Piratería
La venta de discos conteniendo música o películas, además de programas informáticos, es una actividad de alto nivel de proliferación en las calles de todas las provincias del país, y constituye un elemento normal en la vida de los ciudadanos que compran el último éxito musical o la película aún no estrenada.
En Panamá el derecho de autor (Ley No. 15 de 1994) comprende las normas que protegen el patrimonio intelectual de una persona o entidad jurídica que incluye las diversas creaciones artísticas, científicas, literarias.
Las violaciones de los derechos de propiedad intelectual tienen repercusiones relativamente obvias en ámbitos como la protección de la salud y del consumidor, la delincuencia organizada y la pérdida de ingresos fiscales, que constituye un instrumento esencial para atraer las inversiones extranjeras y las transferencias de tecnología y de conocimientos técnicos. Al tratarse de prácticas ilegales y clandestinas por naturaleza que permiten establecer precios más bajos, privan con frecuencia al Estado de sus ingresos fiscales (IVA, impuestos sobre los ingresos, derechos de aduana).
Los compradores de esta mercancía desconocen que están apoyando la desaparición de los creativos panameños, que están colaborando con el lavado de dinero y que están patrocinando un delito.
La desaparecida Policía Técnica Judicial, la Dirección de Información e Investigación Policial y la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Público (MP), están librando una lucha contra estos exterminadores de la propiedad intelectual.
La ley panameña establece acciones civiles y penales contra las violaciones de los derechos de autor. Por la vía civil, el titular del derecho de autor podrá solicitar el cese de la actividad ilícita y una indemnización por los daños materiales y morales sufridos por la violación, así como medidas cautelares, entre ellas, el secuestro de las copias ilícitas y de los aparatos o instrumentos utilizados en la reproducción; además, el secuestro de los ingresos obtenidos por la utilización ilegal del software.
Las violaciones de derechos de autor también son castigadas como delito con penas de dos a cuatro años de prisión y multas accesorias de hasta B/. 20,000.00.
Los beneficios que obtiene el Estado en la eficiente protección de los derechos de autor y derechos conexos son reflejados en el Producto Interno Bruto (PIB), signos visibles de empleos formales y bien remunerados, desarrollo de nuevas tecnologías, impulso de creación de empresas PYMES, pago de impuestos, estímulo a la inteligencia creativa y desarrollo integral social, cultural y económico del país.
