Pena de muerte o derechos fundamentales
Con el paso del tiempo, América Latina se ha ido despojando progresivamente de la pena de muerte como un instrumento penal válido para el castigo de quienes delinquen. En este sentido, desde la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos, en 1969, una corriente abolicionista ha llevado a modificar los sistemas de justicia de nuestros países, promoviendo su erradicación definitiva. Hoy día, y salvo unas muy escasas excepciones, entre las que se cuentan Guatemala y algunos estados del Caribe, desde México a Argentina, la región ya no acude a la ejecución legal de quienes violan los derechos considerados más preciados. El alto nivel de consenso alcanzado para abolirla quizás sirva para explicar la sorpresa, o incluso asombro, con que los latinoamericanos constatamos la vigencia de la misma en la sociedad norteamericana.
Históricamente, en Estados Unidos se ha polemizado ampliamente en torno a la justicia, humanidad, e incluso moralidad, del castigo capital. Prácticamente todos los sectores de la sociedad en un momento u otro han expresado su posición al respecto. Desde los dos partidos mayoritarios --los republicanos, fuertemente a favor de su mantenimiento, y los demócratas, que aunque divididos, han tendido a enrolarse en una línea pro-abolicionista--; a las distintas iglesias, pasando por los activistas de derechos humanos y los grupos minoritarios; estos últimos, cuestionado duramente la desproporción con que la pena de muerte es aplicada a miembros de minorías.
A nivel de los estados, una franca mayoría mantiene en vigencia códigos penales que permiten que sus tribunales o jurados impongan la pena capital. Son precisamente 38 las jurisdicciones estatales donde los crímenes graves, y que la sociedad considera excesivamente violentos, inhumanos, o irredimibles, acarrean como castigo la pérdida de la vida.
La magnitud del problema resulta evidente si tomamos en cuenta que, en distintas cárceles distribuidas por el país, se alberga, hoy día, a una población de 3.600 condenados a muerte. Los mismos son alojados en los legendarios "pasillos de la muerte", a la espera del día de la ejecución. Sin embargo, esa "espera" puede durar años e incluso décadas, dado que una vez que la sentencia es impuesta, se abren distintas posibilidades legales, al menos teóricamente, que permiten revisar el proceso legal que llevó a la condena. No obstante, desde 1976, año en que se resolvió la constitucionalidad del castigo, se han contabilizado en el país un total de 610 ejecuciones.
El estado de Texas, por su parte, ha ejecutado nada menos que a 206 condenados. California, por otro lado, también se ha caracterizado por tener una opinión pública y una dirigencia política muy favorable a la pena de muerte. Ello quizás explique que hoy tenga unos 563 condenados a muerte en sus cárceles, la cifra más alta de todo el país. Sin embargo, ha sido probablemente Florida uno de los estados que ha recibido la mayoría de las críticas de los defensores de derechos humanos. Esto se debía a la insistencia con que mantenía, conjuntamente con Georgia y Alabama, un método particular para causar la muerte: la electrocución. La reacción generada a nivel nacional, ha llevado a que la legendaria "silla eléctrica", tachada de inhumana o excesivamente cruel, haya pasado a constituir una forma secundaria de ejecución. Hace poco más de un mes los legisladores texanos aprobaron una ley que adopta como método de ejecución la "inyección letal". Sin embargo, la silla eléctrica no queda definitivamente descartada del sistema. Una muy peculiar provisión de la nueva ley permitirá que, en caso de solicitarlo el condenado, se recurra a la misma; esto, no obstante, parece sumamente improbable.
