Penas más severas en Argentina e Irlanda
El Congreso argentino acaba de aprobar una ley que permite la acumulación de penas hasta sumar 50 años de cárcel. Es la misma fórmula que existe en Estados Unidos, el Reino Unido, Costa Rica y otros países. Aquí en Panamá, en cambio, no tenemos la acumulación o suma de condenas y, por ende, aunque un criminal sea sentenciado por múltiples delitos que individualmente sumen -digamos- 40 años, la máxima pena no puede exceder de 20, lo que permitiría al criminal poder gozar de libertad, por reducción, en 14 años, aunque haya violado, matado y descuartizado a cinco niños. Por eso, la salida de un reo no es más que un mero trámite para reincidir. Los internos en las cárceles son como clientes fieles, siempre regresan.
Hace poco, opinábamos sobre la condena y publicación en la portada de un periódico irlandés, de las imágenes de tres adolescentes de 16 años procesados por violación. En ese caso hubo un cuarto implicado, de 15 años, cuya fotografía no fue publicada, a quien - por ser menor de 16 años - le aplicaron cuatro años de cárcel; pero a los otros tres involucrados que alcanzan esa edad, les dieron entre 8 y 10 años de prisión.
¿Y nosotros? ¿Somos acaso más civilizados por ser blandos en los juicios contra los criminales? ¿Lo somos más que los ticos, argentinos, irlandeses, ingleses y norteamericanos? Claro que no. Lo que pasa es que cuatro personas que se proclaman especialistas nos han llenado la cabeza con teorías sobre los derechos humanos de los delincuentes y la victimización de los reclusos, sin tomar en cuenta que los reos son gente sin capacidad de mostrar un mínimo de solidaridad y humanidad, ni siquiera entre ellos mismos. Allí están matándose y devorándose unos a otros al primer descuido.
La cárcel, ciertamente es un castigo, no una escuela ni un lugar para vacaciones. Pero al mismo tiempo, es un sitio donde guardar a los criminales para que no representen un peligro para la sociedad, que es a la que hay que proteger y a la que se deben las leyes y los jueces que administran justicia "en nombre de la República" (debiera ser "en nombre del Pueblo", que es el real soberano, bajo la fórmula anglosajona). Obviamente, en el ínterin, mientras guarden prisión, hay que procurarles un mínimo de condiciones humanas y hacer algún esfuerzo por resocializarlos, dándoles recreación, ocupación remunerada, formación y educación. Pero todo tras las rejas; y no liberalos hasta que hayan cumplido plenamente su condena o demuestren plena redención.
La Constitución, en su capítulo del Canal, y en los primeros artículos reza que la vía debe ser para el desarrollo social y crear empleo y riquezas para Panamá y los panameños (as).
Si bien es cierto que gran parte de esa legislación se refiere a aspectos económicos y técnicos, hay que hacer prevalecer el objetivo fundamental de todo bien del Estado, el cual debe ser para el beneficioso de la ciudadanía panameña.
Los costos de estabilidad, seguridad y desarrollo social del país y sus ciudadanos, para proyectarlos en el tránsito del Canal, exigen desarrollo social de la población panameña y la democracia.
No es posible que frente al incremento de los fletes navieros, del combustible y del transporte marítimo, Panamá siga pasando angustias. Esta es nuestra riqueza y no dependemos de ella.
Los grandes beneficiados siguen siendo los "pro mundi" que concretamente son las navieras y el comercio mundial .
Y la República de Panamá tiene que construir los puentes, las ampliaciones, etc. Sin embargo, el desempleo y el subdesarrollo económico siguen presente en nuestra sociedad.
Tenemos que cumplir con las medidas de seguridad por asuntos que no nos competen, pero que nos afectan, como el terrorismo. Y quién paga eso cuando nuestra seguridad está en la neutralidad real y efectiva.
Relaciones Públicas, así como los departamentos técnicos del Canal de Panamá deberían mantenernos muy bien informados. Así mismo, el Ministerio del Canal tiene la obligación de hacer cumplir las políticas nacionales y sociales del Estado panameño sobre intereses locales o internacionales, e igualmente dar amplia información a la ciudadanía, porque el Canal nos pertenece a todos y por ello el pueblo se sacrificó, lucho, dio su sangre y su vida; por eso, el tema no puede estar manejado por las élites, sino que debe ser compartido con todos los panameños (as).
