Pena de muerte
El derecho a la vida es un elemento constitutivo de la sociedad y de su legislación. Resulta inconcebible -por decir lo menos- que una persona elegida para dar las leyes tenga la insensatez de osar proponer un proyecto de ley "para instaurar en Panamá la pena de muerte". Sin embargo, hace un par de días, un legislador del partido arnulfista, ante el silencio cómplice de la mayoría de sus colegas "legisladrones" y de la directiva de su partido, ha propuesto la pena de muerte. Y en el coro de las voces que han callado frente a semejante barbarie, nos encontramos a los integrantes del Ejecutivo y del Organo Judicial. Ello es sumamente preocupante.
Cuando las principales autoridades del país "instituidas para proteger en su vida, honra y bienes..." a los habitantes del territorio nacional, callan o no se indignan al atentarse en forma descarada contra un derecho fundamental que tiene que estar protegido por el Estado y que debe ser considerado como el máximo bien jurídico tutelable por la sociedad; constatamos, entonces, el retroceso de madurez y de civilización jurídica y política al que nos están llevando los actuales rectores del Estado. Ello es extremadamente inquietante.
Si la pena de muerte o "pena capital" fue erradicada desde inicios del siglo pasado de nuestro derecho público y desde entonces ha sido "invariable y firmemente" mantenida fuera de nuestro derecho constitucional, ¿cómo es posible que un alto dirigente del partido político gobernante y "Legislador de la República", se atreva a proponer semejante disparate? Cualquiera que sea la explicación o justificación que quieran dar "a posteriori", lo que no podrán evitar es la evidente inclinación hacia derroteros totalitarios y arbitrarios que han tomado. Ello es terriblemente desesperante.
La corrupción de valores que encierra la propuesta de establecimiento de la pena de muerte en nuestro país, nos muestra cierto carácter feroz y sangriento que algunos intentan inculcar a la población para poder así desarrollar sus desenfrenos y su deshumanizante comportamiento político. No faltarán aquellos que, silenciosamente, ya estarán pensando en montar un negocio privado para la aplicación de la pena. Ello es humanamente triste.
Nada, absolutamente nada, justifica el establecimiento de la pena de muerte en Panamá. La humanidad camina, cada vez más, hacia formas y esquemas jurídicos punitivos más acordes con la condición humana. ¿Por qué ciertas autoridades de turno buscan hacernos retroceder en el proceso civilizador y en la buena conciencia? ¿Qué fines persiguen con una propuesta que es, además, flagrantemente violatoria de la Constitución?
El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un derecho es fundamental cuando "hace parte de aquellos bienes jurídicos que, por estar inseparablemente unidos a la condición humana por integrar su núcleo jurídico primario, constituyen el fundamento de toda comunidad política, en cuanto le sirven de principio y de razón fundamental". Resulta, entonces, inaceptable desde todo punto de vista, sea jurídico, cultural, social o político, la pretensión del legislador de marras y el silencio de las autoridades.
De nada sirve que se nos hable del reconocimiento de nuestros derechos como seres humanos y como ciudadanos, si no se sanciona -en forma ejemplar y oportuna- la actuación de un legislador que presenta un proyecto de ley de esta naturaleza.
Hago mías las palabras del poeta Constantino Kavafis: "Frecuentemente observo la poca importancia que atribuyen los hombres a las palabras. Me explicaré. Un hombre sencillo tiene una idea, condena una ley o una opinión generalmente aceptada. Sabe que la mayoría piensa lo contrario y calla por eso, creyendo que no es conveniente que hable y argumenta que con sus palabras nada cambiará. Es un error. Yo actúo de otro modo. Condeno, por ejemplo, la pena de muerte. En cuanto tengo ocasión, lo proclamo, no porque crea que porque yo lo diga los gobiernos la abolirán mañana, sino porque al decirlo contribuyo al triunfo de mi opinión. No importa que nadie esté de acuerdo conmigo. Mi palabra no se perderá. La repetirá alguien quizá y puede que vaya a oídos que la escuchen y se animen con ella. Puede que alguno de los que no están de acuerdo ahora con ella, la recuerden en el futuro y, con la concurrencia de otras circunstancias, se convenzan, o su convicción contraria se quebrante. Así también en otras cuestiones sociales distintas y en algunas en que principalmente se requiere acción. Por eso sólo hablo. Pero no creo que mis palabras estén de más. Otro actuará. Pero de mis muchas palabras -de mí, el débil-algunas le facilitarán la acción. Desbrozan en camino". Por lo anterior es que también estaré desde el próximo lunes, de doce del mediodía a una de la tarde en Radio Exitosa, con mi programa "Alternativa"... para que mi palabra no se pierda.
