Pesadillas por la militarización
Sin duda, los panameños pagaron un alto precio para acabar con el militarismo en el país y su historia así lo confirma. De ahí que cualquier actitud de cualquier gobierno que pretenda imponer algo ligeramente sospechoso de violar los derechos ciudadanos, generará rechazo y revivirá pesadillas sufridas por la población, lo cual es objetivamente justificable. Para enfrentar el aumento considerable de la criminalidad, después de haber fracasado en todas sus últimas estrategias, los defensores de los cinco proyectos de decreto ley presentados argumentan que lo que se pretende es reorganizar las fuerzas de seguridad del Estado para combatir efectivamente la delincuencia. Se deberían tomar medidas que alivien la preocupación de la ciudadanía y de ninguna forma acrecentar la inquietud en la población como en efecto se ha hecho.
Es un hecho notorio que el actual gobierno ha confiado la seguridad a ex integrantes de la oficialidad de la extintas Fuerzas de Defensa en el gabinete y en posiciones clave de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes no han podido frenar la criminalidad, lo que opaca la tesis de que los civiles no deben dirigir la seguridad sino los militares. Lo que en realidad hace falta para enfrentar el problema es verdadera voluntad, decisión, y Coordinación entre todos los estamentos responsables de la seguridad y la justicia, sin menoscabar los derechos de la ciudadanía.
El crecimiento económico que origina inversiones en el país no justifica la aprobación de decretos ley con vicios de inconstitucionalidad, que con razón han sido denunciados constantemente por distintos individuos y grupos, quienes han señalado que las reformas tienden a concentrar el poder y afectan el sistema democrático. El apuro de aprobarlas como están pone en peligro nuestras libertades. Todos queremos más seguridad pero no a costa de nuestros derechos.
El oponerse a dicho proyecto no debe interpretarse como una acción para hacer daño al gobierno sino como la defensa de las libertades consagradas en la Constitución nacional. Es un tema sumamente sensitivo que requiere una mayor discusión y mesura sin excluir a nadie y lograr un consenso nacional. Estos decretos ley no responden al clamor popular que pide a gritos mayor seguridad sin riesgo del Estado de derecho. Toda violación de los derechos ciudadanos es un desafío real para el sistema democrático. Los sectores políticos y de la sociedad civil han señalado repetidamente que el proyecto de reformas afecta la democracia al impulsar medidas que caracterizan al militarismo. ¿Por qué la prisa que produce pesadillas en la población? Sería bueno recordarle a los promotores del gobierno de turno: "mientras más se consulta menos se equivoca".
