Perspectivas de la CSS
Una grave denuncia la del Dr. Mauro Zúñiga, director de Prestaciones Médicas de la CSS, cuando mostró un documento en el que, según él, estaban sentadas las bases para privatizar la Caja de Seguro Social (CSS). El mismo lleva la firma del Lic. Juan Jované y del Ministro de Salud, Fernando Gracia. Este hecho define con meridiana claridad, que la intención de privatizar la institución es real. Hasta el momento de redactar esta nota, sólo el Prof. Jované había negado su firma, pero nadie ha desmentido la existencia del referido documento. Es evidente que en los últimos meses se está ejecutando una serie de medidas con el fin de privatizar el sector salud panameño y, en especial, a la CSS. Con el fin de realizar este modelo privatizador del sector salud, se ha comenzado por desmantelar todos los obstáculos que se encuentran en el camino.
Los siguientes hechos nos demuestran lo anterior:
El Gobierno ha implementado medidas como la aprobación de un una ley de moratoria para favorecer a los sectores patronales morosos con la seguridad social panameña. Su ejecución significa una pérdida cuantiosa de fondos (las empresas adeudan entre 30 y 40 millones de balboas en concepto de cuota obrero-patronal), un retraso en la ejecución de planes y proyectos, un impacto económico negativo y un estímulo a la convicción reiterada de los patronos que pueden jugar con las cuotas obrero-patronales sin ningún tipo de sanción (Esta moratoria comprende recargos, multas, intereses legales, etc.) Así mismo, se da la ejecución de otra maniobra más al entregarle a intermediarios financieros privados la potestad de manejar, sin control alguno, los fondos financieros de la CSS (En el presupuesto de 2004, la Caja tiene destinados B/.385 millones para realizar inversiones financieras).
El Gobierno, mediante el Decreto N° 44, permite directamente la contratación de agentes, suscriptores, asesores y demás agentes de inversión privados para que inviertan dichos fondos. También se establece que la CSS tendrá que pagar comisiones a estos agentes privados con el peligro de favorecer a ciertos sectores. Además, este decreto del 20 de noviembre de 2003 faculta al Director de la CSS, al subdirector y al director de finanzas, para que negocien sin limitación acuerdos, convenios, instrumentos, certificaciones y documentos relacionados con las inversiones. Igualmente, autoriza a dichos funcionarios a contratar y remover agentes, acordar y pagar comisiones y gastos, quiénes formalizarán instrucciones a un agente autorizado por la Comisión Nacional de Valores, ya sea nacional o internacional, para la compra de títulos y valores.
La autorización para contratar agentes de inversión privados fue dada por la Junta Directiva de la CSS, a través de la Resolución No. 34,519-2003-JD, que viola la Ley Orgánica de la CSS, Título IV “De las Inversiones” que en sus artículos 36 y 37 definen claramente cómo se deben hacer las inversiones de los fondos de la Caja en las condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez exigidos. En el artículo 37 se define dónde podrán invertirse, con qué entidades y quiénes las hacen. Igual, señala que los fondos de la institución podrán invertirse en bonos, pagarés y otros títulos de deuda emitidos por empresas nacionales. La Ley Orgánica establece que sus operaciones de inversión se efectúan directamente con la Caja de Ahorros y el Banco Nacional de Panamá. El Decreto No. 44 deja en libertad de contratar agentes internacionales con la intención de permitir a las transnacionales la utilización del ahorro nacional. Al dar estos poderes ilimitados para que inviertan los fondos de los asegurados en los mercados primario y secundario de inversiones, no hay control del perfil,vencimiento, ni riesgo de las inversiones. Ni se determina cómo se invertirán dichos fondos (en bonos, acciones, monedas, etc.) Así mismo, deja en libertad de dar poderes para negociar comisiones y gastos a criterio de los miembros designados. Es evidente, que la intención del gobierno es privatizar poco a poco las funciones de la CSS ejecutando un proyecto privatizador sin consultar al pueblo panameño. Al tiempo que el gobierno desata su ofensiva privatizadora, descuida intencionalmente el manejo de los hospitales. De allí que en diciembre se declaró el paro médico en el hospital de Colón para exigir insumos médicos, ambulancias y más nombramientos de galenos.