Cuando las principales autoridades del país "instituidas para proteger en su vida, honra y bienes..." a los habitantes del territorio nacional, callan o no se indignan al atentarse en forma descarada contra un derecho fundamental que tiene que estar protegido por el Estado y que debe ser considerado como el máximo bien jurídico tutelable por la sociedad; constatamos, entonces, el retroceso de madurez y de civilización jurídica y política al que nos están llevando los actuales rectores del Estado. Ello es extremadamente inquietante.
Si la pena de muerte o "pena capital" fue erradicada desde inicios del siglo pasado de nuestro derecho público y desde entonces ha sido "invariable y firmemente" mantenida fuera de nuestro derecho constitucional, ¿cómo es posible que un alto dirigente del partido político gobernante y "Legislador de la República", se atreva a proponer semejante disparate? Cualquiera que sea la explicación o justificación que quieran dar "a posteriori", lo que no podrán evitar es la evidente inclinación hacia derroteros totalitarios y arbitrarios que han tomado. Ello es terriblemente desesperante.
La corrupción de valores que encierra la propuesta de establecimiento de la pena de muerte en nuestro país, nos muestra cierto carácter feroz y sangriento que algunos intentan inculcar a la población para poder así desarrollar sus desenfrenos y su deshumanizante comportamiento político. No faltarán aquellos que, silenciosamente, ya estarán pensando en montar un negocio privado para la aplicación de la pena. Ello es humanamente triste.
Nada, absolutamente nada, justifica el establecimiento de la pena de muerte en Panamá. La humanidad camina, cada vez más, hacia formas y esquemas jurídicos punitivos más acordes con la condición humana. ¿Por qué ciertas autoridades de turno buscan hacernos retroceder en el proceso civilizador y en la buena conciencia? ¿Qué fines persiguen con una propuesta que es, además, flagrantemente violatoria de la Constitución?
El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un derecho es fundamental cuando "hace parte de aquellos bienes jurídicos que, por estar inseparablemente unidos a la condición humana por integrar su núcleo jurídico primario, constituyen el fundamento de toda comunidad política, en cuanto le sirven de principio y de razón fundamental". Resulta, entonces, inaceptable desde todo punto de vista, sea jurídico, cultural, social o político, la pretensión del legislador de marras y el silencio de las autoridades.
De nada sirve que se nos hable del reconocimiento de nuestros derechos como seres humanos y como ciudadanos, si no se sanciona -en forma ejemplar y oportuna- la actuación de un legislador que presenta un proyecto de ley de esta naturaleza.
Hago mías las palabras del poeta Constantino Kavafis: "Frecuentemente observo la poca importancia que atribuyen los hombres a las palabras. Me explicaré. Un hombre sencillo tiene una idea, condena una ley o una opinión generalmente aceptada. Sabe que la mayoría piensa lo contrario y calla por eso, creyendo que no es conveniente que hable y argumenta que con sus palabras nada cambiará. Es un error. Yo actúo de otro modo. Condeno, por ejemplo, la pena de muerte. En cuanto tengo ocasión, lo proclamo, no porque crea que porque yo lo diga los gobiernos la abolirán mañana, sino porque al decirlo contribuyo al triunfo de mi opinión. No importa que nadie esté de acuerdo conmigo. Mi palabra no se perderá. La repetirá alguien quizá y puede que vaya a oídos que la escuchen y se animen con ella. Puede que alguno de los que no están de acuerdo ahora con ella, la recuerden en el futuro y, con la concurrencia de otras circunstancias, se convenzan, o su convicción contraria se quebrante. Así también en otras cuestiones sociales distintas y en algunas en que principalmente se requiere acción. Por eso sólo hablo. Pero no creo que mis palabras estén de más. Otro actuará. Pero de mis muchas palabras -de mí, el débil-algunas le facilitarán la acción. Desbrozan en camino". Por lo anterior es que también estaré desde el próximo lunes, de doce del mediodía a una de la tarde en Radio Exitosa, con mi programa "Alternativa"... para que mi palabra no se pierda.
