Policías muertos y vigilancia
Nuestra entrega periodística de esta fecha no tiene relación con los miembros de la Fuerza Pública caídos en el cumplimiento de su deber, celosos funcionarios que prontamente son olvidados al igual que sus deudos, a quienes también se les desconoce en no pocas ocasiones sus derechos humanos, mientras que muchos levantan bandera favor de los que poseen los denominados infractores y otros delincuentes.
Tampoco se vincula el hecho (hipotético hasta el presente), de la puesta en práctica nacionalmente de innovaciones en el campo penitenciario, las cuales posibilitarían, además de eliminar o reducir el hacinamiento carcelario, reformar e integrar a la sociedad a personas que han violado las leyes, oportunamente juzgadas y castigadas.
En la presente ocasión nos referimos a los policías surgidos de la mezcla de cemento y arena, que proliferan por las nuevas urbanizaciones de la ciudad capital, hechos para tratar de contener el desenfreno automovilístico que también se detecta por todos lados y que deja sangrientos frutos diariamente.
Tanto la colocación en sí misma, como el motivo que obliga a instalar policías muertos en la urbe metropolitana, justifican la intervención de las autoridades correspondientes, para que la actividad esté debidamente reglamentada y se apliquen sanciones drásticas a los violadores de las leyes de tránsito.
En razón de la diversidad de entidades que regulan algún aspecto del tránsito y transporte terrestre, hasta la fecha se desconoce a qué instancia acudir para buscar soluciones adecuadas, a problemas que amenazan la seguridad y armonía de y entre los asociados. Pero cualquiera que sea la competente, la instalación de policías muertos es un tema que debe estudiarse a fondo y reglamentarse (caso que no lo esté), porque los mismos no sólo impiden la libre circulación vehicular, sino que ocasionan costosos y muchos irreparables daños a los automóviles.
Hay que observar que su aparición también responde a una peligrosa realidad, representada en la velocidad excesiva de conductores irresponsables, principalmente los de los diablos rojos y busitos escolares (vivencia personal), sector en el que muchas unidades parecen "traganíqueles" rodantes, que están ocasionando lesiones auditivas irreversibles. En el primer caso, no hay que abundar en el tema, por ser conocidas las consecuencias del manejo desordenado de chatarras ambulantes que en cualquier momento pierden piezas importantes, y cuyo costo para el usuario se ha elevado mientras su calidad está enterrada. Tampoco hay que insistir en la urgente necesidad de aplicarles sanciones acordes con la magnitud de los accidentes que provocan (por sus frecuentes regatas, recoger y dejar pasajeros en lugares inadecuados y otras anomalías), al igual que por el número de víctimas fatales que dejan a su paso, y no porque sean personas humildes o porque se les discrimine, idea que es totalmente falsa.
En otro orden de ideas, vergüenza, pesar e impotencia sienten la mayoría de los habitantes laboriosos y honrados del país, porque los hogares panameños se han convertido en cárceles fortificados, ya que los delincuentes, drogadictos y vagos imponen su ley en toda la geografía de la nación. El problema no es nuevo, ni tampoco la necesidad de instalar verjas de hierro y alarmas; contratar, guardias especiales o sumarse al programa Vecinos Vigilantes. Todo esto ha causado que las residencias panameñas sean inseguras a tal extremo, que diariamente son objeto de robos y otros delitos, sin contar que muchas han sido teatro de crímenes horrendos.
Sólo nos resta esperar la pronta ejecución del Plan Estratégico de Seguridad, que impulsa el Gobierno Nacional, para corregir estos males heredados, de tal suerte que no haya necesidad de más policías muertos, ni de hogares convertidos en prisiones sofisticadas.
Tampoco se vincula el hecho (hipotético hasta el presente), de la puesta en práctica nacionalmente de innovaciones en el campo penitenciario, las cuales posibilitarían, además de eliminar o reducir el hacinamiento carcelario, reformar e integrar a la sociedad a personas que han violado las leyes, oportunamente juzgadas y castigadas.
En la presente ocasión nos referimos a los policías surgidos de la mezcla de cemento y arena, que proliferan por las nuevas urbanizaciones de la ciudad capital, hechos para tratar de contener el desenfreno automovilístico que también se detecta por todos lados y que deja sangrientos frutos diariamente.
Tanto la colocación en sí misma, como el motivo que obliga a instalar policías muertos en la urbe metropolitana, justifican la intervención de las autoridades correspondientes, para que la actividad esté debidamente reglamentada y se apliquen sanciones drásticas a los violadores de las leyes de tránsito.
En razón de la diversidad de entidades que regulan algún aspecto del tránsito y transporte terrestre, hasta la fecha se desconoce a qué instancia acudir para buscar soluciones adecuadas, a problemas que amenazan la seguridad y armonía de y entre los asociados. Pero cualquiera que sea la competente, la instalación de policías muertos es un tema que debe estudiarse a fondo y reglamentarse (caso que no lo esté), porque los mismos no sólo impiden la libre circulación vehicular, sino que ocasionan costosos y muchos irreparables daños a los automóviles.
Hay que observar que su aparición también responde a una peligrosa realidad, representada en la velocidad excesiva de conductores irresponsables, principalmente los de los diablos rojos y busitos escolares (vivencia personal), sector en el que muchas unidades parecen "traganíqueles" rodantes, que están ocasionando lesiones auditivas irreversibles. En el primer caso, no hay que abundar en el tema, por ser conocidas las consecuencias del manejo desordenado de chatarras ambulantes que en cualquier momento pierden piezas importantes, y cuyo costo para el usuario se ha elevado mientras su calidad está enterrada. Tampoco hay que insistir en la urgente necesidad de aplicarles sanciones acordes con la magnitud de los accidentes que provocan (por sus frecuentes regatas, recoger y dejar pasajeros en lugares inadecuados y otras anomalías), al igual que por el número de víctimas fatales que dejan a su paso, y no porque sean personas humildes o porque se les discrimine, idea que es totalmente falsa.
En otro orden de ideas, vergüenza, pesar e impotencia sienten la mayoría de los habitantes laboriosos y honrados del país, porque los hogares panameños se han convertido en cárceles fortificados, ya que los delincuentes, drogadictos y vagos imponen su ley en toda la geografía de la nación. El problema no es nuevo, ni tampoco la necesidad de instalar verjas de hierro y alarmas; contratar, guardias especiales o sumarse al programa Vecinos Vigilantes. Todo esto ha causado que las residencias panameñas sean inseguras a tal extremo, que diariamente son objeto de robos y otros delitos, sin contar que muchas han sido teatro de crímenes horrendos.
Sólo nos resta esperar la pronta ejecución del Plan Estratégico de Seguridad, que impulsa el Gobierno Nacional, para corregir estos males heredados, de tal suerte que no haya necesidad de más policías muertos, ni de hogares convertidos en prisiones sofisticadas.