En este contexto, ha sido el gobernador Ryan del estado de Illinois quien ha tomado, a fines del mes pasado, una drástica decisión que le otorga al debate un impulso considerable. La decisión se basa en una admisión casi sin precedentes, hecha paradójicamente alcanzada por un hombre del partido republicano y personalmente embanderado a favor de la pena de muerte. Ryan dispuso la "suspensión provisoria" de todas las ejecuciones en el estado. Según expresó, se estaría en presencia de "un récord vergonzoso de condenas impuestas a personas inocentes, las cuales han estado confinadas por años en los pasillos de la muerte". Ello, afirmó, "no deja otra opción que proceder con la suspensión". Entre las razones brindadas está la inadecuada o incluso totalmente incompetente asistencia legal prestada por los abogados a los condenados; tratándose en muchos casos de abogados suspendidos, o impedidos de ejercer la profesión legal, y también severamente restringidos en cuanto a los recursos mínimos necesarios para hacer una defensa legal eficiente. Tampoco puede subestimarse el éxito alcanzado por la campaña que reclama una moratoria en las ejecuciones. La misma, viene movilizando a la opinión pública, a partir de revelar las condiciones en que la pena de muerte es impuesta en el país. Uno de los hitos de la campaña lo constituyó una reunión sin precedentes realizada en Chicago con la presencia de 28 "sobrevivientes de la pena de muerte"; todas ellos personas que lograron, tras largos períodos de confinamiento en el pasillo de la muerte y duras batallas legales, exponer crudamente las limitaciones e insuficiencias del sistema legal y probar su respectiva inocencia. El conocimiento alcanzado por la opinión pública de estos casos, con personas inocentes de carne y hueso, ha provocado en algunos sectores un drástico cambio de actitud sobre la pena de muerte, llevándolos a verla con mucho mayor escepticismo, desconfianza e incluso rechazo.
Por lo pronto, la admisión pública del gobernador de Illinois ha disparado toda una serie de reacciones. En Maryland, su par demócrata ordenó la realización de un estudio exhaustivo sobre la pena de muerte en su estado. Una vez que el informe esté concluido, no se descarta una suspensión similar. Además, más de una docena de proyectos de leyes que disponen sendas moratorias a las ejecuciones están siendo considerados de distintas legislaturas del país. Se está empezando a admitir "públicamente" que los sistemas penales evidentemente presentan fallas muy serias, y que las mismas podrían exponer a la muerte a personas inocentes. Esto cuadro parece ser perfectamente aplicable a varios estados y no exclusivamente a Illinois, que sólo ha tomado el liderazgo Ciertamente, estos últimos acontecimientos no cambiarán de la noche a la mañana la situación en el país. Sin embargo, parece quedar claro que los riesgos presentes son sumamente altos, y que las deficiencias expuestas en los sistemas judiciales constituyen un muy difícil, acaso insalvable obstáculo, para la continuidad de la aplicación de la pena de muerte. Por ahora, la vida de inocentes exige sin demoras una moratoria inmediata y la profundización de los estudios.
Históricamente, en Estados Unidos se ha polemizado ampliamente en torno a la justicia, humanidad, e incluso moralidad, del castigo capital. Prácticamente todos los sectores de la sociedad en un momento u otro han expresado su posición al respecto. Desde los dos partidos mayoritarios --los republicanos, fuertemente a favor de su mantenimiento, y los demócratas, que aunque divididos, han tendido a enrolarse en una línea pro-abolicionista--; a las distintas iglesias, pasando por los activistas de derechos humanos y los grupos minoritarios; estos últimos, cuestionado duramente la desproporción con que la pena de muerte es aplicada a miembros de minorías.
A nivel de los estados, una franca mayoría mantiene en vigencia códigos penales que permiten que sus tribunales o jurados impongan la pena capital. Son precisamente 38 las jurisdicciones estatales donde los crímenes graves, y que la sociedad considera excesivamente violentos, inhumanos, o irredimibles, acarrean como castigo la pérdida de la vida.
La magnitud del problema resulta evidente si tomamos en cuenta que, en distintas cárceles distribuidas por el país, se alberga, hoy día, a una población de 3.600 condenados a muerte. Los mismos son alojados en los legendarios "pasillos de la muerte", a la espera del día de la ejecución. Sin embargo, esa "espera" puede durar años e incluso décadas, dado que una vez que la sentencia es impuesta, se abren distintas posibilidades legales, al menos teóricamente, que permiten revisar el proceso legal que llevó a la condena. No obstante, desde 1976, año en que se resolvió la constitucionalidad del castigo, se han contabilizado en el país un total de 610 ejecuciones.
