Placas y abusos
Se repite en 2003 la misma película de terror producida por la Tesorería Municipal: los conductores de vehículos que no tengan actualizada sus placas serán pasto de represiones económicas y de circulación. Todos los años se repite la amenaza. Pero ¿qué reciben en su beneficio quienes se ponen a paz y salvo? La contraprestación obvia sería la placa de metal. Sin embargo, el año pasado los propietarios de vehículos privados y públicos no recibieron placas sino un sticker de papel plastificado cuyo costo está muy por debajo de la cantidad de dinero que pagan, después de largas y agobiantes filas en las dependencias municipales.
En numerosos países el costo de la placa vehicular se paga una sola vez y para siempre. Pero en Panamá se ha inventado la renovación de placas como una forma de recaudación municipal, que carece por completo de fundamento. ¿Qué es lo que proporciona el municipio a favor de los automovilistas? Un servicio de estacionamiento callejero a la intemperie sin protección alguna. Gran parte de los estacionómetros reclaman reparación, pero si vence el tiempo (una hora) y el conductor del vehículo no se halla presente para colocar otra moneda de 25 centavos, diligentes burócratas municipales le ponen una boleta de multa superior al monto de la supuesta infracción.
Por otro lado, brillan por su ausencia los policías de tránsito por las principales arterias de la ciudad, mientras taxistas y buseros hacen de las suyas, violando impunemente las normas de tránsito. Y si se produce un choque los implicados en la colisión esperan horas y horas la llegada del agente que debe levantar el respectivo parte para deslindar responsabilidades. Al usuario no le incumbe que se diga que la Tesorería solamente es el ente recaudador y que la Policía de Tránsito es algo aparte y distinto. El usuario ve el tránsito como una totalidad de estacionómetros, semáforos, placas, policías y empleados.
Una totalidad que se fragmenta en la práctica administrativa, y que es una excusa para eludir responsabilidades. En resumen, el usuario debe pagar en forma ciega y bajo coacción a la Tesorería Municipal, por un derecho a placa que no se consuma porque cada año recibe un diminuto sticker y se enfrenta cotidianamente a la pesadilla urbana de manejar vehículos bajo la ley de la selva donde un bus puede desbaratarle el auto y no hay a quién reclamarle la reparación a palancas insolventes, cooperativas fantasmagóricas y a autoridades del tránsito en contubernio con la maleantería.
En numerosos países el costo de la placa vehicular se paga una sola vez y para siempre. Pero en Panamá se ha inventado la renovación de placas como una forma de recaudación municipal, que carece por completo de fundamento. ¿Qué es lo que proporciona el municipio a favor de los automovilistas? Un servicio de estacionamiento callejero a la intemperie sin protección alguna. Gran parte de los estacionómetros reclaman reparación, pero si vence el tiempo (una hora) y el conductor del vehículo no se halla presente para colocar otra moneda de 25 centavos, diligentes burócratas municipales le ponen una boleta de multa superior al monto de la supuesta infracción.
Por otro lado, brillan por su ausencia los policías de tránsito por las principales arterias de la ciudad, mientras taxistas y buseros hacen de las suyas, violando impunemente las normas de tránsito. Y si se produce un choque los implicados en la colisión esperan horas y horas la llegada del agente que debe levantar el respectivo parte para deslindar responsabilidades. Al usuario no le incumbe que se diga que la Tesorería solamente es el ente recaudador y que la Policía de Tránsito es algo aparte y distinto. El usuario ve el tránsito como una totalidad de estacionómetros, semáforos, placas, policías y empleados.
Una totalidad que se fragmenta en la práctica administrativa, y que es una excusa para eludir responsabilidades. En resumen, el usuario debe pagar en forma ciega y bajo coacción a la Tesorería Municipal, por un derecho a placa que no se consuma porque cada año recibe un diminuto sticker y se enfrenta cotidianamente a la pesadilla urbana de manejar vehículos bajo la ley de la selva donde un bus puede desbaratarle el auto y no hay a quién reclamarle la reparación a palancas insolventes, cooperativas fantasmagóricas y a autoridades del tránsito en contubernio con la maleantería.
