Perú: Justicia en crisis
El asilo diplomático solicitado en Costa Rica por el decano del Colegio de Abogados del Perú y exmagistrado del Tribunal Constitucional Dra. Delia Revoredo de Nur, lleva al paroxismo la crisis del Estado de Derecho, bajo la presión del régimen de Alberto Fujimori. Antes de la apresurada partida al exterior del máximo dirigente de la barra de abogados peruanos, el gobierno recortó al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad de nombrar jueces y magistrados, provocando la renuncia de sus miembros, y concentrando en el Poder Ejecutivo el nombramiento de funcionarios seleccionados con criterio político.
De esa manera ha quedado gravemente lesionada la independencia del Poder Judicial, transformado en un apéndice de represión política contra los adversarios del gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tramita numerosos expedientes de denuncias formuladas por quienes ante el hecho reiterado de la dependencia del Poder Judicial local, recurren a las instancias internacionales a la búsqueda de la justicia que se les niega en su propio país.
Otros ciudadanos peruanos están emigrando a la fuerza para librarse, ora de la persecución judicial, ora del largo brazo de los servicios militares de inteligencia. Recientemente la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, se dirigió a las autoridades peruanas demandando un proceso judicial ajustado a derecho a la ciudadanía norteamericana a la que un "jurado sin rostro" condenó a cadena perpetua por ligámenes supuestos con grupos terroristas.
En 1992, como se recuerda, Fujimori protagonizó un autogolpe, tomando como pretexto el rescate de la honorabilidad y autonomía del Poder Judicial, entre otros singulares justificativos. Sin embargo, entre 1992 y 1998, ha empeorado la administración de justicia en el plano civil y militar. Bajo el clima de emergencia azuzado por la guerrilla, jueces militares deliberadamente embozados para proteger supuestamente su integridad física, han condenado a cadena perpetua a personas posteriormente puestas en libertad, al comprobarse su inocencia por acción de pruebas desechadas por el fuero castrense.
Asimismo, empresarios, periodistas, ciudadanos comunes y corrientes, han ido a la cárcel por supuestos delitos tributarios, aduaneros, etc., aparecidos después de haber manifestado alguna forma de oposición al régimen.
Mientras se acumula el memorial de denuncias por persecuciones, asesinatos, torturas, espionaje telefónico, Fujimori monta una maquinaria electoral ad hoc para intentar un tercer gobierno consecutivo. Si se efectúan elecciones imparciales, los electores peruanos dirán la palabra final sobre las aspiraciones reeleccionistas que significarían la continuidad del aparato de sojuzgamiento de los derechos de protección a la persona.
De esa manera ha quedado gravemente lesionada la independencia del Poder Judicial, transformado en un apéndice de represión política contra los adversarios del gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tramita numerosos expedientes de denuncias formuladas por quienes ante el hecho reiterado de la dependencia del Poder Judicial local, recurren a las instancias internacionales a la búsqueda de la justicia que se les niega en su propio país.
Otros ciudadanos peruanos están emigrando a la fuerza para librarse, ora de la persecución judicial, ora del largo brazo de los servicios militares de inteligencia. Recientemente la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, se dirigió a las autoridades peruanas demandando un proceso judicial ajustado a derecho a la ciudadanía norteamericana a la que un "jurado sin rostro" condenó a cadena perpetua por ligámenes supuestos con grupos terroristas.
En 1992, como se recuerda, Fujimori protagonizó un autogolpe, tomando como pretexto el rescate de la honorabilidad y autonomía del Poder Judicial, entre otros singulares justificativos. Sin embargo, entre 1992 y 1998, ha empeorado la administración de justicia en el plano civil y militar. Bajo el clima de emergencia azuzado por la guerrilla, jueces militares deliberadamente embozados para proteger supuestamente su integridad física, han condenado a cadena perpetua a personas posteriormente puestas en libertad, al comprobarse su inocencia por acción de pruebas desechadas por el fuero castrense.
Asimismo, empresarios, periodistas, ciudadanos comunes y corrientes, han ido a la cárcel por supuestos delitos tributarios, aduaneros, etc., aparecidos después de haber manifestado alguna forma de oposición al régimen.
Mientras se acumula el memorial de denuncias por persecuciones, asesinatos, torturas, espionaje telefónico, Fujimori monta una maquinaria electoral ad hoc para intentar un tercer gobierno consecutivo. Si se efectúan elecciones imparciales, los electores peruanos dirán la palabra final sobre las aspiraciones reeleccionistas que significarían la continuidad del aparato de sojuzgamiento de los derechos de protección a la persona.
