Permisos en prisión
La controversia surgida en las últimas semanas sobre los permisos laborales y educativos en prisión me ha llamado la atención, ya que partiendo de la base de que, además de la función punitiva que debe tener la cárcel, es decir, sancionar o escarmentar a quien transgrede las normas contenidas en la jurisdicción penal, debe servir para rehabilitar al antisocial, para resocializar a quien comete un delito, de forma que pueda reintegrarse a la sociedad, luego de cumplir su pena, como una nueva persona. En Panamá, lamentablemente, nunca ha existido una política criminal integral, que permita tal situación, pero se han tenido avances, como la adopción de un sistema penitenciario progresivo técnico que, entre otras cosas, permite imponer al reo una serie de metas, que al ser cumplidas le otorgan algunos privilegios dentro del centro o fuera de éste, como lo son los permisos laborales o educativos.
Estos permisos no deben ser otorgados a cualquier interno únicamente por el comportamiento que registra dentro del centro deben ser producto, además, de un estudio pormenorizado realizado por un equipo técnico interdisciplinario; es decir, un conjunto de profesionales especializados en el tema penitenciario (psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, abogados) en conjunto con los custodios y directores de estos centros, quienes deben presentar un informe detallado de la viabilidad o no de los permisos, pero no puede ser realizado en uno o dos meses, pues es un análisis que conlleva la vigilancia y evaluación de las actitudes y necesidades del interno, lo que obviamente no debe ser realizado a la ligera.
Hasta ahora las listas reveladas por los medios de comunicación han causado estupor en la comunidad y, lamentablemente, las autoridades penitenciarias no han señalado en base a qué se están dando dichos permisos, no han manifestado quién o quiénes han sido los encargados de evaluar a los internos que hoy día gozan de dichos privilegios, no han señalado cómo se realizaron las evaluaciones, ni cuáles fueron los parámetros utilizados para tal fin, únicamente se han escudado bajo la sombra de la resocialización y rehabilitación de los internos.
Señores, estamos de acuerdo, desde nuestra perspectiva criminológica, con la resocialización y la rehabilitación, sin embargo, se tiene una responsabilidad ante las víctimas y el resto de los asociado, a quienes no se nos ha explicado, a ciencia cierta, por qué estos señores están disfrutando dichos permisos.
Estos permisos no deben ser otorgados a cualquier interno únicamente por el comportamiento que registra dentro del centro deben ser producto, además, de un estudio pormenorizado realizado por un equipo técnico interdisciplinario; es decir, un conjunto de profesionales especializados en el tema penitenciario (psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, abogados) en conjunto con los custodios y directores de estos centros, quienes deben presentar un informe detallado de la viabilidad o no de los permisos, pero no puede ser realizado en uno o dos meses, pues es un análisis que conlleva la vigilancia y evaluación de las actitudes y necesidades del interno, lo que obviamente no debe ser realizado a la ligera.
Hasta ahora las listas reveladas por los medios de comunicación han causado estupor en la comunidad y, lamentablemente, las autoridades penitenciarias no han señalado en base a qué se están dando dichos permisos, no han manifestado quién o quiénes han sido los encargados de evaluar a los internos que hoy día gozan de dichos privilegios, no han señalado cómo se realizaron las evaluaciones, ni cuáles fueron los parámetros utilizados para tal fin, únicamente se han escudado bajo la sombra de la resocialización y rehabilitación de los internos.
Señores, estamos de acuerdo, desde nuestra perspectiva criminológica, con la resocialización y la rehabilitación, sin embargo, se tiene una responsabilidad ante las víctimas y el resto de los asociado, a quienes no se nos ha explicado, a ciencia cierta, por qué estos señores están disfrutando dichos permisos.