Por otra parte, los grupos médicos iniciaron un paro de labores en el Hospital El Vigía, donde cuatro de las cinco salas de operación permanecen cerradas, sin máquinas de anestesia, sin insumos quirúrgicos (hilos de sutura, aparato portátil de rayos X, pinzas, monitores, etc.).También en la ciudad de Panamá se manifestaban las inquietudes por los médicos del Complejo Hospitalario, no se nombran médicos internos, no se hacen los pagos a tiempo, etc. Por otro lado, se ejecuta el Plan de Integración MINSA-CSS, que inició en Herrera a partir de enero. Mediante este plan piloto se introducen modificaciones en la prestación de servicios de salud y se separaran las funciones de prestación, funcionamiento y regulación del sector salud. Los gremios médicos denunciaron que la implantación de este modelo significa el deterioro de las prestaciones médicas, principalmente de los especialistas, con la reducción de turnos y la eliminación de turnos de especialidades. Es importante resaltar que según este modelo, el MINSA asumirá la función de regulación, la CSS se encargará del funcionamiento y las prestaciones la asumirá una empresa privada o una Organización No Gubernamental, todo esto según el Proyecto Piloto para Reformar el Sector Salud (Health Sector Reform Pilot Proyect ) que es una maniobra entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la dirección de la CSS y MINSA. Con este mecanismo se establece un sistema de compensación de costos que privilegia el concepto mercantil frente a los servicios de salud.
Además, se denuncia la masificación de médicos empresariales en la CSS. El fin es que grupos de médicos vinculados al sector gubernamental se dediquen a prestar servicios como en el Hospital San Miguel Arcángel. Este modelo de atención mediante empresas privadas gestadas por cierto grupo de médicos significaría una pauperización de los sectores más humildes. Al mismo tiempo, se desatará una confrontación de intereses entre las diferentes fracciones de galenos con visión mercantilista para apoderarse de los grupos más lucrativos dentro de la CSS y del MINSA. Estas fracciones médicas planean poner a trabajar bajo su dirección a médicos sin cubrirles las prestaciones sociales, sin escalafón salarial y sin categorías.
También denunciamos la intención de ejecutar el llamado nuevo modelo de atención, propuesto por el actuario de la Cámara de Comercio e Industrias que no es nada más que una versión mimetizada del modelo exigido por el Banco Mundial. Entre las características generales del modelo sobresale la intención de separar las funciones de prestación, funcionamiento y regulación del sector salud. Esto permite cumplir con las exigencias del Banco Mundial y de la política neoliberal, ya que al separar estos sectores la CSS sólo cumpliría el papel de proveedor de fondos. A la vez, se establece el papel regulador del MINSA que determina que únicamente cubrirá la atención de los sectores no protegidos por la seguridad social. Así mismo, implantará un sistema de gasto por servicio para exigir un copago a los no asegurados. Esa propuesta neoliberal desconoce la idea del derecho a la salud de carácter universal, como uno de los derechos fundamentales de la Humanidad. Pero también al desmembrar estos sectores se propone la creación de Consejos de Administración, los cuales definirían los contratos programas entre éstos y los proveedores de fondos (entiéndase CSS y MINSA). Los que también se encargarían del contrato del personal, con el fin de eliminar los derechos laborales y conquistas salariales. Todo esto llevará a una pauperización del empleo y disminuición del mismo. Este nuevo modelo introduce relaciones mercantiles en los servicios médicos con una competencia entre sectores en los que al fin prevalecerán los de mayor recurso económico, llevando a una concentración y monopolio de la atención medica.
