Piñata en la ARI
La serie de artículos periodísticos de El Panamá América sobre contrataciones en la ARI ha puesto al descubierto significativos contrastes, por decir lo menos, en la política de adjudicaciones de la Autoridad de la Región Interoceánica: mano blanda a los dirigentes y allegados al Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la acumulación de contratos y la distribución de casas; mano intransigente y dura a los trabajadores y familias comunes y corrientes de este país. Se olvidaron que las áreas revertidas constituyen un patrimonio de todos los panameños y nada podría justificar su transformación en coto cerrado para el alegre disfrute de un partido político.
Por ejemplo, el análisis de contratos y addendas de los terrenos de Albrook, primero, para alquiler, luego sorpresivamente para venta, muestra el principio de un rosario de operaciones en el que se integran centro comercial, terminal de transporte y construcción de tramos viales. En la licitación original, aparecen en el contrato final cláusulas con obligaciones económicas de la ARI que no estaban contempladas originalmente en los pliegos de cargos. A los transportistas interesados en obtener terrenos en concesión y, en base a ello, la financiación de la terminal se les engañó sarcásticamente con ceremonias apócrifas de colocación de la primera piedra de nada. En cuanto a los tramos viales, pareciera que la ARI no supiera que existe una legislación de contratación pública y que hay otras empresas constructoras en este país.
Entre tanto, la Asamblea Legislativa se vio obligada a convocar al administrador de la ARI a una confrontación con inquilinos de las casas de las áreas revertidas que aspiran a adquirirlas y sólo encuentran obstáculos y exigencias. Esta es apenas una parte de la problemática general de favoritismos y frustraciones que ca-racteriza a la administración de esa entidad en el período de Pérez Balladares.
Así las cosas, el PRD y el administrador de turno carecen de autoridad moral para contrarrestar el esfuerzo del gobierno de Mireya Moscoso por tomar control de esta institución, máxime cuando ellos mismos, al principio de sus gestiones durante el quinquenio anterior, promovieron la salida de José Chen Barría como administrador de la ARI y reformas sustanciales a una ley diseñada para asegurar un manejo apolítico de la institución.
La defensa de la integridad del patrimonio nacional justifica que el gobierno investigue a fondo los contratos y concesiones en el lapso 1995-1999, existiendo, como existen, indicios de una administración flácida en punto a cambios de régimen de propiedad, licitaciones, competencia abierta y otros aspectos de insoslayable importancia, a no ser que aceptemos que se disponga de los bienes revertidos como los caramelos de una piñata de una fiesta en la que hubo muy pocos y muy privilegiados invitados.
Por ejemplo, el análisis de contratos y addendas de los terrenos de Albrook, primero, para alquiler, luego sorpresivamente para venta, muestra el principio de un rosario de operaciones en el que se integran centro comercial, terminal de transporte y construcción de tramos viales. En la licitación original, aparecen en el contrato final cláusulas con obligaciones económicas de la ARI que no estaban contempladas originalmente en los pliegos de cargos. A los transportistas interesados en obtener terrenos en concesión y, en base a ello, la financiación de la terminal se les engañó sarcásticamente con ceremonias apócrifas de colocación de la primera piedra de nada. En cuanto a los tramos viales, pareciera que la ARI no supiera que existe una legislación de contratación pública y que hay otras empresas constructoras en este país.
Entre tanto, la Asamblea Legislativa se vio obligada a convocar al administrador de la ARI a una confrontación con inquilinos de las casas de las áreas revertidas que aspiran a adquirirlas y sólo encuentran obstáculos y exigencias. Esta es apenas una parte de la problemática general de favoritismos y frustraciones que ca-racteriza a la administración de esa entidad en el período de Pérez Balladares.
Así las cosas, el PRD y el administrador de turno carecen de autoridad moral para contrarrestar el esfuerzo del gobierno de Mireya Moscoso por tomar control de esta institución, máxime cuando ellos mismos, al principio de sus gestiones durante el quinquenio anterior, promovieron la salida de José Chen Barría como administrador de la ARI y reformas sustanciales a una ley diseñada para asegurar un manejo apolítico de la institución.
La defensa de la integridad del patrimonio nacional justifica que el gobierno investigue a fondo los contratos y concesiones en el lapso 1995-1999, existiendo, como existen, indicios de una administración flácida en punto a cambios de régimen de propiedad, licitaciones, competencia abierta y otros aspectos de insoslayable importancia, a no ser que aceptemos que se disponga de los bienes revertidos como los caramelos de una piñata de una fiesta en la que hubo muy pocos y muy privilegiados invitados.
