Perú y la segunda vuelta electoral
Lima (AIPE) - El anuncio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indica que habrá segunda vuelta electoral entre Alberto Fujimori y Alejandro Toledo. Pero para que ese segundo round tenga validez y legitimidad, y no sea severamente cuestionado como el primero, deben producirse modificaciones sustantivas que se traduzcan en un mínimo de limpieza y condiciones equitativas.
En primer lugar, los actuales directivos de la ONPE deben renunciar a sus cargos y ser reemplazados, debido a que, con su negligente comportamiento, echaron por los suelos la credibilidad del organismo electoral. Segundo, el candidato-presidente debe dejar de utilizar su cargo y los recursos estatales en provecho propio. Tercero, la televisión de señal abierta debe permitir el acceso a la propaganda política y guardar un trato equilibrado en sus programas periodísticos, los cuales se dedicaron en la primera vuelta a enlodar la imagen de los adversarios del gobierno y cubrir únicamente las actividades del postulante-mandatario. Cuarto, debería producirse por lo menos un debate público para que la ciudadanía escuche y compare los planteamientos programáticos de ambos aspirantes.
En cualquier país del mundo estos requerimientos serían innecesarios y hasta redundantes. Pero en el Perú de Fujimori esto es, aparentemente, pedir y esperar demasiado. En el Perú del fraude permanente, no hay confianza en las instituciones y ello se debe en buena cuenta a la sensación generalizada de que este gobierno es capaz de cualquier cosa con tal de atornillarse en el poder.
Como sea, después de este anuncio de la ONPE el Perú se encuentra entre Escila y Caribdis: u opta por el agotado reeleccionismo autoritario o arriesga por el impredecible Toledo, quien ha tenido unos cuantos gestos desconcertantes, que ya han ahuyentado a no pocos electores.
Lo que suceda después de las próximas y definitivas elecciones es de pronóstico reservado. Si gana Toledo no nos queda más que confiar y rezar para que un gobierno suyo se constituya en uno de transición pacífica, de tránsito a tiempos más democráticos. Si triunfa Fujimori, la polarización y hartazgo natural que padece la ciudadanía no le van a otorgar la legitimidad necesaria para gobernar con normalidad el próximo quinquenio.
Gane quien gane, todo parece indicar que nos esperan cinco años teñidos de inestabilidad e intranquilidad. Por lo pronto, Fujimori se perfila como el hombre que más tiempo aspira a durar en la primera magistratura de la República, emulando a Augusto B. Leguía, quien, a pesar de ser uno de los mejores presidentes que tuvo el Perú, destruyó el respeto por la función pública y convirtió en portapliegos a los más altos dignatarios del Estado. Bajo el largo gobierno de Leguía, como recordaba el desaparecido periodista Federico More, el soborno y la delación se convirtieron en los mejores derroteros para llegar a las alturas. Rebaños de grafómanos, periodistas oscuros, folletineros fecundos y adjetivadores sin pudor cantaban las glorias del jefe de Estado y formaban parte de la corte leguiísta.
¿Qué garantiza que Fujimori no termine como el derrocado Leguía? Salvo que Fujimori se convierta radicalmente a la democracia, nada. Los modales democráticos no están en la naturaleza autócrata y autoritaria de Fujimori. Por ello, un escenario consensual no pasa de ser una romántica utopía de un inexistente capítulo de una novela de política-ficción.
Sin embargo, podría ocurrir que si las cosas se escapan del control de Fujimori, éste renuncie a la presidencia con la aceptación del Congreso y le ceda la posta a Francisco Tudela, acogiéndose al artículo 113 de la Constitución.
Difícil establecer lo que puede suceder en una situación inédita en la historia del Perú. Lo que sí está claro es que la senda del desgobierno tendrá un único responsable: Alberto Fujimori y su insaciable apetito por perpetuarse en el poder. Corresponsal de la agencia de prensa AIPE.
En primer lugar, los actuales directivos de la ONPE deben renunciar a sus cargos y ser reemplazados, debido a que, con su negligente comportamiento, echaron por los suelos la credibilidad del organismo electoral. Segundo, el candidato-presidente debe dejar de utilizar su cargo y los recursos estatales en provecho propio. Tercero, la televisión de señal abierta debe permitir el acceso a la propaganda política y guardar un trato equilibrado en sus programas periodísticos, los cuales se dedicaron en la primera vuelta a enlodar la imagen de los adversarios del gobierno y cubrir únicamente las actividades del postulante-mandatario. Cuarto, debería producirse por lo menos un debate público para que la ciudadanía escuche y compare los planteamientos programáticos de ambos aspirantes.
En cualquier país del mundo estos requerimientos serían innecesarios y hasta redundantes. Pero en el Perú de Fujimori esto es, aparentemente, pedir y esperar demasiado. En el Perú del fraude permanente, no hay confianza en las instituciones y ello se debe en buena cuenta a la sensación generalizada de que este gobierno es capaz de cualquier cosa con tal de atornillarse en el poder.
Como sea, después de este anuncio de la ONPE el Perú se encuentra entre Escila y Caribdis: u opta por el agotado reeleccionismo autoritario o arriesga por el impredecible Toledo, quien ha tenido unos cuantos gestos desconcertantes, que ya han ahuyentado a no pocos electores.
Lo que suceda después de las próximas y definitivas elecciones es de pronóstico reservado. Si gana Toledo no nos queda más que confiar y rezar para que un gobierno suyo se constituya en uno de transición pacífica, de tránsito a tiempos más democráticos. Si triunfa Fujimori, la polarización y hartazgo natural que padece la ciudadanía no le van a otorgar la legitimidad necesaria para gobernar con normalidad el próximo quinquenio.
Gane quien gane, todo parece indicar que nos esperan cinco años teñidos de inestabilidad e intranquilidad. Por lo pronto, Fujimori se perfila como el hombre que más tiempo aspira a durar en la primera magistratura de la República, emulando a Augusto B. Leguía, quien, a pesar de ser uno de los mejores presidentes que tuvo el Perú, destruyó el respeto por la función pública y convirtió en portapliegos a los más altos dignatarios del Estado. Bajo el largo gobierno de Leguía, como recordaba el desaparecido periodista Federico More, el soborno y la delación se convirtieron en los mejores derroteros para llegar a las alturas. Rebaños de grafómanos, periodistas oscuros, folletineros fecundos y adjetivadores sin pudor cantaban las glorias del jefe de Estado y formaban parte de la corte leguiísta.
¿Qué garantiza que Fujimori no termine como el derrocado Leguía? Salvo que Fujimori se convierta radicalmente a la democracia, nada. Los modales democráticos no están en la naturaleza autócrata y autoritaria de Fujimori. Por ello, un escenario consensual no pasa de ser una romántica utopía de un inexistente capítulo de una novela de política-ficción.
Sin embargo, podría ocurrir que si las cosas se escapan del control de Fujimori, éste renuncie a la presidencia con la aceptación del Congreso y le ceda la posta a Francisco Tudela, acogiéndose al artículo 113 de la Constitución.
Difícil establecer lo que puede suceder en una situación inédita en la historia del Perú. Lo que sí está claro es que la senda del desgobierno tendrá un único responsable: Alberto Fujimori y su insaciable apetito por perpetuarse en el poder. Corresponsal de la agencia de prensa AIPE.
