Participación y representación ciudadana
Uno de los rasgos de las sociedades modernas es la creciente presencia de los ciudadanos en la promoción de distintos intereses, causas y proyectos, sociales y cívicos, y su mayor voluntad de participación en los asuntos públicos. En Panamá, la expansión de la vida civil de la sociedad, la libertad de los medios de comunicación y la existencia de una opinión pública políticamente atenta constituyen signos significativos de que avanzamos hacia el desarrollo político de la Nación y de la expansión de la vida pública.
Pero es conveniente señalar que el desarrollo político de un país corresponde siempre a un movimiento de ampliación de la participación ciudadana. La intervención de la sociedad civil en demanda de mayores espacios de opinión pública, conduce a acuerdos e instituciones más representativas. Consideramos que la sociedad panameña ahora, con su pluralismo, desarrolla nuevas formas de acción, presta mayor atención a los asuntos públicos y está en proceso de una mejor preparación para asumir mayores responsabilidades colectivas.
Esta cultura de participación y corresponsabilidad ciudadana es vital para el florecimiento de la cultura democrática, y por lo que habrá de impulsarse en la educación cívica de los niños y los jóvenes, haciendo énfasis en el conocimiento de los derechos y las obligaciones públicas, en la discusión respetuosa, la crítica propositiva y el compromiso con la Nación.
El desarrollo democrático al que aspiramos los panameños comprende la participación social organizada de los ciudadanos como un aspecto fundamental en la toma de decisiones. La sociedad y sus organizaciones deben tomar parte en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como en las tareas de contraloría social sobre el desempeño de los servidores públicos. Vale decir, las acciones gubernamentales están mejor orientadas y son más eficaces en la medida en que incorporan el esfuerzo colectivo, el escrutinio público y la crítica de la sociedad.
Por otra parte, la democracia es inconcebible sin las libertades de expresión y de prensa. A este respecto, la Constitución Nacional comprende, además, la información como un derecho que será garantizado por el Estado. Así vemos, por ejemplo, que los medios de comunicación en Panamá demandan constantemente el compromiso inquebrantable del Organo Ejecutivo de respetar la libre manifestación de las ideas, la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia, así como no coartar de modo alguno la libertad de imprenta, cuyos límites son el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
El Ejecutivo debe considerar siempre que pretender normar las garantías individuales sobre la libertad de expresión entraña más riesgos que beneficios, peor sí deberá estar atento en todo momento a las propuestas de la sociedad. Es más, el Ejecutivo debe ratificar su compromiso de proponer y adoptar medidas efectivas para cumplir regular, oportuna y suficientemente con el derecho a la información. De igual manera, el Gobierno Nacional está en la obligación de ofrecer asiduamente la información económica y social, generada por el Estado, que permita a la ciudadanía el análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Pero es conveniente señalar que el desarrollo político de un país corresponde siempre a un movimiento de ampliación de la participación ciudadana. La intervención de la sociedad civil en demanda de mayores espacios de opinión pública, conduce a acuerdos e instituciones más representativas. Consideramos que la sociedad panameña ahora, con su pluralismo, desarrolla nuevas formas de acción, presta mayor atención a los asuntos públicos y está en proceso de una mejor preparación para asumir mayores responsabilidades colectivas.
Esta cultura de participación y corresponsabilidad ciudadana es vital para el florecimiento de la cultura democrática, y por lo que habrá de impulsarse en la educación cívica de los niños y los jóvenes, haciendo énfasis en el conocimiento de los derechos y las obligaciones públicas, en la discusión respetuosa, la crítica propositiva y el compromiso con la Nación.
El desarrollo democrático al que aspiramos los panameños comprende la participación social organizada de los ciudadanos como un aspecto fundamental en la toma de decisiones. La sociedad y sus organizaciones deben tomar parte en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como en las tareas de contraloría social sobre el desempeño de los servidores públicos. Vale decir, las acciones gubernamentales están mejor orientadas y son más eficaces en la medida en que incorporan el esfuerzo colectivo, el escrutinio público y la crítica de la sociedad.
Por otra parte, la democracia es inconcebible sin las libertades de expresión y de prensa. A este respecto, la Constitución Nacional comprende, además, la información como un derecho que será garantizado por el Estado. Así vemos, por ejemplo, que los medios de comunicación en Panamá demandan constantemente el compromiso inquebrantable del Organo Ejecutivo de respetar la libre manifestación de las ideas, la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia, así como no coartar de modo alguno la libertad de imprenta, cuyos límites son el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
El Ejecutivo debe considerar siempre que pretender normar las garantías individuales sobre la libertad de expresión entraña más riesgos que beneficios, peor sí deberá estar atento en todo momento a las propuestas de la sociedad. Es más, el Ejecutivo debe ratificar su compromiso de proponer y adoptar medidas efectivas para cumplir regular, oportuna y suficientemente con el derecho a la información. De igual manera, el Gobierno Nacional está en la obligación de ofrecer asiduamente la información económica y social, generada por el Estado, que permita a la ciudadanía el análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