Los que trabajen bajo este esquema tendrán que hacerlo en condiciones precarias sin protección gremial y con una superexplotación. Este modelo coincide con las propuestas del gobierno y de los sectores empresariales que propugnan por una separación de los difererentes programas de la CSS y que en este caso se iniciaría con la separación de las funciones de financiación, provisión, regulación y prestación.
Hago un llamado a las organizaciones y a la conciencia de los sectores populares a cerrar filas para detener la maniobra privatizadora gestada por el gobierno, sectores empresariales y malos panameños.
Los siguientes hechos nos demuestran lo anterior:
El Gobierno ha implementado medidas como la aprobación de un una ley de moratoria para favorecer a los sectores patronales morosos con la seguridad social panameña. Su ejecución significa una pérdida cuantiosa de fondos (las empresas adeudan entre 30 y 40 millones de balboas en concepto de cuota obrero-patronal), un retraso en la ejecución de planes y proyectos, un impacto económico negativo y un estímulo a la convicción reiterada de los patronos que pueden jugar con las cuotas obrero-patronales sin ningún tipo de sanción (Esta moratoria comprende recargos, multas, intereses legales, etc.) Así mismo, se da la ejecución de otra maniobra más al entregarle a intermediarios financieros privados la potestad de manejar, sin control alguno, los fondos financieros de la CSS (En el presupuesto de 2004, la Caja tiene destinados B/.385 millones para realizar inversiones financieras).
El Gobierno, mediante el Decreto N° 44, permite directamente la contratación de agentes, suscriptores, asesores y demás agentes de inversión privados para que inviertan dichos fondos. También se establece que la CSS tendrá que pagar comisiones a estos agentes privados con el peligro de favorecer a ciertos sectores. Además, este decreto del 20 de noviembre de 2003 faculta al Director de la CSS, al subdirector y al director de finanzas, para que negocien sin limitación acuerdos, convenios, instrumentos, certificaciones y documentos relacionados con las inversiones. Igualmente, autoriza a dichos funcionarios a contratar y remover agentes, acordar y pagar comisiones y gastos, quiénes formalizarán instrucciones a un agente autorizado por la Comisión Nacional de Valores, ya sea nacional o internacional, para la compra de títulos y valores.
La autorización para contratar agentes de inversión privados fue dada por la Junta Directiva de la CSS, a través de la Resolución No. 34,519-2003-JD, que viola la Ley Orgánica de la CSS, Título IV “De las Inversiones” que en sus artículos 36 y 37 definen claramente cómo se deben hacer las inversiones de los fondos de la Caja en las condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez exigidos. En el artículo 37 se define dónde podrán invertirse, con qué entidades y quiénes las hacen. Igual, señala que los fondos de la institución podrán invertirse en bonos, pagarés y otros títulos de deuda emitidos por empresas nacionales. La Ley Orgánica establece que sus operaciones de inversión se efectúan directamente con la Caja de Ahorros y el Banco Nacional de Panamá. El Decreto No. 44 deja en libertad de contratar agentes internacionales con la intención de permitir a las transnacionales la utilización del ahorro nacional. Al dar estos poderes ilimitados para que inviertan los fondos de los asegurados en los mercados primario y secundario de inversiones, no hay control del perfil,vencimiento, ni riesgo de las inversiones. Ni se determina cómo se invertirán dichos fondos (en bonos, acciones, monedas, etc.) Así mismo, deja en libertad de dar poderes para negociar comisiones y gastos a criterio de los miembros designados. Es evidente, que la intención del gobierno es privatizar poco a poco las funciones de la CSS ejecutando un proyecto privatizador sin consultar al pueblo panameño. Al tiempo que el gobierno desata su ofensiva privatizadora, descuida intencionalmente el manejo de los hospitales. De allí que en diciembre se declaró el paro médico en el hospital de Colón para exigir insumos médicos, ambulancias y más nombramientos de galenos.
