Perú: triste récord
Lima/AIPE.- El Perú es el país con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 21 en total. De estos casos, varios atentan contra el ejercicio de la libertad de prensa y 8 casos ya han pasado a la Corte Interamericana. Se cuentan, por ejemplo, el asesinato del periodista de la revista Caretas, Hugo Bustíos; las denuncias de acoso, propiciadas por entidades del Servicio de Inteligencia Nacional, a periodistas como Angel Páez, Edmundo Cruz, José Arrieta y Fernando Rospigliosi, entre los principales; y el más escandaloso de todos: la persecución al empresario peruano de origen israelí, Baruch Ivcher, considerado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como "una de las más serias agresiones a la libertad de prensa en el continente".
A Baruch Ivcher se le arrebató arbitrariamente la nacionalidad peruana para neutralizar la línea informativa de su canal de televisión, luego de denunciar gravísimos hechos y formular duras críticas al gobierno del presidente Fujimori.
Hasta que no se derogue la resolución que le expropió a Ivcher de su nacionalidad y, como consecuencia de ello, se le cuasi confiscó su canal de televisión, este caso seguirá siendo -para la opinión pública nacional e internacional- uno de los más infaustos y salvajes atentados perpetrados contra la libertad de prensa en el mundo.
Lo que es peor, aún cuando se arribe a un diálogo entre las partes (gobierno y Baruch Ivcher), como ha dado a entender un medio de comunicación vinculado al propietario de Canal 2, es tal el nudo y enredo legal montado contra el empresario y su familia que, si Ivcher decide regresar al Perú, éste sería detenido en el aeropuerto Jorge Chávez, como consecuencia de las denuncias penales que pesan sobre él, su familia, sus allegados y hasta sus abogados. Les han iniciado un total de 13 procesos, que juntos suman 46 años de prisión solicitados por los fiscales. Por ello, el presidente del Comité de Libertad de Prensa de la SIP ha calificado el atropello contra Baruch Ivcher como una situación "realmente kafkiana".
La solución al problema está en manos del jefe de Estado Alberto Fujimori. De él depende la derogatoria de la resolución que le birló a Ivcher su ciudadanía peruana.
El proceso judicial seguido contra Baruch Ivcher, plagado de irregularidades y vejaciones, revela, además, el vergonzoso sometimiento del Poder Judicial y de los organismos de control tributario a la férula del poder. Porque no contentos con quitarle la nacionalidad y sacarlo de su canal, quienes están detrás de la persecución contra Ivcher también quieren llevar a la quiebra a su empresa de colchones y meter a la cárcel a sus principales ejecutivos.
En algún momento el presidente Fujimori se atrevió a decir en torno al caso Ivcher que el argumento de la venganza política era algo "que se quería hacer creer", que era producto de una sofisticada campaña "sicopolítica" de la oposición. Quiso tapar el sol con un dedo, pero no pudo. La realidad indica nítidamente que este inconcebible asunto, que ha sobrepasado los límites de lo absurdo, no hace más que revelar el autoritarismo rampante que se vive en el Perú.
El caso Ivcher apesta a vendetta política. El caso Ivcher tiene que ver con el amedrentamiento a la prensa, aún cuando el gobierno lo niegue en todos los idiomas. El caso Ivcher, asimismo, afecta la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. El mensaje es claro: "lo que le hemos hecho a Ivcher se lo podemos hacer a cualquiera".
Ante ello sólo cabe el repudio y la condena a la barbarie. Si el gobierno cree que el caso Ivcher, de no resolverse pronto, va a ser olvidado por la ciudadanía peruana con el transcurrir del tiempo, como ha sucedido con otros casos, simplemente se equivoca. Y no sabe cuánto.
A Baruch Ivcher se le arrebató arbitrariamente la nacionalidad peruana para neutralizar la línea informativa de su canal de televisión, luego de denunciar gravísimos hechos y formular duras críticas al gobierno del presidente Fujimori.
Hasta que no se derogue la resolución que le expropió a Ivcher de su nacionalidad y, como consecuencia de ello, se le cuasi confiscó su canal de televisión, este caso seguirá siendo -para la opinión pública nacional e internacional- uno de los más infaustos y salvajes atentados perpetrados contra la libertad de prensa en el mundo.
Lo que es peor, aún cuando se arribe a un diálogo entre las partes (gobierno y Baruch Ivcher), como ha dado a entender un medio de comunicación vinculado al propietario de Canal 2, es tal el nudo y enredo legal montado contra el empresario y su familia que, si Ivcher decide regresar al Perú, éste sería detenido en el aeropuerto Jorge Chávez, como consecuencia de las denuncias penales que pesan sobre él, su familia, sus allegados y hasta sus abogados. Les han iniciado un total de 13 procesos, que juntos suman 46 años de prisión solicitados por los fiscales. Por ello, el presidente del Comité de Libertad de Prensa de la SIP ha calificado el atropello contra Baruch Ivcher como una situación "realmente kafkiana".
La solución al problema está en manos del jefe de Estado Alberto Fujimori. De él depende la derogatoria de la resolución que le birló a Ivcher su ciudadanía peruana.
El proceso judicial seguido contra Baruch Ivcher, plagado de irregularidades y vejaciones, revela, además, el vergonzoso sometimiento del Poder Judicial y de los organismos de control tributario a la férula del poder. Porque no contentos con quitarle la nacionalidad y sacarlo de su canal, quienes están detrás de la persecución contra Ivcher también quieren llevar a la quiebra a su empresa de colchones y meter a la cárcel a sus principales ejecutivos.
En algún momento el presidente Fujimori se atrevió a decir en torno al caso Ivcher que el argumento de la venganza política era algo "que se quería hacer creer", que era producto de una sofisticada campaña "sicopolítica" de la oposición. Quiso tapar el sol con un dedo, pero no pudo. La realidad indica nítidamente que este inconcebible asunto, que ha sobrepasado los límites de lo absurdo, no hace más que revelar el autoritarismo rampante que se vive en el Perú.
El caso Ivcher apesta a vendetta política. El caso Ivcher tiene que ver con el amedrentamiento a la prensa, aún cuando el gobierno lo niegue en todos los idiomas. El caso Ivcher, asimismo, afecta la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. El mensaje es claro: "lo que le hemos hecho a Ivcher se lo podemos hacer a cualquiera".
Ante ello sólo cabe el repudio y la condena a la barbarie. Si el gobierno cree que el caso Ivcher, de no resolverse pronto, va a ser olvidado por la ciudadanía peruana con el transcurrir del tiempo, como ha sucedido con otros casos, simplemente se equivoca. Y no sabe cuánto.
