Periodistas y libertad de prensa
El primero es asunto que concierne exclusivamente a las leyes laborales más que al tema de la libertad de prensa, más el segundo sí atañe a esta última, habida consideración que la exigencia de requisitos de ejercicio, tales como la licencia profesional o de un título académico, se consideran en la doctrina internacional del ramo como una restricción inadmisible al más fundamental de los derechos humanos, que es la libertad de expresión.
De cualquier modo, los enemigos de la libertad de prensa suelen usar las naturales diferencias de puntos de vista sobre uno y otro tema, para dividir en el primer caso a dueños de medios y a sus periodistas; y en el segundo, a los últimos con el resto de los ciudadanos que sin contar con diploma o licencia ejercen en los medios su derecho a expresarse.
Recientemente sin embargo, los periodistas de América Latina reunidos en Buenos Aires, Argentina, dieron un admirable ejemplo de cómo, - sin renunciar a sus laudables banderas gremiales y laborales -, les corresponde defender enérgicamente la libertad de prensa.
En efecto, nos dice una noticia que divulgamos el sábado pasado, que en esa capital sudamericana, los secretarios generales y dirigentes de los sindicatos de periodistas de diez naciones del subcontinente, "condenaron la vigencia en Panamá de las llamadas leyes mordaza y de desacato" así como la persecución de sus colegas, lo cual recogieron en un documento titulado "Declaración del Grupo de América Latina de la Federación Internacional de Periodistas (FIP)".
Y les asiste razón. En Panamá se vive un clima de represión institucionalizada contra el libre ejercicio del periodismo y los medios, en el que se usa y abusa del Ministerio Público y el "rgano Judicial como puntas de lanza de una persecución estatal sistemática, que suma 72 causas criminales tramitadas por denuncias relacionadas con el desempeño de su oficio.
La descarada metodología de persecución judicial se sirve de un sistema propio de un juicio ejecutivo penal, en el que una vez establecida de manera sumarísima y mecánica, la supuesta inexactitud de una noticia, se condena automáticamente al periodista, con entera exclusión de elementos tales como la existencia o no de real malicia o dolo, y la flagrante violación del principio de presunción de inocencia. Hoy día, los jueces panameños están aplicando criterios de responsabilidad objetiva, excluidos por la Ley en los delitos de calumnia e injuria, para forzar sumariamente la condena de los informadores.
Afortunadamente no estamos solos. Cada vez son más amplios y estrechos los lazos de solidaridad internacional en esta lucha desigual, en la que hacemos causa común los periodistas y dueños de medios con organismos independientes de todo el mundo.
De cualquier modo, los enemigos de la libertad de prensa suelen usar las naturales diferencias de puntos de vista sobre uno y otro tema, para dividir en el primer caso a dueños de medios y a sus periodistas; y en el segundo, a los últimos con el resto de los ciudadanos que sin contar con diploma o licencia ejercen en los medios su derecho a expresarse.
Recientemente sin embargo, los periodistas de América Latina reunidos en Buenos Aires, Argentina, dieron un admirable ejemplo de cómo, - sin renunciar a sus laudables banderas gremiales y laborales -, les corresponde defender enérgicamente la libertad de prensa.
En efecto, nos dice una noticia que divulgamos el sábado pasado, que en esa capital sudamericana, los secretarios generales y dirigentes de los sindicatos de periodistas de diez naciones del subcontinente, "condenaron la vigencia en Panamá de las llamadas leyes mordaza y de desacato" así como la persecución de sus colegas, lo cual recogieron en un documento titulado "Declaración del Grupo de América Latina de la Federación Internacional de Periodistas (FIP)".
Y les asiste razón. En Panamá se vive un clima de represión institucionalizada contra el libre ejercicio del periodismo y los medios, en el que se usa y abusa del Ministerio Público y el "rgano Judicial como puntas de lanza de una persecución estatal sistemática, que suma 72 causas criminales tramitadas por denuncias relacionadas con el desempeño de su oficio.
La descarada metodología de persecución judicial se sirve de un sistema propio de un juicio ejecutivo penal, en el que una vez establecida de manera sumarísima y mecánica, la supuesta inexactitud de una noticia, se condena automáticamente al periodista, con entera exclusión de elementos tales como la existencia o no de real malicia o dolo, y la flagrante violación del principio de presunción de inocencia. Hoy día, los jueces panameños están aplicando criterios de responsabilidad objetiva, excluidos por la Ley en los delitos de calumnia e injuria, para forzar sumariamente la condena de los informadores.
Afortunadamente no estamos solos. Cada vez son más amplios y estrechos los lazos de solidaridad internacional en esta lucha desigual, en la que hacemos causa común los periodistas y dueños de medios con organismos independientes de todo el mundo.
