Política criminal, una propuesta impostergable
La Política Criminal es la política estatal de control social y solución de conflictos dirigida a las acciones humanas consideradas (no sólo legalmente) más violentas y conflictivas en un país determinado en tiempo de paz. La prevención del delito, entonces, es el objeto de la Política Criminal.
Bajo estos conceptos deberán los candidatos presidenciales de nuestro país presentar en su proyecto de campaña, planes concretos frente a una política criminal inexistente o que pareciera existir sólo en papeles y en especulaciones, creando de esta forma mecanismos inoperantes para enfrentar una criminalidad que se desarrolla de manera ascendente.
222...deberán los candidatos presidenciales de nuestro país, presentar en su proyecto de campaña, planes concretos frente a una política criminal inexistente...
La Política Criminal es una responsabilidad del Estado, y en Panamá dicha coordinación recae en el Ministerio de Gobierno de Justicia pero, como observamos, dicho ministerio bajo la administración de este gobierno, como de los anteriores, no se ha caracterizado por asumir su rol; primero, porque dentro de su estructura organizacional no existe como en otros países una Dirección Nacional de Política Criminal, que asuma su compromiso, y segundo porque no lo ponderan como un tema de vital importancia en la agenda nacional, pese a los estragos que causa en la sociedad y en la economía del país.
Por tales cusas no son inéditos nuestros problemas fronterizos con Colombia, la criminalidad urbana y rural, los delitos de cuello blanco (quiebras fraudulentas, delitos ecológicos, corrupción), homicidios y delitos en general que se han registrados en los últimos años en Panamá, ya que obedecen a situaciones específicas y multifactoriales, propios de la fenomenología del delito, pero lo que no es nuevo en nuestro país es la ineptitud de enfrentar la problemática criminal de forma científica, coordinada y estructurada propias de un Plan Nacional de Política Criminal.
Porque pretender efectuar propuestas preventivas con un sentido de coherencia y complejidad tal que puedan conformar un verdadero plan integral de política criminal del Estado Nacional a partir del trabajo de un único organismo de la estructura administrativa, como nos hemos caracterizado en realizar, resultaría absolutamente insuficiente, en cuanto a la visión desde la que se realiza la propuesta, como en cuanto al compromiso del poder político involucrado.
En este sentido, el presidente electo por el pueblo panameño en el 2004 deberá haber incluido dentro de su plan de gobierno la propuesta de crear dentro del Ministerio de Gobierno y Justicia, la Dirección Nacional de Política Criminal, a fin de que establezca las líneas básicas de directrices de la actividad del Estado contra el delito, sin dejar de advertir que el primer requerimiento en el marco de dicho lineamiento será el de efectuar una coordinación constantes con los organismos del Poder Ejecutivo con funciones específicas de investigación, prevención del delito y tratamiento del delincuente, a fin de constituir un Comité Nacional de Política Criminal, que en conjunto con los gobiernos provinciales y locales, este en condiciones de llevar adelante tareas de diagnóstico, diseño y ejecución de las políticas de prevención más idóneas.
En ese contexto, tanto el contenido de las investigaciones y conclusiones que se ensayen a partir de ellas y la propuestas que se arrojen deberán ser vistas como una primera propuesta, para ser sometidas al análisis de un organismo con las características antes apuntadas que sería el legítimo evaluador de las mismas.
Bajo estos conceptos deberán los candidatos presidenciales de nuestro país presentar en su proyecto de campaña, planes concretos frente a una política criminal inexistente o que pareciera existir sólo en papeles y en especulaciones, creando de esta forma mecanismos inoperantes para enfrentar una criminalidad que se desarrolla de manera ascendente.
222...deberán los candidatos presidenciales de nuestro país, presentar en su proyecto de campaña, planes concretos frente a una política criminal inexistente...
La Política Criminal es una responsabilidad del Estado, y en Panamá dicha coordinación recae en el Ministerio de Gobierno de Justicia pero, como observamos, dicho ministerio bajo la administración de este gobierno, como de los anteriores, no se ha caracterizado por asumir su rol; primero, porque dentro de su estructura organizacional no existe como en otros países una Dirección Nacional de Política Criminal, que asuma su compromiso, y segundo porque no lo ponderan como un tema de vital importancia en la agenda nacional, pese a los estragos que causa en la sociedad y en la economía del país.
Por tales cusas no son inéditos nuestros problemas fronterizos con Colombia, la criminalidad urbana y rural, los delitos de cuello blanco (quiebras fraudulentas, delitos ecológicos, corrupción), homicidios y delitos en general que se han registrados en los últimos años en Panamá, ya que obedecen a situaciones específicas y multifactoriales, propios de la fenomenología del delito, pero lo que no es nuevo en nuestro país es la ineptitud de enfrentar la problemática criminal de forma científica, coordinada y estructurada propias de un Plan Nacional de Política Criminal.
Porque pretender efectuar propuestas preventivas con un sentido de coherencia y complejidad tal que puedan conformar un verdadero plan integral de política criminal del Estado Nacional a partir del trabajo de un único organismo de la estructura administrativa, como nos hemos caracterizado en realizar, resultaría absolutamente insuficiente, en cuanto a la visión desde la que se realiza la propuesta, como en cuanto al compromiso del poder político involucrado.
En este sentido, el presidente electo por el pueblo panameño en el 2004 deberá haber incluido dentro de su plan de gobierno la propuesta de crear dentro del Ministerio de Gobierno y Justicia, la Dirección Nacional de Política Criminal, a fin de que establezca las líneas básicas de directrices de la actividad del Estado contra el delito, sin dejar de advertir que el primer requerimiento en el marco de dicho lineamiento será el de efectuar una coordinación constantes con los organismos del Poder Ejecutivo con funciones específicas de investigación, prevención del delito y tratamiento del delincuente, a fin de constituir un Comité Nacional de Política Criminal, que en conjunto con los gobiernos provinciales y locales, este en condiciones de llevar adelante tareas de diagnóstico, diseño y ejecución de las políticas de prevención más idóneas.
En ese contexto, tanto el contenido de las investigaciones y conclusiones que se ensayen a partir de ellas y la propuestas que se arrojen deberán ser vistas como una primera propuesta, para ser sometidas al análisis de un organismo con las características antes apuntadas que sería el legítimo evaluador de las mismas.
