Polémica absurda
El efervescente debate sobre si Estados Unidos presionó a México y Uruguay en el caso de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que dominaba todos los medios la semana pasada, es en reducidas cuentas una polémica tan absurda como apócrifa.
Quienes conocen la meteórica carrera política del presidente Vicente Fox como gobernador de Guanajuato con su creencia religiosa y conservadurismo político y profunda convicción democrática, no creen por un momento que precisaba presiones del extranjero para emitir críticas a la actitud del gobierno de Fidel Castro con relación a los derechos humanos.
“El respeto por los derechos humanos fue un principio fundamental de su campaña y lo sigue siendo ahora tanto en lo nacional como en su política exterior”, confió a este corresponsal uno de sus más íntimos colaboradores.
Asimismo, el funcionario explicó la postura mexicana en Ginebra rechazando que sea fijada por un solo hombre—en alusión al canciller Jorge Castañeda que fue duramente criticado por la oposición en el Congreso mexicano—sino que es un planteamiento del gobierno mexicano y muy personal del propio Fox.
Del mismo modo, nadie que conozca al presidente uruguayo, Jorge Batlle, y se acuerda de la manifiesta actitud crítica que éste adoptó durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá en noviembre de 1999 hacia su homólogo cubano, Fidel Castro, puede concebir que la resolución que Uruguay presentó en Ginebra requería un impulso de Washington, Miami o Praga.
Fue Batlle quien trató de callar a Castro invocando un punto de orden antes de que el presidente salvadoreño, Francisco Flores, entrara en una airada polémica con el septuagenario líder cubano.
Quien escribe conoce al político uruguayo desde hace más de medio siglo, en 1955, cuando acompañó a su padre, el presidente Luis Batlle Berres, en una gira oficial por Estados Unidos, y conoce a fondo su pensar político que, habiéndose formado en un país pequeño vecino de Argentina, donde imperaban las dictaduras militares y populistas, siempre fue un ferviente defensor de las instituciones democráticas que aborrecía al caudillismo.
No obstante, sus antecedentes demócratas, Batlle, tanto como el presidente Carlos Lagos de Chile y Fernando Henrique Cardoso de Brasil, son objetos de duras críticas cada vez que expresan la menor crítica hacia la falta de libre expresión o pluralismo político en Cuba, a pesar de que los tres mandatarios han expresado, reiteradas veces, su desacuerdo con el embargo económico que el presidente George W. Bush insiste en continuar imponiendo contra la isla caribeña.
“En los últimos años ha sido frecuente que se descalifique a quienes pensamos que en Cuba se violan los derechos humanos”, acierta Sergio Aguayo Quezada, el destacado profesor de ciencias políticas del Colegio de México y fundador de Alianza Cívica. “Una de las acusaciones más utilizadas es la de asegurar que la postura sobre Cuba viene de una complicidad con la política estadounidense hacia la isla”.
Por su parte, Santiago Creel, el secretario de Gobernación, defendió el voto de México aprobando el llamado para que Cuba abra sus puertas a la auditoria de la ONU señalando que “ya no podíamos tomar actitudes como Poncio Pilatos, en las que el gobierno mexicano no tiene nada que decir; al contrario, ahora es un compromiso muy claro con los derechos humanos”.
Dentro de este contexto, fuentes diplomáticas comentaron el comportamiento discreto en esta materia del embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, y del embajador John Negroponte, el Representante Permanente de Estados Unidos ante la ONU y ex-embajador ante el gobierno mexicano.
“Ambos conocían las sensibilidades mexicanas, así como la realidad política de nuestro país, para abstenerse hasta de dejar la menor impresión que hubiera alguna presión por parte del gobierno de Bush”, destacó una alta fuente responsable. “Consideramos a ambos como diplomáticos profesionales de gran experiencia, conocedores de nuestra realidad y respetuosos de nuestra independencia”.
No tan feliz fue la conducta de Washington en el “baby golpe” contra el presidente venezolano Hugo Chávez. La Casa Blanca admitió que conocía las intenciones de la coalición que quiso destituir al presidente democráticamente electo y que compartía sus objetivos, pero negó que hubiera estimulado a los golpistas.
Nadie sabe a ciencia cierta si el secretario adjunto de Estado Otto Reich estuvo o no en contacto con el líder empresarial Pedro Carmona el día en que proclamó la torpe conjura, pero el periódico The New York Times reveló que varios altos cargos del gobierno de Bush se habían reunido en los últimos meses con los dirigentes opositores a Chávez y se habían mostrado de acuerdo con ellos.
El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, pasó grandes apuros para explicar el ambiguo papel desempeñado por Estados Unidos, a diferencia de los 19 jefes de Estado latinoamericanos reunidos en Costa Rica que de inmediato emitieron una contundente declaración denunciando el golpe como un atentado contra la democracia en toda Latinoamérica.
