos y el aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
El paradigma de la participación ciudadana, genera dinámicas verdaderamente conflictivas, especialmente en el ámbito de los procesos decisivos gubernamentales y administrativos motivados por la lucha de intereses. Los esfuerzos realizados por las comunidades de base, deben ser retroalimentados con la experiencia técnica de los centros de investigación, siempre y cuando la relación entre éstas se dé con el respeto mutuo, y equidad de trato, permitiendo así disminuir la brecha existente entre los técnicos y las comunidades, dar poder a la comunidad y capacidad de gestión a las instituciones envueltas en los procesos socioambientales.
Los tres elementos éticos esencialmente importantes para los procesos antes mencionados son: el estilo de trabajo, la percepción de la justicia social y la relación de poder. Es por ello, que los temas que ameritan ser más profundizados, son las consecuencias socioambientales, tales como: la pobreza, la destrucción ambiental y el deterioro de la comunidad. Las acciones sostenibles que la comunidad identifica deberán ser orientadas en alguna medida por las instituciones gubernamentales, de acuerdo con los principios establecidos en la Cumbre de Río de 1992, intenta dirigir acciones puntuales hacia el diseño de algunas estrategias sostenibles. Dichas estrategias generan soluciones, que puestas en marcha adquieren gran valor a escala local y sobre todo mejora la calidad de vida, genera la sinergia para conducir a una participación más amplia. De tal forma el Programa de Desarrollo Sostenible de Darién es un ejemplo de prácticas participativas, en la figura de los (C.L.C.): Comités Locales Consultivos, los cuales no son más que la representación a través de voceros de las comunidades, elegidos democráticamente en los 28 corregimientos de la provincia y la comarca indígena de Wargandí, y que conjuntamente con los representantes de corregimiento tienen la función de participar en la elaboración de los Planes Operativos Anuales con las demás autoridades preestablecidas y tradicionales, tales como: gobernadores, alcaldes y caciques comarcales, en una asamblea plena. Esto permite más beligerancia en la toma de decisiones en la ejecución del programa y una participación multicultural, mayor representatividad y reforzamiento de las estructuras legales existentes.
