Petróleo y corrupción
Se dice que el encubrimiento suele ser peor que el delito, pero ese no es el caso cuando lo que confrontamos es el fraude del siglo; el programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas es una de las más grandes estafas de la historia.
La Oficina de Contabilidad del gobierno de EU calcula que la dictadura de Hussein logró ponerle la mano ilegalmente a $10 mil millones bajo el programa Petróleo por Alimentos, en el que aparentemente estuvieron involucrados varios miembros de la ONU. Por ejemplo, Benon Sevan, quien era director ejecutivo del programa, aparece en el listado de cientos de personas del Ministerio de Petróleo iraquí que recibieron sobornos del gobierno de Hussein. Y como era de esperarse, la ONU está tratando de esconderlo todo. Así vemos que la comisión investigadora nombrada por la ONU bajo la dirección de Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, lleva seis meses investigando sin lograr progresar. Como lo reportaran los expertos de Heritage Foundation Nile Gardiner y James Phillips, "sin el poder de hacer comparecer y obligar a mostrar los documentos está sujeta a las manipulaciones de la ONU. No tiene autoridad para impedir el desacato y lograr el cumplimiento de sus peticiones de información y tampoco tiene autoridad para disciplinar o castigar por las faltas que consiga". Las actuaciones de la Comisión Volker están envueltas por un velo de secretos. Sabemos quiénes son los jefes de la investigación, pero más de 40 funcionarios no han sido identificados. Y esa es la gente que está revisando documentos, entrevistando a los testigos. Esa gente debe ser independiente.
Mientras, el secretario general Kofi Annan trata de cambiar el tema, declarando a la BBC que la guerra en Irak es "ilegal" según la Carta de las Naciones Unidas. Claro que prefiere decir tales tonterías que hablar del programa de Petróleo por Alimentos. Su hijo Kojo era asesor de una empresa que luego consiguió un cuestionable contrato por $4,8 millones con las Naciones Unidas. Y a pesar de que la ONU ha hecho 55 investigaciones internas del programa, rehúsa dar a conocer los resultados. El mundo se merece una investigación completa y abierta del programa y los funcionarios de la ONU involucrados en el fraude deben ser despedidos y castigados bajo la ley americana o iraquí. Pero no lograremos que se haga una investigación exhaustiva si dejamos de hacer presión. El Congreso de EU tiene que asegurarse que la ONU no logren esconder un fraude de $ 10 mil millones.
(*) Presidente de Heritage Foundation.
www.aipenet.com
Sostuvo que hay mecanismos para que se dé un aumento del pasaje, al igual que para que las personas entren a prestar el servicio, por lo que les recalcó a los transportistas que nada ni nadie está por encima de la ley, ni el propio presidente.
Pueden estar seguros que nada se hará por encima de la ley, para eso hay mecanismos que establecen los pasos a seguir y que deben respetarse, respondió Torrijos.
Dijo además que el gobierno es consciente del problema del aumento del combustible, pero que no sólo los transportistas están afectados, sino todo el pueblo panameño.
Aclaró que el precio del petróleo no lo determina el gobierno panameño, pues es un problema de demanda mundial, y agregó que es un problema en la capacidad de refinamiento que tiene el mundo.
Sin embargo, dijo que ahora existirá una política de hidrocarburos y energética que fue un gran ausente durante la administración de gobierno pasado.
Mientras el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Angelino Harris, indicó que entre las alternativas para reducir los costos del sector transporte estaría modificar su sistema de operación, disminuyendo el tiempo de los recorridos por rutas y en su reestructuración para optimizar los recursos.
Mientras los miembros de la Cámara Nacional de Transporte solicitaron al director general de la ATTT su intervención para finiquitar los trámites y ejercer su licencia de comercialización de combustible e iniciar su distribución a menor costo.
Por otra parte, asociaciones sindicales agrupadas en el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO), se pronunciaron ayer en contra del posible aumento.
El sacerdote Conrado Sanjur señaló que estarán vigilantes, pues aumentar el pasaje es atentar contra los derechos humanos y económicos de los panameños.
