PDC sí cobró cuotas, aseguran ex legisladores
Ex legisladores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) anunciaron ayer que solicitarán a la Fiscalía Electoral que abra una investigación contra Ricardo Arias Calderón por ordenar el pago de cuotas de funcionario, que eran miembros del colectivo, mientras éste fungió como presidente de la mencionada organización política.
Felipe Escobar, ex legislador democristiano, acusó al ex vicepresidente de la República, Arias Calderón, de ser el "orquestador" del cobro de cuotas a los funcionarios que pertenecían al PDC, principalmente durante el año en que este partido gobernó. Escobar aseguró que entre los cargos que le levantaron para argumentar su expulsión del PDC, en 1992, estuvo el incumplimiento en el pago de cuotas.
"Yo pagaba 500 balboas mensuales, en concepto de cuotas, durante dos años hasta que descubrí que otros legisladores cercanos a Arias Calderón y a la cúpula del PDC, como Willie Cochez, Miltón Henríquez, Raúl Ossa y Camilo Brenes, nunca pagaban", aseguró.
Insistió en que "ahora que la Fiscalía Electoral está investigando el cobro de cuotas de funcionarios por parte de partidos políticos, debe investigar lo que hizo el PDC, porque también cobró cuotas cuando Ricardo Arias Calderón era presidente del partido".
Por su parte, el legislador y actual presidente del PDC, Rubén Arosemena, aseguró que en la Democracia Cristiana "no se incurre, ni se ha incurrido" en las "prácticas ilícitas" de recaudar fondos de funcionarios y "tampoco obligamos a personas a dar un diezmo a cambio de un trabajo".
No obstante, el también ex legislador PDC, Anastasio Batista, presentó recibos que certifican el pago de cuotas mensuales al PDC, mientras era legislador.
En tanto, Felipe Escobar sostuvo que "Arias Calderón instruía al secretario general del partido, Iván Romero, para que presionara a los funcionarios a que pagarán y a la secretaria de finanzas, Clevia Mejía, para que enviara los estados de cuenta a los empleados públicos, incluyendo a los que ganaban 200 dólares, con el fin de que pagaran su cuota pública".
Según los denunciantes, la tarifa de las cuotas era del 3 por ciento del salario para los funcionarios que residían en el interior del país, y aumentaba al 5 por ciento para los de la capital. El PDC tenía cinco ministros de Estado, 28 legisladores, siete directores y ocho subdirectores de entidades autónomas, 30 alcaldes y tres gobernadores y unos 5 mil funcionarios en la planilla estatal.
Felipe Escobar, ex legislador democristiano, acusó al ex vicepresidente de la República, Arias Calderón, de ser el "orquestador" del cobro de cuotas a los funcionarios que pertenecían al PDC, principalmente durante el año en que este partido gobernó. Escobar aseguró que entre los cargos que le levantaron para argumentar su expulsión del PDC, en 1992, estuvo el incumplimiento en el pago de cuotas.
"Yo pagaba 500 balboas mensuales, en concepto de cuotas, durante dos años hasta que descubrí que otros legisladores cercanos a Arias Calderón y a la cúpula del PDC, como Willie Cochez, Miltón Henríquez, Raúl Ossa y Camilo Brenes, nunca pagaban", aseguró.
Insistió en que "ahora que la Fiscalía Electoral está investigando el cobro de cuotas de funcionarios por parte de partidos políticos, debe investigar lo que hizo el PDC, porque también cobró cuotas cuando Ricardo Arias Calderón era presidente del partido".
Por su parte, el legislador y actual presidente del PDC, Rubén Arosemena, aseguró que en la Democracia Cristiana "no se incurre, ni se ha incurrido" en las "prácticas ilícitas" de recaudar fondos de funcionarios y "tampoco obligamos a personas a dar un diezmo a cambio de un trabajo".
No obstante, el también ex legislador PDC, Anastasio Batista, presentó recibos que certifican el pago de cuotas mensuales al PDC, mientras era legislador.
En tanto, Felipe Escobar sostuvo que "Arias Calderón instruía al secretario general del partido, Iván Romero, para que presionara a los funcionarios a que pagarán y a la secretaria de finanzas, Clevia Mejía, para que enviara los estados de cuenta a los empleados públicos, incluyendo a los que ganaban 200 dólares, con el fin de que pagaran su cuota pública".
Según los denunciantes, la tarifa de las cuotas era del 3 por ciento del salario para los funcionarios que residían en el interior del país, y aumentaba al 5 por ciento para los de la capital. El PDC tenía cinco ministros de Estado, 28 legisladores, siete directores y ocho subdirectores de entidades autónomas, 30 alcaldes y tres gobernadores y unos 5 mil funcionarios en la planilla estatal.