Por otra parte, los grupos médicos iniciaron un paro de labores en el Hospital El Vigía, donde cuatro de las cinco salas de operación permanecen cerradas, sin máquinas de anestesia, sin insumos quirúrgicos (hilos de sutura, aparato portátil de rayos X, pinzas, monitores, etc.).También en la ciudad de Panamá se manifestaban las inquietudes por los médicos del Complejo Hospitalario, no se nombran médicos internos, no se hacen los pagos a tiempo, etc. Por otro lado, se ejecuta el Plan de Integración MINSA-CSS, que inició en Herrera a partir de enero. Mediante este plan piloto se introducen modificaciones en la prestación de servicios de salud y se separaran las funciones de prestación, funcionamiento y regulación del sector salud. Los gremios médicos denunciaron que la implantación de este modelo significa el deterioro de las prestaciones médicas, principalmente de los especialistas, con la reducción de turnos y la eliminación de turnos de especialidades. Es importante resaltar que según este modelo, el MINSA asumirá la función de regulación, la CSS se encargará del funcionamiento y las prestaciones la asumirá una empresa privada o una Organización No Gubernamental, todo esto según el Proyecto Piloto para Reformar el Sector Salud (Health Sector Reform Pilot Proyect ) que es una maniobra entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la dirección de la CSS y MINSA. Con este mecanismo se establece un sistema de compensación de costos que privilegia el concepto mercantil frente a los servicios de salud.
Además, se denuncia la masificación de médicos empresariales en la CSS. El fin es que grupos de médicos vinculados al sector gubernamental se dediquen a prestar servicios como en el Hospital San Miguel Arcángel. Este modelo de atención mediante empresas privadas gestadas por cierto grupo de médicos significaría una pauperización de los sectores más humildes. Al mismo tiempo, se desatará una confrontación de intereses entre las diferentes fracciones de galenos con visión mercantilista para apoderarse de los grupos más lucrativos dentro de la CSS y del MINSA. Estas fracciones médicas planean poner a trabajar bajo su dirección a médicos sin cubrirles las prestaciones sociales, sin escalafón salarial y sin categorías.
También denunciamos la intención de ejecutar el llamado nuevo modelo de atención, propuesto por el actuario de la Cámara de Comercio e Industrias que no es nada más que una versión mimetizada del modelo exigido por el Banco Mundial. Entre las características generales del modelo sobresale la intención de separar las funciones de prestación, funcionamiento y regulación del sector salud. Esto permite cumplir con las exigencias del Banco Mundial y de la política neoliberal, ya que al separar estos sectores la CSS sólo cumpliría el papel de proveedor de fondos. A la vez, se establece el papel regulador del MINSA que determina que únicamente cubrirá la atención de los sectores no protegidos por la seguridad social. Así mismo, implantará un sistema de gasto por servicio para exigir un copago a los no asegurados. Esa propuesta neoliberal desconoce la idea del derecho a la salud de carácter universal, como uno de los derechos fundamentales de la Humanidad. Pero también al desmembrar estos sectores se propone la creación de Consejos de Administración, los cuales definirían los contratos programas entre éstos y los proveedores de fondos (entiéndase CSS y MINSA). Los que también se encargarían del contrato del personal, con el fin de eliminar los derechos laborales y conquistas salariales. Todo esto llevará a una pauperización del empleo y disminuición del mismo. Este nuevo modelo introduce relaciones mercantiles en los servicios médicos con una competencia entre sectores en los que al fin prevalecerán los de mayor recurso económico, llevando a una concentración y monopolio de la atención medica.
Los que trabajen bajo este esquema tendrán que hacerlo en condiciones precarias sin protección gremial y con una superexplotación. Este modelo coincide con las propuestas del gobierno y de los sectores empresariales que propugnan por una separación de los difererentes programas de la CSS y que en este caso se iniciaría con la separación de las funciones de financiación, provisión, regulación y prestación.
Hago un llamado a las organizaciones y a la conciencia de los sectores populares a cerrar filas para detener la maniobra privatizadora gestada por el gobierno, sectores empresariales y malos panameños.
