¿Pasar agachados?
Los edificios y los jardines del Hospital Santo Tomás fueron declarados Monumentos Históricos, mediante la Ley N° 26 de 30 de diciembre de 1986.
El 9 de mayo de 1990, la profesora Marcela Camargo R., directora nacional del Patrimonio Histórico, le envió la nota DHPN-206 al Asesor del entonces Viceministro de la Presidencia de la República, en la cual le adjuntó el informe presentado por el doctor Eduardo Tejeira Davis, subdirector del precitado Patrimonio, quien especificó cuál es la "zona monumental (que debe conservarse por Ley y) que debe incluir como mínimo, los edificios contemplados en el proyecto original", los cuales son: el edificio principal, el edificio de farmacia y laboratorios, la consulta externa, la administración y otros. Añadió el doctor Tejeira, en su nota, que "los edificios que no forman parte del grupo monumental, tampoco pueden adquirir una forma que perjudique los que tienen valor histórico".
Durante el Gobierno del presidente Pérez Balladares, el Departamento de Ingeniería del Ministerio de Salud elaboró unos planos, con el propósito de rehabilitar, restaurar, remodelar algunos edificios y construir obras nuevas, a costa de destruir el conjunto histórico monumental.
Esos planos no fueron aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, según consta en la nota DNPH-186 del 17 de junio de 1999.
Según declaraciones atribuidas al doctor José Terán, ministro de Salud, las cuales fueron publicadas el 26 de abril del 2,000 en un diario local, "próximamente será llevada a licitación la construcción de un moderno edificio... lo anterior es obra del gobierno de Pérez Balladares ... pero que es en este Gobierno en el que se pondrá en marcha". Esa construcción estará precedida de la destrucción de los edificios de la consulta externa y de la administración.
Según se informa en la nota N° 325 de 12 de junio del 2000, la cual lleva la firma de la actual Directora Nacional de Patrimonio Histórico, la arquitecta Almyr Alba, "los planos de la reforma del Hospital Santo Tomás, no han sido presentados a la fecha, para la aprobación de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del INAC".
A pesar de lo anterior, el señor Ministro de Salud anunció el mes pasado, que tres (3) empresas ya han precalificado, para participar en la reforma del H.S.T y que el acto de licitación pública se efectuará el próximo jueves 3 de agosto del año en curso.
Queda claro, entonces, que las opciones que les quedan a los que intentan seguir con los planos que fueron confeccionados por el Gobierno de Pérez Balladares, y que son los mismos que fueron adoptados por el actual Gobierno, son las siguientes: -Seguir adelante con los planos y violar el artículo 39 de la Ley 14 de 1982 (la cual creó la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico) el cual dice, a la letra, que "La Dirección Nacional de Patrimonio Histórico deberá aprobar todo proyecto de obra que se realice en las áreas adyacentes de un monumento nacional o histórico, con el fin de prevenir el deterioro o el desmejoramiento del mismo".
Lograr que la Asamblea Nacional modifique la precitada Ley.
Reemplazar a la actual Directora de Patrimonio Histórico por una persona complaciente, que se atreva a violar las leyes y a firmar los planos heredados del Gobierno anterior.
Quiero dejar constancia que estoy absolutamente de acuerdo con la idea de que nuestra Institución necesita ser rehabilitada, restaurada, remodelada y enriquecida con edificios nuevos pero, hay 63 millones de razones por las cuales, todo ello debe hacerse, con la aprobación de todos los integrantes del patronato y de acuerdo a las leyes vigentes.
Pareciera ser que el Patronato del Hospital Santo Tomás, quien tiene el derecho y el deber de administrar "con el cuidado de un buen padre de familia", todo el patrimonio de la Institución, quiere "pasar agachado" y dejar que el Ministerio de Salud sea el que se encargue, exclusivamente, del manejo de este tema.
Esa actitud, de ser cierta, es totalmente inaceptable, por dos razones: La primera, porque son todos los integrantes del patronato, y no solamente uno de ellos, los que violarían las leyes vigentes y aceptarían que se destruya, impunemente, el conjunto monumental histórico. La segunda, porque es obligación de todos los integrantes del Patronato, y no solamente de uno de uno de ellos, vigilar el manejo eficiente y transparente, de los 63 millones de dólares que, se dice, costará la nueva obra. El pueblo panameño no les permitirá ni les perdonará, el que intenten "pasar agachados".