Para Sanjur, es importante que las organizaciones se manifiesten pacíficamente en las calles, para detener estas políticas que afectan a humildes trabajadores.
La Oficina de Contabilidad del gobierno de EU calcula que la dictadura de Hussein logró ponerle la mano ilegalmente a $10 mil millones bajo el programa Petróleo por Alimentos, en el que aparentemente estuvieron involucrados varios miembros de la ONU. Por ejemplo, Benon Sevan, quien era director ejecutivo del programa, aparece en el listado de cientos de personas del Ministerio de Petróleo iraquí que recibieron sobornos del gobierno de Hussein. Y como era de esperarse, la ONU está tratando de esconderlo todo. Así vemos que la comisión investigadora nombrada por la ONU bajo la dirección de Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, lleva seis meses investigando sin lograr progresar. Como lo reportaran los expertos de Heritage Foundation Nile Gardiner y James Phillips, "sin el poder de hacer comparecer y obligar a mostrar los documentos está sujeta a las manipulaciones de la ONU. No tiene autoridad para impedir el desacato y lograr el cumplimiento de sus peticiones de información y tampoco tiene autoridad para disciplinar o castigar por las faltas que consiga". Las actuaciones de la Comisión Volker están envueltas por un velo de secretos. Sabemos quiénes son los jefes de la investigación, pero más de 40 funcionarios no han sido identificados. Y esa es la gente que está revisando documentos, entrevistando a los testigos. Esa gente debe ser independiente.
Mientras, el secretario general Kofi Annan trata de cambiar el tema, declarando a la BBC que la guerra en Irak es "ilegal" según la Carta de las Naciones Unidas. Claro que prefiere decir tales tonterías que hablar del programa de Petróleo por Alimentos. Su hijo Kojo era asesor de una empresa que luego consiguió un cuestionable contrato por $4,8 millones con las Naciones Unidas. Y a pesar de que la ONU ha hecho 55 investigaciones internas del programa, rehúsa dar a conocer los resultados. El mundo se merece una investigación completa y abierta del programa y los funcionarios de la ONU involucrados en el fraude deben ser despedidos y castigados bajo la ley americana o iraquí. Pero no lograremos que se haga una investigación exhaustiva si dejamos de hacer presión. El Congreso de EU tiene que asegurarse que la ONU no logren esconder un fraude de $ 10 mil millones.
(*) Presidente de Heritage Foundation.
www.aipenet.com
Sostuvo que hay mecanismos para que se dé un aumento del pasaje, al igual que para que las personas entren a prestar el servicio, por lo que les recalcó a los transportistas que nada ni nadie está por encima de la ley, ni el propio presidente.
Pueden estar seguros que nada se hará por encima de la ley, para eso hay mecanismos que establecen los pasos a seguir y que deben respetarse, respondió Torrijos.
Dijo además que el gobierno es consciente del problema del aumento del combustible, pero que no sólo los transportistas están afectados, sino todo el pueblo panameño.
Aclaró que el precio del petróleo no lo determina el gobierno panameño, pues es un problema de demanda mundial, y agregó que es un problema en la capacidad de refinamiento que tiene el mundo.
Sin embargo, dijo que ahora existirá una política de hidrocarburos y energética que fue un gran ausente durante la administración de gobierno pasado.
Mientras el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Angelino Harris, indicó que entre las alternativas para reducir los costos del sector transporte estaría modificar su sistema de operación, disminuyendo el tiempo de los recorridos por rutas y en su reestructuración para optimizar los recursos.
Mientras los miembros de la Cámara Nacional de Transporte solicitaron al director general de la ATTT su intervención para finiquitar los trámites y ejercer su licencia de comercialización de combustible e iniciar su distribución a menor costo.
Por otra parte, asociaciones sindicales agrupadas en el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO), se pronunciaron ayer en contra del posible aumento.
El sacerdote Conrado Sanjur señaló que estarán vigilantes, pues aumentar el pasaje es atentar contra los derechos humanos y económicos de los panameños.
Para Sanjur, es importante que las organizaciones se manifiesten pacíficamente en las calles, para detener estas políticas que afectan a humildes trabajadores.