El estado de Texas, por su parte, ha ejecutado nada menos que a 206 condenados. California, por otro lado, también se ha caracterizado por tener una opinión pública y una dirigencia política muy favorable a la pena de muerte. Ello quizás explique que hoy tenga unos 563 condenados a muerte en sus cárceles, la cifra más alta de todo el país. Sin embargo, ha sido probablemente Florida uno de los estados que ha recibido la mayoría de las críticas de los defensores de derechos humanos. Esto se debía a la insistencia con que mantenía, conjuntamente con Georgia y Alabama, un método particular para causar la muerte: la electrocución. La reacción generada a nivel nacional, ha llevado a que la legendaria "silla eléctrica", tachada de inhumana o excesivamente cruel, haya pasado a constituir una forma secundaria de ejecución. Hace poco más de un mes los legisladores texanos aprobaron una ley que adopta como método de ejecución la "inyección letal". Sin embargo, la silla eléctrica no queda definitivamente descartada del sistema. Una muy peculiar provisión de la nueva ley permitirá que, en caso de solicitarlo el condenado, se recurra a la misma; esto, no obstante, parece sumamente improbable.
En este contexto, ha sido el gobernador Ryan del estado de Illinois quien ha tomado, a fines del mes pasado, una drástica decisión que le otorga al debate un impulso considerable. La decisión se basa en una admisión casi sin precedentes, hecha paradójicamente alcanzada por un hombre del partido republicano y personalmente embanderado a favor de la pena de muerte. Ryan dispuso la "suspensión provisoria" de todas las ejecuciones en el estado. Según expresó, se estaría en presencia de "un récord vergonzoso de condenas impuestas a personas inocentes, las cuales han estado confinadas por años en los pasillos de la muerte". Ello, afirmó, "no deja otra opción que proceder con la suspensión". Entre las razones brindadas está la inadecuada o incluso totalmente incompetente asistencia legal prestada por los abogados a los condenados; tratándose en muchos casos de abogados suspendidos, o impedidos de ejercer la profesión legal, y también severamente restringidos en cuanto a los recursos mínimos necesarios para hacer una defensa legal eficiente. Tampoco puede subestimarse el éxito alcanzado por la campaña que reclama una moratoria en las ejecuciones. La misma, viene movilizando a la opinión pública, a partir de revelar las condiciones en que la pena de muerte es impuesta en el país. Uno de los hitos de la campaña lo constituyó una reunión sin precedentes realizada en Chicago con la presencia de 28 "sobrevivientes de la pena de muerte"; todas ellos personas que lograron, tras largos períodos de confinamiento en el pasillo de la muerte y duras batallas legales, exponer crudamente las limitaciones e insuficiencias del sistema legal y probar su respectiva inocencia. El conocimiento alcanzado por la opinión pública de estos casos, con personas inocentes de carne y hueso, ha provocado en algunos sectores un drástico cambio de actitud sobre la pena de muerte, llevándolos a verla con mucho mayor escepticismo, desconfianza e incluso rechazo.
Por lo pronto, la admisión pública del gobernador de Illinois ha disparado toda una serie de reacciones. En Maryland, su par demócrata ordenó la realización de un estudio exhaustivo sobre la pena de muerte en su estado. Una vez que el informe esté concluido, no se descarta una suspensión similar. Además, más de una docena de proyectos de leyes que disponen sendas moratorias a las ejecuciones están siendo considerados de distintas legislaturas del país. Se está empezando a admitir "públicamente" que los sistemas penales evidentemente presentan fallas muy serias, y que las mismas podrían exponer a la muerte a personas inocentes. Esto cuadro parece ser perfectamente aplicable a varios estados y no exclusivamente a Illinois, que sólo ha tomado el liderazgo Ciertamente, estos últimos acontecimientos no cambiarán de la noche a la mañana la situación en el país. Sin embargo, parece quedar claro que los riesgos presentes son sumamente altos, y que las deficiencias expuestas en los sistemas judiciales constituyen un muy difícil, acaso insalvable obstáculo, para la continuidad de la aplicación de la pena de muerte. Por ahora, la vida de inocentes exige sin demoras una moratoria inmediata y la profundización de los estudios.