Quienes conocen la meteórica carrera política del presidente Vicente Fox como gobernador de Guanajuato con su creencia religiosa y conservadurismo político y profunda convicción democrática, no creen por un momento que precisaba presiones del extranjero para emitir críticas a la actitud del gobierno de Fidel Castro con relación a los derechos humanos.
“El respeto por los derechos humanos fue un principio fundamental de su campaña y lo sigue siendo ahora tanto en lo nacional como en su política exterior”, confió a este corresponsal uno de sus más íntimos colaboradores.
Asimismo, el funcionario explicó la postura mexicana en Ginebra rechazando que sea fijada por un solo hombre—en alusión al canciller Jorge Castañeda que fue duramente criticado por la oposición en el Congreso mexicano—sino que es un planteamiento del gobierno mexicano y muy personal del propio Fox.
Del mismo modo, nadie que conozca al presidente uruguayo, Jorge Batlle, y se acuerda de la manifiesta actitud crítica que éste adoptó durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá en noviembre de 1999 hacia su homólogo cubano, Fidel Castro, puede concebir que la resolución que Uruguay presentó en Ginebra requería un impulso de Washington, Miami o Praga.
Fue Batlle quien trató de callar a Castro invocando un punto de orden antes de que el presidente salvadoreño, Francisco Flores, entrara en una airada polémica con el septuagenario líder cubano.
Quien escribe conoce al político uruguayo desde hace más de medio siglo, en 1955, cuando acompañó a su padre, el presidente Luis Batlle Berres, en una gira oficial por Estados Unidos, y conoce a fondo su pensar político que, habiéndose formado en un país pequeño vecino de Argentina, donde imperaban las dictaduras militares y populistas, siempre fue un ferviente defensor de las instituciones democráticas que aborrecía al caudillismo.
No obstante, sus antecedentes demócratas, Batlle, tanto como el presidente Carlos Lagos de Chile y Fernando Henrique Cardoso de Brasil, son objetos de duras críticas cada vez que expresan la menor crítica hacia la falta de libre expresión o pluralismo político en Cuba, a pesar de que los tres mandatarios han expresado, reiteradas veces, su desacuerdo con el embargo económico que el presidente George W. Bush insiste en continuar imponiendo contra la isla caribeña.
“En los últimos años ha sido frecuente que se descalifique a quienes pensamos que en Cuba se violan los derechos humanos”, acierta Sergio Aguayo Quezada, el destacado profesor de ciencias políticas del Colegio de México y fundador de Alianza Cívica. “Una de las acusaciones más utilizadas es la de asegurar que la postura sobre Cuba viene de una complicidad con la política estadounidense hacia la isla”.
Por su parte, Santiago Creel, el secretario de Gobernación, defendió el voto de México aprobando el llamado para que Cuba abra sus puertas a la auditoria de la ONU señalando que “ya no podíamos tomar actitudes como Poncio Pilatos, en las que el gobierno mexicano no tiene nada que decir; al contrario, ahora es un compromiso muy claro con los derechos humanos”.
Dentro de este contexto, fuentes diplomáticas comentaron el comportamiento discreto en esta materia del embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, y del embajador John Negroponte, el Representante Permanente de Estados Unidos ante la ONU y ex-embajador ante el gobierno mexicano.
“Ambos conocían las sensibilidades mexicanas, así como la realidad política de nuestro país, para abstenerse hasta de dejar la menor impresión que hubiera alguna presión por parte del gobierno de Bush”, destacó una alta fuente responsable. “Consideramos a ambos como diplomáticos profesionales de gran experiencia, conocedores de nuestra realidad y respetuosos de nuestra independencia”.
No tan feliz fue la conducta de Washington en el “baby golpe” contra el presidente venezolano Hugo Chávez. La Casa Blanca admitió que conocía las intenciones de la coalición que quiso destituir al presidente democráticamente electo y que compartía sus objetivos, pero negó que hubiera estimulado a los golpistas.
Nadie sabe a ciencia cierta si el secretario adjunto de Estado Otto Reich estuvo o no en contacto con el líder empresarial Pedro Carmona el día en que proclamó la torpe conjura, pero el periódico The New York Times reveló que varios altos cargos del gobierno de Bush se habían reunido en los últimos meses con los dirigentes opositores a Chávez y se habían mostrado de acuerdo con ellos.
El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, pasó grandes apuros para explicar el ambiguo papel desempeñado por Estados Unidos, a diferencia de los 19 jefes de Estado latinoamericanos reunidos en Costa Rica que de inmediato emitieron una contundente declaración denunciando el golpe como un atentado contra la democracia en toda Latinoamérica.
