Patria nueva y el Estado de bienestar social
Actualmente hay discusiones sobre el origen, naturaleza y funciones de lo que se denomina un Estado de bienestar social. Esa teoría política nació en la década de 1920, luego de movimientos sociales en Alemania e Italia. El concepto es que distribuir la riqueza y crear oportunidades para todos los ciudadanos es una tarea efectivamente pública. Esa idea modificó radicalmente las condiciones del ciudadano en la sociedad y generó una nueva visión frente al criterio de que el individuo es el único responsable de sus éxitos o fracasos. El Estado de bienestar social introdujo el principio de un Estado mínimo vital en el que la sociedad en su conjunto debe garantizar ciertas condiciones de igualdad para los individuos que nacen en situaciones sociales y económicas desiguales.
Desde esa perspectiva el Estado no puede omitir ni descuidar el cumplimiento de sus obligaciones esenciales como son el mantenimiento del orden público, la provisión de servicios básicos y garantizar el bienestar físico y espiritual de los ciudadanos. Tampoco puede ser indiferente a las demandas de justicia y las prácticas corruptas que tratan de instalarse en el seno de la sociedad.
En el modelo económico panameño es el sistema tributario el instrumento para redistribuir la riqueza, las oportunidades y el bienestar a fin de superar las asimetrías sociales. El Estado debe actuar como supervisor del mercado, impidiendo que la pérdida de salarios producida por el desempleo afecte la demanda general con sus repercusiones en la oferta y la producción. Es una realidad que las sociedades más igualitarias son más eficientes y menos vulnerables a las crisis sistémicas.
El acceso al empleo, corregir las diferencias en materia educativa, el déficit tecnológico, habitacional, de salud pública y alimentaria, son aspectos que requieren respuestas rápidas y prácticas. Para reducir las desigualdades estructurales y mejorar el nivel de bienestar general, la propuesta del gobierno de Patria Nueva va dirigida a modificar el actual sistema social polarizado, carente de un rumbo estratégico compartido y con una frágil capacidad de integración social. El Estado de bienestar social tiene como prioridad ayudar a los que menos tienen, equilibrando las profundas diferencias de ingresos y oportunidades que muestra la sociedad panameña. No se trata de asistencialismo, sino de equidad social. Esta política tiene como enfoque central corregir las desigualdades en materia de capacitación, información, acceso al conocimiento, salud e ingresos familiares.
En todo esto el sector privado sigue siendo vital para un crecimiento económico que contribuya a reducir los índices de pobreza. El papel del gobierno nacional es garantizar la estabilidad del sistema democrático con una política de disciplina fiscal y programas sociales para enfrentar problemas largamente ignorados. Con esa visión, el gobierno está integrando el esfuerzo conjunto de la ciudadanía comprometida con el orden democrático y sensible a la realidad de que el bienestar de los panameños es responsabilidad de la sociedad en su conjunto.
El programa de transformaciones y reformas que impulsa el presidente Martín Torrijos requiere del respaldo de una clase política y empresarial renovada, divorciada de quienes en el pasado fallaron en su tarea de modernizar el país, y de la participación de una ciudadanía comprometida con el futuro de la nación panameña.
Patria Nueva está empeñada en traducir su gestión de gobierno en la empresa constructora de un Estado de bienestar social que vele por los ciudadanos, que mejore sus condiciones de vida y propicie las transformaciones que lo modernicen y lo pongan en sintonía con el actual mundo globalizado. El proyecto de país de todos, requiere sacar ventajas de la actual coyuntura internacional favorable y trabajar internamente para mejorar el funcionamiento de la economía y la sociedad. Para alcanzar medios de gestión de categoría internacional es urgente abordar, de manera concreta y eficiente, la enorme desigualdad que constituye el principal obstáculo para llevar a cabo en Panamá una transformación económica y social sostenible y duradera en el tiempo.
Desde esa perspectiva el Estado no puede omitir ni descuidar el cumplimiento de sus obligaciones esenciales como son el mantenimiento del orden público, la provisión de servicios básicos y garantizar el bienestar físico y espiritual de los ciudadanos. Tampoco puede ser indiferente a las demandas de justicia y las prácticas corruptas que tratan de instalarse en el seno de la sociedad.
En el modelo económico panameño es el sistema tributario el instrumento para redistribuir la riqueza, las oportunidades y el bienestar a fin de superar las asimetrías sociales. El Estado debe actuar como supervisor del mercado, impidiendo que la pérdida de salarios producida por el desempleo afecte la demanda general con sus repercusiones en la oferta y la producción. Es una realidad que las sociedades más igualitarias son más eficientes y menos vulnerables a las crisis sistémicas.
El acceso al empleo, corregir las diferencias en materia educativa, el déficit tecnológico, habitacional, de salud pública y alimentaria, son aspectos que requieren respuestas rápidas y prácticas. Para reducir las desigualdades estructurales y mejorar el nivel de bienestar general, la propuesta del gobierno de Patria Nueva va dirigida a modificar el actual sistema social polarizado, carente de un rumbo estratégico compartido y con una frágil capacidad de integración social. El Estado de bienestar social tiene como prioridad ayudar a los que menos tienen, equilibrando las profundas diferencias de ingresos y oportunidades que muestra la sociedad panameña. No se trata de asistencialismo, sino de equidad social. Esta política tiene como enfoque central corregir las desigualdades en materia de capacitación, información, acceso al conocimiento, salud e ingresos familiares.
En todo esto el sector privado sigue siendo vital para un crecimiento económico que contribuya a reducir los índices de pobreza. El papel del gobierno nacional es garantizar la estabilidad del sistema democrático con una política de disciplina fiscal y programas sociales para enfrentar problemas largamente ignorados. Con esa visión, el gobierno está integrando el esfuerzo conjunto de la ciudadanía comprometida con el orden democrático y sensible a la realidad de que el bienestar de los panameños es responsabilidad de la sociedad en su conjunto.
El programa de transformaciones y reformas que impulsa el presidente Martín Torrijos requiere del respaldo de una clase política y empresarial renovada, divorciada de quienes en el pasado fallaron en su tarea de modernizar el país, y de la participación de una ciudadanía comprometida con el futuro de la nación panameña.
Patria Nueva está empeñada en traducir su gestión de gobierno en la empresa constructora de un Estado de bienestar social que vele por los ciudadanos, que mejore sus condiciones de vida y propicie las transformaciones que lo modernicen y lo pongan en sintonía con el actual mundo globalizado. El proyecto de país de todos, requiere sacar ventajas de la actual coyuntura internacional favorable y trabajar internamente para mejorar el funcionamiento de la economía y la sociedad. Para alcanzar medios de gestión de categoría internacional es urgente abordar, de manera concreta y eficiente, la enorme desigualdad que constituye el principal obstáculo para llevar a cabo en Panamá una transformación económica y social sostenible y duradera en el tiempo.