El 9 de mayo de 1990, la profesora Marcela Camargo R., directora nacional del Patrimonio Histórico, le envió la nota DHPN-206 al Asesor del entonces Viceministro de la Presidencia de la República, en la cual le adjuntó el informe presentado por el doctor Eduardo Tejeira Davis, subdirector del precitado Patrimonio, quien especificó cuál es la "zona monumental (que debe conservarse por Ley y) que debe incluir como mínimo, los edificios contemplados en el proyecto original", los cuales son: el edificio principal, el edificio de farmacia y laboratorios, la consulta externa, la administración y otros. Añadió el doctor Tejeira, en su nota, que "los edificios que no forman parte del grupo monumental, tampoco pueden adquirir una forma que perjudique los que tienen valor histórico".
Durante el Gobierno del presidente Pérez Balladares, el Departamento de Ingeniería del Ministerio de Salud elaboró unos planos, con el propósito de rehabilitar, restaurar, remodelar algunos edificios y construir obras nuevas, a costa de destruir el conjunto histórico monumental.
Esos planos no fueron aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, según consta en la nota DNPH-186 del 17 de junio de 1999.
Según declaraciones atribuidas al doctor José Terán, ministro de Salud, las cuales fueron publicadas el 26 de abril del 2,000 en un diario local, "próximamente será llevada a licitación la construcción de un moderno edificio... lo anterior es obra del gobierno de Pérez Balladares ... pero que es en este Gobierno en el que se pondrá en marcha". Esa construcción estará precedida de la destrucción de los edificios de la consulta externa y de la administración.
Según se informa en la nota N° 325 de 12 de junio del 2000, la cual lleva la firma de la actual Directora Nacional de Patrimonio Histórico, la arquitecta Almyr Alba, "los planos de la reforma del Hospital Santo Tomás, no han sido presentados a la fecha, para la aprobación de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del INAC".
A pesar de lo anterior, el señor Ministro de Salud anunció el mes pasado, que tres (3) empresas ya han precalificado, para participar en la reforma del H.S.T y que el acto de licitación pública se efectuará el próximo jueves 3 de agosto del año en curso.
Queda claro, entonces, que las opciones que les quedan a los que intentan seguir con los planos que fueron confeccionados por el Gobierno de Pérez Balladares, y que son los mismos que fueron adoptados por el actual Gobierno, son las siguientes: -Seguir adelante con los planos y violar el artículo 39 de la Ley 14 de 1982 (la cual creó la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico) el cual dice, a la letra, que "La Dirección Nacional de Patrimonio Histórico deberá aprobar todo proyecto de obra que se realice en las áreas adyacentes de un monumento nacional o histórico, con el fin de prevenir el deterioro o el desmejoramiento del mismo".
Lograr que la Asamblea Nacional modifique la precitada Ley.
Reemplazar a la actual Directora de Patrimonio Histórico por una persona complaciente, que se atreva a violar las leyes y a firmar los planos heredados del Gobierno anterior.
Quiero dejar constancia que estoy absolutamente de acuerdo con la idea de que nuestra Institución necesita ser rehabilitada, restaurada, remodelada y enriquecida con edificios nuevos pero, hay 63 millones de razones por las cuales, todo ello debe hacerse, con la aprobación de todos los integrantes del patronato y de acuerdo a las leyes vigentes.
Pareciera ser que el Patronato del Hospital Santo Tomás, quien tiene el derecho y el deber de administrar "con el cuidado de un buen padre de familia", todo el patrimonio de la Institución, quiere "pasar agachado" y dejar que el Ministerio de Salud sea el que se encargue, exclusivamente, del manejo de este tema.
Esa actitud, de ser cierta, es totalmente inaceptable, por dos razones: La primera, porque son todos los integrantes del patronato, y no solamente uno de ellos, los que violarían las leyes vigentes y aceptarían que se destruya, impunemente, el conjunto monumental histórico. La segunda, porque es obligación de todos los integrantes del Patronato, y no solamente de uno de uno de ellos, vigilar el manejo eficiente y transparente, de los 63 millones de dólares que, se dice, costará la nueva obra. El pueblo panameño no les permitirá ni les perdonará, el que intenten "pasar agachados".
