Partidas y partidos
La Asamblea Nacional se encuentra permanentemente en la mira de la crítica ciudadana hasta el punto de ser en el órgano público más desprestigiado, no sólo en Panamá sino en muchos países del continente.
El Presidente de la Asamblea Nacional, a menos de un año de las elecciones generales, volvió a proponer hace unos días la restauración de las partidas circuitales que habían sido eliminadas en el 2002, con la excusa que éstas le brindarían al Legislativo más independencia frente a los otros poderes para aplicar su acción fiscalizadora. Pero no es así y la razón es otra. No es casual que una gran proporción de los 78 diputados/as está en la carrera reeleccionaria y la reaparición de las partidas circuitales sólo servirá de instrumento electorero y clientelista pues, de aprobarse, seguramente los dineros se ajustarán a la búsqueda de voto, como forma velada de compra del sufragio, en lugar que la inversión se realice basada en diagnósticos veraces y objetivos de la realidad. No lo olvidemos, no es tarea de los diputados realizar inversiones públicas o comunales, sino legislar en función del bien común.
Recordemos que cuando las partidas fueron eliminadas ascendían a millón y medio anual por cada diputado oficialista y que hace apenas tres meses el Ejecutivo le aprobó al parlamento cuatro y medio millones para contratar servicios profesionales que apuntan en la misma dirección de lo ya mencionado sobre las partidas. Además, la resurrección de las partidas se sumaría a la larga cadena de privilegios que gozan los diputados y que es motivo de rechazo de la ciudadanía.
Un número importante de la ciudadanía, según estudios realizados, cree que la democracia y el país funcionaría mejor sin diputados e incluso sin partidos. Por ello es necesario afirmar que la labor de los parlamentos debe situarse en ser el espacio político por excelencia que garantice el reforzamiento de la comunicación democrática con la sociedad. Esa comunicación de doble vía debería relacionar el actuar legislativo con la captación de las demandas, inquietudes y aspiraciones de la sociedad. Los parlamentos son quienes aprueban las leyes en las democracias, y tienen el deber de interpretar el bien común y plasmarlo en leyes que materialicen el interés público. Por otra parte, ellos, los parlamentarios en nombre del pueblo, deben controlar los abusos del poder tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial interpretando ese interés público.
Volver a instituir las partidas circuitales agravaría la crisis de legitimidad del parlamento, que demostraría nuevamente la vigencia en ese órgano de los intereses creados y la negación a la profundizar de la democracia y la integridad que el país reclama. Los partidos políticos tienen mucha responsabilidad en el tema de las partidas, y deben demostrarla al país que van a cumplir sus promesas de transparencia y renovación, por lo que este tema sera un nuevo "test" para comprobarlo.
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