La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció sobre las informaciones confidenciales y la Ley de Transparencia en el Canal.
Repetimos, no creo que sea necesario presentarles otro hábeas data por un asunto que siempre ha unido a los panameños.
Hace poco, opinábamos sobre la condena y publicación en la portada de un periódico irlandés, de las imágenes de tres adolescentes de 16 años procesados por violación. En ese caso hubo un cuarto implicado, de 15 años, cuya fotografía no fue publicada, a quien - por ser menor de 16 años - le aplicaron cuatro años de cárcel; pero a los otros tres involucrados que alcanzan esa edad, les dieron entre 8 y 10 años de prisión.
¿Y nosotros? ¿Somos acaso más civilizados por ser blandos en los juicios contra los criminales? ¿Lo somos más que los ticos, argentinos, irlandeses, ingleses y norteamericanos? Claro que no. Lo que pasa es que cuatro personas que se proclaman especialistas nos han llenado la cabeza con teorías sobre los derechos humanos de los delincuentes y la victimización de los reclusos, sin tomar en cuenta que los reos son gente sin capacidad de mostrar un mínimo de solidaridad y humanidad, ni siquiera entre ellos mismos. Allí están matándose y devorándose unos a otros al primer descuido.
La cárcel, ciertamente es un castigo, no una escuela ni un lugar para vacaciones. Pero al mismo tiempo, es un sitio donde guardar a los criminales para que no representen un peligro para la sociedad, que es a la que hay que proteger y a la que se deben las leyes y los jueces que administran justicia "en nombre de la República" (debiera ser "en nombre del Pueblo", que es el real soberano, bajo la fórmula anglosajona). Obviamente, en el ínterin, mientras guarden prisión, hay que procurarles un mínimo de condiciones humanas y hacer algún esfuerzo por resocializarlos, dándoles recreación, ocupación remunerada, formación y educación. Pero todo tras las rejas; y no liberalos hasta que hayan cumplido plenamente su condena o demuestren plena redención.
La Constitución, en su capítulo del Canal, y en los primeros artículos reza que la vía debe ser para el desarrollo social y crear empleo y riquezas para Panamá y los panameños (as).
Si bien es cierto que gran parte de esa legislación se refiere a aspectos económicos y técnicos, hay que hacer prevalecer el objetivo fundamental de todo bien del Estado, el cual debe ser para el beneficioso de la ciudadanía panameña.
Los costos de estabilidad, seguridad y desarrollo social del país y sus ciudadanos, para proyectarlos en el tránsito del Canal, exigen desarrollo social de la población panameña y la democracia.
No es posible que frente al incremento de los fletes navieros, del combustible y del transporte marítimo, Panamá siga pasando angustias. Esta es nuestra riqueza y no dependemos de ella.
Los grandes beneficiados siguen siendo los "pro mundi" que concretamente son las navieras y el comercio mundial .
Y la República de Panamá tiene que construir los puentes, las ampliaciones, etc. Sin embargo, el desempleo y el subdesarrollo económico siguen presente en nuestra sociedad.
Tenemos que cumplir con las medidas de seguridad por asuntos que no nos competen, pero que nos afectan, como el terrorismo. Y quién paga eso cuando nuestra seguridad está en la neutralidad real y efectiva.
Relaciones Públicas, así como los departamentos técnicos del Canal de Panamá deberían mantenernos muy bien informados. Así mismo, el Ministerio del Canal tiene la obligación de hacer cumplir las políticas nacionales y sociales del Estado panameño sobre intereses locales o internacionales, e igualmente dar amplia información a la ciudadanía, porque el Canal nos pertenece a todos y por ello el pueblo se sacrificó, lucho, dio su sangre y su vida; por eso, el tema no puede estar manejado por las élites, sino que debe ser compartido con todos los panameños (as).
La Corte Suprema de Justicia ya se pronunció sobre las informaciones confidenciales y la Ley de Transparencia en el Canal.
Repetimos, no creo que sea necesario presentarles otro hábeas data por un asunto que siempre ha unido a los panameños.
