Partidas circuitales
Como era de esperarse, el proyecto de ley que presenté el primer día de sesiones ordinarias del actual período, por medio del cual se reforma el Reglamento Interno del Régimen Orgánico de la Asamblea Legislativa y se eliminan las partidas circuitales, ha generado una gran polémica, y sobre todo, críticas provenientes de legisladores de distintas bancadas, especialmente del PRD.
Lo primero que debo señalar es que se trata de una iniciativa propia y no es un proyecto de ley que surge del "rgano Ejecutivo, ni de la bancada oficialista. Por ende, mal se puede decir que se trata de un ajuste de cuentas de parte de la Presidenta de la República hacia la nueva Junta Directiva de la Asamblea. Más bien responde a una especial coyuntura política, que me parece la más adecuada para atraer a colación el tema de la eliminación de las partidas circuitales.
Durante el período electoral y antes, sostuve públicamente que las partidas circuitales debían ser eliminadas o en el peor de los casos, reguladas estrictamente en su uso. Lo que me parece inaceptable es que se mantengan en la situación actual, donde las medidas de control y fiscalización dependen en gran medida de la institución administradora y del Contralor, quienes pueden ser estrictos o muy, pero muy flexibles.
En la discusión que se ha generado en los últimos días, hay quienes han querido encaminar el debate en un rumbo equivocado con toda la intención de desviar la atención. Estas personas preguntan retóricamente: "¿Por qué ahora?", y señalan que la iniciativa responde al hecho de haber perdido el control del "rgano Legislativo. A mí me parece que la pregunta más bien debe ser: "¿Por qué no ahora?". Pero, en todo caso, lo cierto es que ahora es un momento más oportuno, porque los legisladores del PRD fueron, durante el período pasado, los principales promotores del mantenimiento de las partidas circuitales y del relajamiento de las normas de control de estos fondos. Así que ahora que se han comprometido en un pacto "para mejorar y transformar la Asamblea Legislativa", es un momento ideal para hacer esta propuesta.
Además, tal como lo señalara Guillermo Cochez, en un artículo de opinión publicado en este diario, días atrás, es inminente que la Corte Surpema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos 247-A, 247-B y 247-C del Reglamento Interno de la Asamblea, los cuales establecen un porcentaje fijo del Presupuesto de Inversiones de este órgano para partidas circuitales. Es de esperarse que el pronunciamiento vaya en la misma dirección que la decisión tomada en el caso de la Universidad de Panamá. Por ende, es ahora que la Asamblea tiene la oportunidad de derogar ella misma unas normas, a todas luces, inconstitucionales, antes de que la Corte lo haga por ella.
El problema con las partidas circuitales no tiene que ver solamente con la forma que son administradas, puesto que algunos podemos hacerlo bien y otros, no tan bien. El problema laboral es inconstitucional. Tal como lo dijera el legislador Cortizo en su discurso inaugural como Presidente de la Asamblea, al Ejecutivo le corresponde ejecutar y al Legislativo, legislar. Además, yo agregaría "fiscalizar", pero no ejecutar. Al tener la responsabilidad de ejecutar partidas circuitales, los legisladores asumimos una responsabilidad que institucionalmente no nos corresponde. Así que la situación ideal es que sea otra autoridad local quien tenga la disponibilidad de fondos para ejecutar obras a nivel comunitario.
Al final del camino, lo cierto es que el "rgano Legislativo se enfrenta a la posibilidad de reformarse a sí mismo. Esta es una coyuntura crítica donde se pone a prueba la sinceridad de las declaraciones públicas, en cuanto que ahora vamos a mejorar la imagen de la Asamblea. Como los señalara un medio de comunicación en días recientes, o la Asamblea demuestra la voluntad de asumir el reto o lamentablemente, el cambio vendrá desde afuera.
Lo primero que debo señalar es que se trata de una iniciativa propia y no es un proyecto de ley que surge del "rgano Ejecutivo, ni de la bancada oficialista. Por ende, mal se puede decir que se trata de un ajuste de cuentas de parte de la Presidenta de la República hacia la nueva Junta Directiva de la Asamblea. Más bien responde a una especial coyuntura política, que me parece la más adecuada para atraer a colación el tema de la eliminación de las partidas circuitales.
Durante el período electoral y antes, sostuve públicamente que las partidas circuitales debían ser eliminadas o en el peor de los casos, reguladas estrictamente en su uso. Lo que me parece inaceptable es que se mantengan en la situación actual, donde las medidas de control y fiscalización dependen en gran medida de la institución administradora y del Contralor, quienes pueden ser estrictos o muy, pero muy flexibles.
En la discusión que se ha generado en los últimos días, hay quienes han querido encaminar el debate en un rumbo equivocado con toda la intención de desviar la atención. Estas personas preguntan retóricamente: "¿Por qué ahora?", y señalan que la iniciativa responde al hecho de haber perdido el control del "rgano Legislativo. A mí me parece que la pregunta más bien debe ser: "¿Por qué no ahora?". Pero, en todo caso, lo cierto es que ahora es un momento más oportuno, porque los legisladores del PRD fueron, durante el período pasado, los principales promotores del mantenimiento de las partidas circuitales y del relajamiento de las normas de control de estos fondos. Así que ahora que se han comprometido en un pacto "para mejorar y transformar la Asamblea Legislativa", es un momento ideal para hacer esta propuesta.
Además, tal como lo señalara Guillermo Cochez, en un artículo de opinión publicado en este diario, días atrás, es inminente que la Corte Surpema de Justicia se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos 247-A, 247-B y 247-C del Reglamento Interno de la Asamblea, los cuales establecen un porcentaje fijo del Presupuesto de Inversiones de este órgano para partidas circuitales. Es de esperarse que el pronunciamiento vaya en la misma dirección que la decisión tomada en el caso de la Universidad de Panamá. Por ende, es ahora que la Asamblea tiene la oportunidad de derogar ella misma unas normas, a todas luces, inconstitucionales, antes de que la Corte lo haga por ella.
El problema con las partidas circuitales no tiene que ver solamente con la forma que son administradas, puesto que algunos podemos hacerlo bien y otros, no tan bien. El problema laboral es inconstitucional. Tal como lo dijera el legislador Cortizo en su discurso inaugural como Presidente de la Asamblea, al Ejecutivo le corresponde ejecutar y al Legislativo, legislar. Además, yo agregaría "fiscalizar", pero no ejecutar. Al tener la responsabilidad de ejecutar partidas circuitales, los legisladores asumimos una responsabilidad que institucionalmente no nos corresponde. Así que la situación ideal es que sea otra autoridad local quien tenga la disponibilidad de fondos para ejecutar obras a nivel comunitario.
Al final del camino, lo cierto es que el "rgano Legislativo se enfrenta a la posibilidad de reformarse a sí mismo. Esta es una coyuntura crítica donde se pone a prueba la sinceridad de las declaraciones públicas, en cuanto que ahora vamos a mejorar la imagen de la Asamblea. Como los señalara un medio de comunicación en días recientes, o la Asamblea demuestra la voluntad de asumir el reto o lamentablemente, el cambio vendrá desde afuera.
