Política económica a la deriva
La economía panameña se encuentra frente a serios desafíos. La misma afronta no solo una difícil situación coyuntural producida por la crisis internacional, sino un escenario delicado que amenaza con extenderse al posible período de recuperación de la economía internacional, la cual, a decir de un artículo reciente del New York Times, será lenta y difícil, comparada con los rebotes previos. Se trata de un nuevo ambiente que, muy probablemente, llevará a una realidad caracterizada por un menor crecimiento económico internacional, así como por la presencia de un sector financiero reducido. Se trata de una visión tan ampliamente aceptada entre los economistas que Kenneth Rogoff, quien fuera el economista jefe del FMI, la considera la “nueva normalidad”.
Esto significa, al menos para el que tiene alguna formación en economía, que el modelo de crecimiento recientemente observado en Panamá, basado en la reducción de la partición de los asalariados en el ingreso, así como en la expansión de las exportaciones y la construcción de viviendas de lujo, carecerá de impulso dinámico en el futuro. El modelo tradicional de crecimiento aparece, entonces, como socialmente indeseable y económicamente estático.
En estas circunstancias el país necesita, de manera urgente, avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento en que la motivación central ya no sean las crecientes ganancias de la oligarquía local, sino la atención de las necesidades básicas y genuinas de la población. Este modelo, como estrategia centrada en los derechos humanos, busca articular la generación de exportaciones a partir de los servicios, que deberán enfrentar un contexto internacional más pausado, con una importante redistribución del ingreso, la cual deberá abrir las posibilidades de un mercado local para la producción de bienes y servicios básicos, destacándose, entre otros, aquellos que se vinculan con la seguridad y la soberanía alimentaría. Este modelo, a la vez, deberá buscar complementarse con la integración regional solidaria. Las acciones de los encargados del MEF apuntan, desgraciadamente, hacia esa dirección. Hacia una destinada a salvar el modelo de concentración y exclusión, que asegura los beneficios de la oligarquía financiera, pero que desatiende derechos humanos fundamentales de la población, tales como el empleo decente, el derecho a la alimentación, la salud y la educación, entre otros.
Dos decisiones recientes de las autoridades económicas muestran esto claramente. La primera se refiere a la contratación de una empresa extranjera para construir la estrategia financiera del país. Esto no solo llama la atención sobre la incapacidad autodeclarada de las actuales autoridades. Lo importante aquí es que dicha estrategia no se basa en una discusión previa de lo que debe ser el proyecto de desarrollo económico y social del país. El resultado podrá ser un documento hecho a imagen y semejanza de los intereses financieros locales e internacionales, pero no un instrumento que asegure el desarrollo del país.
El segundo ejemplo son a las negociaciones que realiza el MEF con el FMI para obtener una línea de crédito de mil millones de balboas que no está destinada al desarrollo, sino a servir de préstamo de última instancia para la banca. Es una que no solo puede llevar a una Carta de Intenciones cargada de condicionalidades, sino que produce el tipo de grave riesgo moral criticado por Krugman: si la operación financiera riesgosa resulta el capital financiero gana; si no resulta la población panameña paga.
