Policía y aparato judicial
Con frecuencia las autoridades policiales se quejan de que por más esfuerzo que hagan en su diario bregar contra la delincuencia, poco o nada logran si el aparato judicial, llámese personeros, fiscales y jueces penales, no hacen su parte y terminan dando pronta libertad a los delincuentes recién apresados.
Se trata de una vieja polémica, la del equilibrio entre dos derechos contrapuestos: el del ciudadano que exige reprimir el crimen y el de los imputados que exigen respeto a las normas del debido proceso y la plena oportunidad de defensa, conforme al principio de presunción de inocencia. A ello hay que añadir otros elementos, como el de las medidas preventivas, que posibilitan la inmediata libertad de un detenido, como en el simple hurto, cuando no media violencia o amenaza armada.
El hacinamiento carcelario es otro factor. Las autoridades ajustan las leyes penales a la capacidad de los centros de reclusión, que se sabe saturados. Con toda razón el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, ha dicho que, paralelo a las reformas penales y modernización de la Policía, es menester aumentar las cárceles y establecer para ellas un régimen más humano.
Por otra parte están los organismos defensores de los derechos humanos, así como algunos sociólogos y criminólogos, que han hecho prevalecer la idea de que la delincuencia es la víctima y no la responsable de los delitos. Argumentan que ella es producto de las desigualdades y carencia de oportunidades. Al final, queda la sociedad como culpable y los delincuentes como su víctima.
En cuanto a nosotros, hemos opinado en reiteradas ocasiones en sentido contrario; que si una inmensa mayoría ciudadana es respetuosa de la ley, es ella y no la minoría de facinerosos, la que merece tutela y protección policial y judicial. Por eso somos partidarios de penas más severas, incluso contra los menores como los que ultimaron la semana pasada a un guardia de seguridad.
No es posible, por ejemplo, que las autoridades hayan logrado por fin desmantelar y detener a todos los integrantes de bandas de pandilleros juveniles en David y que al día siguiente estén libres, por el solo hecho de su minoridad. ¿Cómo esperamos se conduzca la Policía la próxima vez cuando sea llamada a intervenir en una balacera? ¿Llegar tarde cuando todo ha pasado?
La polémica es pues clara. La Policía y el Sistema Judicial se culpan periódicamente del inadecuado tratamiento de la delincuencia y cada uno puede tener su parte de razón. Lo que corresponde frente a esto es armonizar ambas posiciones. Creemos que es posible coordinarlos en su respectivo papel, de modo que las pruebas recabadas por uno, sirvan a los propósitos del otro y viceversa.
Quizás en ninguna otra función sea tan necesaria la "armónica colaboración" de que habla la Constitución de la República, como en la represión e investigación de los delitos. Y la legislación positiva debiera tomar también en cuenta esa realidad y tener bien en claro quién es la prioridad, la ciudadanía o los delincuentes.
Se trata de una vieja polémica, la del equilibrio entre dos derechos contrapuestos: el del ciudadano que exige reprimir el crimen y el de los imputados que exigen respeto a las normas del debido proceso y la plena oportunidad de defensa, conforme al principio de presunción de inocencia. A ello hay que añadir otros elementos, como el de las medidas preventivas, que posibilitan la inmediata libertad de un detenido, como en el simple hurto, cuando no media violencia o amenaza armada.
El hacinamiento carcelario es otro factor. Las autoridades ajustan las leyes penales a la capacidad de los centros de reclusión, que se sabe saturados. Con toda razón el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, ha dicho que, paralelo a las reformas penales y modernización de la Policía, es menester aumentar las cárceles y establecer para ellas un régimen más humano.
Por otra parte están los organismos defensores de los derechos humanos, así como algunos sociólogos y criminólogos, que han hecho prevalecer la idea de que la delincuencia es la víctima y no la responsable de los delitos. Argumentan que ella es producto de las desigualdades y carencia de oportunidades. Al final, queda la sociedad como culpable y los delincuentes como su víctima.
En cuanto a nosotros, hemos opinado en reiteradas ocasiones en sentido contrario; que si una inmensa mayoría ciudadana es respetuosa de la ley, es ella y no la minoría de facinerosos, la que merece tutela y protección policial y judicial. Por eso somos partidarios de penas más severas, incluso contra los menores como los que ultimaron la semana pasada a un guardia de seguridad.
No es posible, por ejemplo, que las autoridades hayan logrado por fin desmantelar y detener a todos los integrantes de bandas de pandilleros juveniles en David y que al día siguiente estén libres, por el solo hecho de su minoridad. ¿Cómo esperamos se conduzca la Policía la próxima vez cuando sea llamada a intervenir en una balacera? ¿Llegar tarde cuando todo ha pasado?
La polémica es pues clara. La Policía y el Sistema Judicial se culpan periódicamente del inadecuado tratamiento de la delincuencia y cada uno puede tener su parte de razón. Lo que corresponde frente a esto es armonizar ambas posiciones. Creemos que es posible coordinarlos en su respectivo papel, de modo que las pruebas recabadas por uno, sirvan a los propósitos del otro y viceversa.
Quizás en ninguna otra función sea tan necesaria la "armónica colaboración" de que habla la Constitución de la República, como en la represión e investigación de los delitos. Y la legislación positiva debiera tomar también en cuenta esa realidad y tener bien en claro quién es la prioridad, la ciudadanía o los delincuentes.
